Crimen organizado, Estado lento: la advertencia del Fiscal Valencia y el deterioro institucional en Chile

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La reciente declaración del fiscal nacional Ángel Valencia es, probablemente, una de las más contundentes —y preocupantes— que se han escuchado desde la institucionalidad chilena en los últimos años. Lejos de los eufemismos técnicos o las frases diseñadas para calmar los ánimos, Valencia reconoció en una entrevista en radio Pauta, sin rodeos, que en Chile operan redes del crimen organizado transnacional con actividad permanente y con niveles inéditos de violencia.

No es una novedad para quienes han seguido el devenir de las últimas semanas. La liberación “por error” de un sicario vinculado al asesinato del empresario conocido como el “Rey de Meiggs” —quien además logró salir del país por la frontera norte sin dejar rastro—, sumada a los escándalos que involucran a funcionarios del Ejército y de la Fuerza Aérea en el narcotráfico, ya adelantaban una verdad incómoda: el crimen organizado ya no es una amenaza latente, sino una estructura incrustada en la vida institucional y social del país.

Lo que Valencia ha explicitado ahora —quizás porque el escándalo ha dejado de ser controlable— es que no estamos frente a bandas ocasionales ni a delitos aislados. Se trata de organizaciones policriminales que actúan con sofisticación, disciplina operativa y cobertura regional. Que trafican drogas, armas, personas. Que asesinan. Que lavan dinero. Que se infiltran. Y que operan dentro del territorio nacional como si se tratara de su plaza estable de negocios.

Pero tal vez lo más inquietante de las palabras del Fiscal Nacional no es lo que denuncia sobre el crimen organizado, sino lo que revela sobre el Estado. Porque, como bien dijo, mientras los ciudadanos ya han comenzado a modificar sus rutinas para protegerse, las instituciones han tardado en reaccionar. Y algunas, simplemente, no han reaccionado.

¿Cómo entender que un sicario preso bajo medida cautelar por un crimen de alta connotación pública haya sido liberado mediante una orden judicial supuestamente válida, pese a que portaba una identidad falsa y tenía alerta de detención? ¿Cómo explicar que semanas antes cinco funcionarios de la Fuerza Aérea hayan sido detenidos por trasladar ketamina en vuelos institucionales desde Iquique a Santiago? ¿Cómo procesar que efectivos del Ejército utilizaran sus grados, vehículos oficiales y redes internas para movilizar cargamentos de cocaína en camionetas mimetizadas como autos oficiales?

Lo que emerge es una imagen demoledora: el Estado chileno, o al menos una parte significativa de su institucionalidad, no está preparado para enfrentar el tipo de crimen que hoy lo desafía. Y lo peor: se encuentra, en varias zonas, comprometido, infiltrado o paralizado.

Ante esto, no sorprende que el fiscal Valencia compare la situación continental con un «espacio Schengen de facto», donde las fronteras no existen para las mafias. Pero lo realmente grave es que Chile, que durante décadas creyó que su geografía era su mejor defensa, dijo Valencia, ha resultado ser un país con fronteras porosas, registros migratorios precarios y sistemas de control inadecuados.

Todo esto debería llevar a una respuesta sistémica, transversal y profunda. Pero en lugar de eso, lo que abunda son los fuegos de artificio. Llamados efectistas a convocar al Consejo de Seguridad Nacional, como los promovidos por la derecha y la candidata Evelyn Matthei, buscan más generar titulares que soluciones. Del mismo modo que el propio Poder Judicial se encierra en tecnicismos y el Congreso discute si avanzar o no en medidas tan básicas como levantar el secreto bancario para perseguir el dinero narco.

No es casual que desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, voces como las de Jeannette Jara o Vlado Mirosevic insistan en que sin levantar el secreto bancario, sin fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, sin romper las barreras que protegen a evasores y lavadores, no hay ninguna posibilidad real de frenar al crimen organizado.

Chile enfrenta hoy una amenaza que no puede ser respondida con discursos grandilocuentes ni con cumbres simbólicas. Requiere inteligencia criminal, colaboración real entre instituciones, legislación moderna y voluntad política. Pero sobre todo, requiere reconstruir una institucionalidad que ha comenzado a fracturarse, no por falta de diagnósticos, sino por ausencia de decisión.

Y como bien dijo el fiscal Valencia, todo lo que está ocurriendo no necesita explicaciones rebuscadas. Basta con aplicar el sentido común. Y ese, lamentablemente, escasea donde más se lo necesita.

Por Simón del Valle

Simón del Valle

Periodista