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Ingresos, pobreza y desigualdad: la radiografía de un Chile partido en dos

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La fotografía estadística que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el 11 de agosto de 2025, correspondiente a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, vuelve a dejar en evidencia una realidad persistente: Chile es un país profundamente desigual, donde la mayoría de las y los trabajadores perciben ingresos que apenas alcanzan para sostener una vida digna.

El dato más contundente es que la mitad de las personas ocupadas en el país percibieron ingresos menores o iguales a $611.162 líquidos mensuales. Es decir, uno de cada dos trabajadores vive con menos de 612 mil pesos al mes, en un país con un costo de vida que no ha dejado de escalar. El ingreso promedio —$897.019— tampoco es mucho mejor si se considera que el 68,3% de la población ocupada recibe menos de esa cifra.

Desigualdad de género y concentración de ingresos

El informe detalla que la brecha de género sigue siendo un lastre estructural. Mientras los hombres perciben en promedio $1.001.510, las mujeres reciben $756.715, lo que representa una diferencia de -24,4% en desmedro de ellas. La mediana de ingresos femeninos —$555.362— revela que más de la mitad de las trabajadoras vive con poco más de medio millón de pesos al mes.




Por tramos, un 15% de las personas ocupadas se concentra en el rango de $500.000 a $600.000, mientras que apenas un 3,3% de la fuerza laboral supera los $3 millones mensuales. Esta estrecha cúspide salarial contrasta con la base amplia de trabajadores que, incluso con empleo formal, permanecen muy cerca de la línea de pobreza.

Educación y ocupación: los techos invisibles

El nivel educativo es otro factor determinante. Quienes cuentan con solo educación secundaria —el grupo mayoritario, con un 40,6%— tienen ingresos medios de $642.688 y medianos de $548.666. En el otro extremo, las personas con estudios de postgrado superan los $2,3 millones mensuales en promedio.

La segmentación por tipo de ocupación también desnuda las desigualdades. Los directores, gerentes y administradores —un 4,7% del total— tienen ingresos medianos de $2 millones. En contraste, los trabajadores de servicios y comercio, que son el 20,8% de la población ocupada, apenas llegan a $500.000 de ingreso mediano.

Regiones: la desigualdad territorial

La brecha no es solo social o de género, sino también geográfica. Las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta lideran los ingresos medios, todas por sobre el millón de pesos, pero incluso ahí la desigualdad interna es evidente. En Magallanes, por ejemplo, el ingreso mediano es de $795.579, muy por encima del promedio nacional, pero igualmente distante de los sueldos más altos.

Ingresos, riqueza y pobreza: la otra cara de la estadística

La ESI mide ingresos laborales, pero no capta toda la magnitud de la desigualdad chilena. Cuando estos datos se cruzan con la distribución de la riqueza —altamente concentrada en el 1% más rico— y con la nueva metodología de medición de la pobreza publicada este año, el panorama es más crudo. Bajo este nuevo cálculo, más del 20% de la población vive en situación de pobreza, lo que confirma que el crecimiento económico y la expansión del empleo no han logrado traducirse en bienestar equitativo.

En otras palabras, tener trabajo en Chile no garantiza salir de la pobreza. Los datos muestran que amplios sectores de trabajadores y trabajadoras sobreviven con ingresos que apenas cubren gastos básicos como arriendo, alimentación y transporte, sin margen para el ahorro o la inversión en educación y salud.

Una economía que reproduce desigualdad

El país mantiene una estructura productiva y un mercado laboral que perpetúan la desigualdad. Las remuneraciones más altas se concentran en un pequeño segmento profesional y directivo, vinculado a actividades de alta rentabilidad y capital intensivo, mientras la mayoría de la población se emplea en servicios de baja calificación y escasa protección laboral.

El resultado es un sistema donde la movilidad social es excepcional y la herencia económica y educativa de origen sigue marcando las oportunidades futuras. La persistencia de la brecha salarial de género y las diferencias regionales son síntomas de un problema más profundo: la incapacidad del modelo de desarrollo chileno para distribuir de manera justa los frutos de su economía.

Más allá de los números: urgencia de reformas

Los datos del INE no son meras cifras para especialistas, sino un llamado urgente a revisar las políticas de salarios, protección social y redistribución de la riqueza. Reformar el sistema tributario para gravar más a las rentas altas, fortalecer la negociación colectiva y mejorar el salario mínimo son medidas discutidas hace años, pero aún insuficientemente aplicadas.

En un país donde el 3,3% de los ocupados gana más de $3 millones y el 50% menos de $612 mil, hablar de igualdad de oportunidades sin abordar la desigualdad estructural es poco más que un ejercicio retórico. La realidad estadística revela lo que millones de hogares ya saben: que en Chile, la promesa de movilidad social sigue siendo, para la mayoría, una promesa incumplida.

Simón del Valle



Periodista

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