Expertos de la ONU denuncian que sanciones de EE. UU. contra funcionarios de la CPI socavan la justicia internacional
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Una nueva ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos jueces y dos fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) representa un ataque directo a la independencia del tribunal y un golpe devastador para las víctimas de crímenes internacionales, advirtieron este jueves expertos de las Naciones Unidas.
“Es alarmante ver a un país mostrar una hostilidad tan persistente hacia las acciones legales y pacíficas de un tribunal independiente creado por la comunidad internacional”, señalaron los expertos en un comunicado conjunto.
Las sanciones, anunciadas el 20 de agosto por el Secretario de Estado estadounidense, se suman a medidas similares aplicadas en junio contra cuatro jueces de la CPI y anteriormente contra el Fiscal General del tribunal. Según Washington, las medidas buscan frenar los “esfuerzos malignos” de la CPI por investigar presuntos crímenes cometidos por Israel y Estados Unidos, incluyendo las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como la investigación sobre la situación en Afganistán.
“Sancionar a jueces y fiscales de la CPI sabotea la lucha contra la impunidad y demuestra al mundo que es el poder, no la justicia, quien impera ante las atrocidades”, afirmaron los expertos.
La Corte Penal Internacional tiene el mandato de investigar y enjuiciar a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los expertos subrayaron que los profesionales del derecho que trabajan en la CPI desempeñan un papel esencial en la rendición de cuentas de los autores de los peores crímenes contra la humanidad, y que deben estar protegidos de represalias.
“Las normas internacionales establecen que los abogados y el personal judicial deben poder ejercer sus funciones sin intimidación, obstáculos, acoso ni interferencias indebidas. No deben ser objeto de enjuiciamiento ni sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por cumplir con sus deberes profesionales”, añadieron.
Los expertos instaron al gobierno de Estados Unidos a revocar las sanciones y a defender el Estado de derecho y la independencia judicial. También hicieron un llamado a todos los Estados para que respeten la autonomía de la CPI y protejan la imparcialidad de sus funcionarios.
Asimismo, solicitaron a la Unión Europea y a la Comisión Europea que apliquen el Reglamento (CE) n.º 2271/96, conocido como Estatuto de Bloqueo, para proteger a los funcionarios de la CPI frente a represalias ilegales.
Los expertos han contactado formalmente al gobierno estadounidense para expresar sus preocupaciones.
Expertos firmantes del comunicado:
- Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
- Alena Douhan, Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos
- Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
- George Katrougalos, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
- Richard Bennett, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán
- Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto
- Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias
Los expertos forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Actúan a título individual, de forma voluntaria y sin percibir salario. No representan oficialmente a la ONU ni a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
