“Chile está quebrado”: Las interpretaciones de la narrativa kastiana y la crisis de combustible
Tiempo de lectura aprox: 8 minutos, 33 segundos
Un informe de Rystad Energy revela que si el barril se mantiene en US$ 100, cinco grandes petroleras embolsarían US$ 162.000 millones extra. En Chile, el gobierno decidió no absorber el alza, trasladando el costo a las familias. La declaración de que “Chile está quebrado” —rápidamente retirada— forma parte de una estrategia conocida por los grandes poderes económicos: usar las crisis para imponer reformas que benefician al gran capital, intentando gobernar por decreto en estado de excepción-emergencia, sin consultar ni buscar consensos con la ciudadanía o las cámaras. Mientras tanto, un “progresismo neoliberalizado” se arrima a la defensa del “modelo”.
Por Leopoldo Lavín Mujica
La tesis que incomoda: ¿por qué defender un modelo que manejan a su gusto? Más allá de la coyuntura, lo que está en juego es el tipo de relación que este gobierno quiere establecer con el modelo económico chileno. ¿Busca administrarlo, corregirlo o confrontarlo? Hasta ahora, la señal es contradictoria: una agenda que en lo económico parece ortodoxa, pero una narrativa que tensa sus fundamentos.
Pero el episodio deja una lección más amplia que trasciende al gobierno de Kast. La reacción del establishment económico —defendiendo la credibilidad del modelo frente a la declaración de “quiebra”— pone en evidencia que ese modelo no es un conjunto de reglas objetivas e inmutables, sino un entramado que las derechas y el poder empresarial manejan a su gusto cuándo y cómo les conviene. Lo defendieron cuando se trataba de no tocar las ganancias de las grandes empresas; lo defendieron cuando se trataba de evitar que el Estado interviniera para amortiguar el golpe a las familias; y lo defendieron ahora, cuando una declaración política amenazó con erosionar el activo que les permite seguir acumulando en las cúspides.
La pregunta que debería instalarse en el debate público no es si Kast se equivocó al declarar la quiebra, sino por qué seguimos defendiendo un modelo —el mismo que las derechas y el poder empresarial manejan a su gusto— que, en cada crisis, concentra las ganancias en el 1% más rico (incluidas las grandes petroleras) mientras socializa los costos entre las clases medias y populares. El plan “Chile Sale Adelante” alivia parcialmente a algunos sectores, pero no cuestiona esa estructura de fondo. Con sus medidas focalizadas, el gobierno de Kast intenta mostrar acción sin modificar su convicción ideológica de que el mercado debe regir sin atenuantes. Y cuando intentó llevar esa lógica al extremo de declarar al país “quebrado”, el propio poder económico que se beneficia del sistema le recordó los límites.
La estrategia neoliberal: crear crisis para gobernar por decreto
Cabe repetirlo majaderamente. Lo ocurrido con los combustibles no es un hecho aislado. Responde a una lógica más profunda que ha sido teorizada por diversos pensadores críticos del neoliberalismo. Como ha señalado el historiador Quinn Slobodian en Globalistas (2018), “lejos de descartar al Estado regulador, los neoliberales querían aprovecharlo para su gran proyecto de proteger el capitalismo a escala global”. No se trata de ampliar la libertad de las personas, sino de garantizar la libertad económica del capital. Para ello, utilizan el Estado —como en el caso del gobierno Kast— con dos propósitos simultáneos: atacar los derechos colectivos de los trabajadores y desregular en beneficio de las empresas.
Esta estrategia responde a lo que Naomi Klein, en La doctrina del shock (2007), denomina “capitalismo del desastre”: el aprovechamiento de las crisis —algunas de ellas mediáticamente construidas— para imponer reformas que, en condiciones normales, encontrarían resistencia social. La declaración de que “Chile está quebrado” fue precisamente eso: un intento de instalar la idea de que el país enfrentaba una crisis de “emergencia” de tal magnitud que justificaba no intervenir para aliviar el precio de los combustibles, protegiendo así el equilibrio fiscal mientras las grandes petroleras y el 1% más rico cosechaban ganancias extraordinarias.
Pero la estrategia va más allá del discurso. En momentos de “emergencia” o “crisis”, el gobierno trata de actuar por la vía de decretos y decisiones ejecutivas unilaterales. Esta forma de gobernar evoca la teoría del jurista alemán Carl Schmitt, quien sostenía que, en el estado de excepción, el soberano imponerse por decretos, suspendiendo el orden normativo en nombre de la urgencia. Aunque el gobierno de Kast no ha declarado formalmente un estado de excepción constitucional, su modus operandi —retirar proyectos de ley en trámite, aplicar decretos administrativos con impacto económico sin consulta previa, y construir un relato de emergencia fiscal para justificar medidas que benefician al gran capital— replica esa lógica: gobernar por decreto, sin contrapesos, apelando a una crisis que ellos mismos exacerban.
Como señala la filósofa Barbara Stiegler en Il faut s’adapter (2019), “el neoliberalismo apela a los artificios del Estado (manipula el derecho, la educación y la protección social) para transformar la especie humana (que debe adaptarse) y construir así artificialmente el mercado”. En otras palabras: no existe un mercado “natural” que el Estado deba dejar libre; el mercado es producido por el Estado, y el neoliberalismo lo usa para moldear la sociedad a favor del capital.
Los datos que el gobierno prefiere ignorar: petroleras y 1% se embolsan la crisis
Mientras en Chile se debatía si el país estaba o no “quebrado”, la evidencia internacional mostraba una realidad muy distinta: la crisis energética global se había convertido en una gigantesca transferencia de ingresos desde los consumidores hacia las grandes corporaciones y los estratos más ricos. Un informe de la consultora estadounidense Rystad Energy estima que si el precio del barril de crudo promedia los 100 dólares durante el resto de 2026 —un escenario que los analistas no descartan—, solo cinco de los principales productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos (BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell) generarían ingresos adicionales por 162.000 millones de dólares respecto a un escenario con barril a 70 dólares, el nivel previo al inicio de la guerra contra Irán. Son las mismas que financiaron la elección de D. Trump.
Entre el 1 de enero y el 24 de marzo, el precio del barril Brent se disparó más de un 70%, y en Estados Unidos el precio promedio del galón de gasolina rozó los 4 dólares, cuando un mes antes estaba por debajo de los 3 dólares. La propia Casa Blanca intentó vender el alza como una “buena noticia para la economía” —en un mensaje en X que luego debió matizar—, pero la realidad era otra: una concentración extraordinaria de la riqueza. Un estudio de los economistas Gregor Semieniuk e Isabella Weber documenta que en Estados Unidos el 50% de los beneficios generados por los combustibles fósiles se concentra en el 1% de los hogares más ricos. En el extremo opuesto, el 50% de los ciudadanos con menores ingresos —66 millones de hogares— percibe solo el 1% de esas ganancias. La cúspide es aún más elocuente: el 0,1% más rico (unas 131.000 familias) recibe 26 veces más beneficios que la mitad más pobre del país.
El plan “Chile Sale Adelante”: alivios focalizados sin tocar el corazón del modelo
En Chile, el gobierno de Kast enfrentó la presión social con un paquete de medidas anunciado el 23 de marzo. El plan incluyó el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago y el traspaso de recursos para evitar alzas en regiones; el congelamiento del precio de la parafina durante otoño e invierno junto a un proyecto para ampliar su fondo de estabilización; un bono mensual de $100.000 por hasta seis meses para taxis básicos y colectivos; una línea de crédito preferencial de BancoEstado para la renovación hacia electromovilidad; medidas de seguridad para el transporte de carga; y una suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico para empresas no transportistas.
Pero el gobierno mantuvo la decisión de fondo: no utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para absorber el alza internacional, dejando que el precio de las gasolinas y el diésel reflejara íntegramente la volatilidad externa. La decisión, justificada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una “estrechez fiscal heredada”, implicó que el costo de la crisis recayera directamente sobre los consumidores. Según cifras oficiales, mantener el congelamiento de precios habría tenido un costo proyectado de hasta US$ 4.000 millones. El presidente Kast defendió la estrategia con un discurso de responsabilidad fiscal: “No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos, para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias”. El ministro Quiroz fue más explícito: “No estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la hacienda pública, el dinero de todos los chilenos”.
La ofensiva neoliberal: más allá de los combustibles
La estrategia del gobierno de Kast, sin embargo, no se limita a la crisis de los combustibles. Forma parte de un paquete más amplio de reformas que confirma hacia dónde apunta su proyecto: rebaja la tasa corporativa del 27% al 23%, elimina el impuesto a las ganancias de capital y establece un régimen de repatriación de capitales. Todo ello mientras limita la gratuidad universitaria a menores de 30 años y frena su expansión a nuevos deciles. En paralelo, impulsa reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), reducción de plazos en permisos sectoriales y agilización de concesiones marítimas, bajo la bandera de combatir la “permisología”. Lo que algunos elogian como reducción del Estado es, en los hechos, un traspaso de recursos desde las mayorías hacia el gran capital.
Esta ofensiva se extiende también al ámbito laboral. El gobierno acaba de retirar la ley de negociación ramal, una herramienta clave para que los trabajadores pudieran negociar colectivamente frente a los grandes empleadores. Lejos de ampliar libertades, la medida cercena la libertad sindical y fortalece el poder de la “libre empresa” —es decir, del capital concentrado—. La “virtud” de derogar leyes revela así su lado perverso: desproteger al trabajo en nombre de la “flexibilidad”. Bajo el mismo discurso de “libertad”, el gobierno de Kast recorta derechos de las mujeres —a decidir sobre su cuerpo— y de las minorías. Obstaculiza la ley de aborto en tres causales, desmantela programas de diversidad e inclusión, y promueve una agenda que criminaliza a las organizaciones sociales y a las comunidades que defienden sus territorios. Este componente neoreaccionario —que busca restaurar jerarquías tradicionales de género, familia y autoridad— completa el proyecto: mientras el neoliberalismo desregula los mercados, el conservadurismo regula autoritariamente los cuerpos y las disidencias.
“Chile está quebrado”: la narrativa que activó todas las alarmas
La estrategia comunicacional del gobierno, sin embargo, terminó desbordando el debate económico. Al instalar la idea de que “Chile está en quiebra” para justificar la falta de margen fiscal, el Ejecutivo generó una reacción transversal. Economistas de distintos sectores, centros de estudio, exautoridades y actores del mundo financiero salieron a desmentir el diagnóstico. El propio ministro de Hacienda tuvo que matizar públicamente sus dichos, dejando en evidencia una descoordinación interna poco habitual en un tema tan sensible. Obvio. Decir que un país está “quebrado” equivale a afirmar que no puede cumplir sus obligaciones financieras, es decir, que está al borde del default. Nada de eso ocurre en Chile, donde el riesgo país se mantenía estable y el acceso al crédito no mostraba señales de deterioro.
Pero más allá del error técnico, lo ocurrido reveló una ruptura con el consenso básico que ha sostenido la economía chilena por décadas: la defensa de la estabilidad macroeconómica como activo estratégico. Desde el retorno a la democracia, Chile construyó su reputación internacional sobre tres pilares: responsabilidad fiscal, respeto a las reglas del mercado y previsibilidad institucional. Ese modelo neoliberal permitió al país acceder a financiamiento en condiciones favorables, atraer inversión extranjera y mantener estabilidad en contextos regionales más volátiles. La reacción del establishment económico fue inmediata, no por una defensa del gobierno anterior, sino por la necesidad de proteger ese activo reputacional. Para los mercados, la confianza lo es todo. Y la confianza se construye con consistencia, no con declaraciones contradictorias.
Aunque ellos se conocen. El truco de Kast-Quiroz es peligroso.
El neoliberalismo como horizonte único: el progresismo lo normaliza
Lo ocurrido en estas semanas revela también una problemática política más profunda. El modelo neoliberal chileno, con su lógica de concentración de la riqueza y socialización de las pérdidas, no es sostenido únicamente por la derecha tradicional. También es defendido —a menudo sin advertirlo— por un “progresismo neoliberalizado” que, al creer que la única forma de justificar al gobierno de Boric es manteniendo intactas las reglas fiscales y la ortodoxia económica, termina validando la misma estructura que castiga a las mayorías.
Ese progresismo, atrapado en la ilusión de que se puede administrar el modelo sin transformarlo, acaba normalizando el modelo y siendo funcional a la estrategia de la derecha. Porque cuando el gobierno de Kast declara que “Chile está quebrado” y que no hay margen para intervenir, la respuesta de ciertos sectores que se autodenominan progresistas no es cuestionar el modelo que genera esas restricciones, sino competir por mostrar quién es más responsable fiscalmente. Así, sin proponérselo, legitiman el relato de que no hay alternativas, de que la única política posible es la del ajuste.
Mientras tanto, los grandes poderes económicos observan con satisfacción. Saben que la narrativa de la crisis —aunque sea exagerada— les sirve para profundizar las reformas que benefician al capital concentrado: rebajas tributarias, desregulación ambiental, flexibilización laboral y debilitamiento de la negociación colectiva. Y saben también que cuentan con un arco político que va desde la derecha hasta un sector del progresismo que, por temor a una supuesta “irresponsabilidad”, prefiere no cuestionar el orden establecido.
Porque defender el modelo es defender la desigualdad y el poder de la oligarquía empresarial
La crisis de los combustibles ha dejado al descubierto una estructura que se repite cada vez que ocurre un shock externo: las ganancias se privatizan y los costos se socializan. Los datos de Rystad Energy y el estudio de Semieniuk y Weber no son excepciones, sino la regla de un sistema diseñado para concentrar la riqueza en la cúspide. En Chile, la decisión de no intervenir sobre los precios internos no fue una fatalidad, sino una opción política. El gobierno de Kast contaba con herramientas —el MEPCO, subsidios focalizados, mecanismos tributarios— para amortiguar el impacto en las familias. Optó por no usarlas, priorizando la estabilidad fiscal por sobre el alivio a los sectores medios y populares. Y cuando intentó llevar esa lógica al extremo de declarar al país “quebrado”, el propio poder económico que se beneficia del sistema le recordó los límites.
La pregunta que atraviesa este episodio es simple: ¿por qué seguir defendiendo un modelo que, en cada crisis, demuestra que concentra las ganancias en el 1% más rico mientras socializa los costos entre las clases medias y populares? La evidencia internacional es contundente: el alza de los combustibles no es un fenómeno natural inevitable, sino un negocio extraordinario para las petroleras y los inversionistas más ricos. En Chile, la decisión de no intervenir sobre los precios internos ha sido una opción política que castiga con mayor dureza a quienes menos tienen.
Defender un modelo que las derechas y el poder empresarial manejan a su gusto —y que reacciona ferozmente cuando alguien amenaza con deslegitimarlo— no es defender la estabilidad, es defender la desigualdad. Y mientras un sector del progresismo siga creyendo que justificar al gobierno de Boric pasa por no tocar las reglas del neoliberalismo, seguirá siendo funcional a un proyecto que, como ha quedado en evidencia con la crisis de los combustibles, solo beneficia a los de siempre.
Leopoldo Lavín
