Andrés Giordano: “El estallido social no es historia cerrada, es una herida abierta que aún interpela a Chile”

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Barista, dirigente sindical y hoy diputado del Distrito 9, Andrés Giordano lleva al Congreso la experiencia de haber enfrentado a una multinacional desde la organización colectiva. Fundador del primer sindicato de Starbucks en el mundo, su trayectoria lo ha marcado con la convicción de que los derechos laborales son el cimiento de cualquier democracia real. En conversación con El Clarín, reflexiona sobre sus aprendizajes, los proyectos de ley que impulsa, la relación entre sindicatos y política institucional, y el ciclo electoral que se abre en el norte de Santiago tras la exclusión de Daniel Jadue. También advierte: a seis años de la revuelta de 2019, las causas del estallido siguen vivas en la vida cotidiana de millones de chilenos.

¿Qué aprendizajes personales y sindicales llevaste al Congreso?

De mi época como barista y dirigente sindical me llevé la certeza de que los derechos laborales no son un lujo ni un capricho, sino un piso mínimo para la democracia. Conocí en carne propia lo difícil que es enfrentar a una multinacional con recursos infinitos, que prefiere pagar multas antes que reconocer la organización de sus trabajadores. Esa experiencia me enseñó que detrás de cada conflicto no hay cifras abstractas, sino personas de carne y hueso con familias, sueños y miedos.

Ese aprendizaje me acompaña en el Congreso: me recuerda que las leyes que discutimos tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de trabajadores y trabajadoras. Por eso pongo siempre en el centro la seguridad laboral, los salarios, la protección frente a despidos arbitrarios y la necesidad de fortalecer la libertad sindical. Aprendí a negociar, a construir colectivamente y, sobre todo, a mantener la convicción de que la política debe estar siempre al servicio de las personas.

Fuiste fundador del primer sindicato de Starbucks en el mundo. ¿Qué significó esa experiencia en tu vida y en tu visión política?

Fundar el sindicato de Starbucks fue un punto de quiebre personal y político. Fue demostrar que, aunque parezca imposible, sí se puede incidir y desafiar a los poderosos desde la colectividad. En ese proceso entendí que un grupo de trabajadores organizados en Chile podía marcar la pauta incluso a nivel internacional.

Esa experiencia forjó mi visión política: me enseñó que la organización colectiva es la única forma real de enfrentar la precariedad y la desigualdad, y que los cambios estructurales no ocurren por concesión de las empresas, sino por la fuerza de los trabajadores. Desde entonces he defendido la idea de que las personas que sostienen la economía deben estar al centro de las decisiones del país.

¿Cuáles son los proyectos de ley más relevantes que has impulsado y que hoy marcan tu agenda legislativa?

Uno de los más relevantes es el proyecto “Que el Trabajo No Cueste la Vida”. Hoy muchas empresas prefieren pagar multas bajas antes que invertir en seguridad laboral, lo que genera una forma de impunidad inaceptable. Con esta iniciativa buscamos terminar con esa lógica, estableciendo sanciones proporcionales a la facturación de las empresas y penas de cárcel para gerentes en casos donde se arriesgue la vida de los trabajadores.

Además, hemos impulsado proyectos para limitar el abuso de la causal de despido por “necesidades de la empresa”, que este año ha aumentado notablemente, y para establecer mecanismos que permitan reajustar los sueldos cuando suben los precios, protegiendo el poder adquisitivo. Y también presentamos un proyecto que suspende la dieta parlamentaria en caso de desafuero, porque no corresponde que un diputado que no puede ejercer su labor reciba un sueldo pagado con los impuestos de todos.

Has trabajado en temas de salud laboral y también en regulación de la inteligencia artificial. ¿Qué rol debería jugar Chile frente a la transformación digital?

La transformación digital puede ser una herramienta formidable para el bienestar y la productividad, pero también puede convertirse en una máquina de exclusión y precarización si dejamos que avance sin regulación. Chile no puede limitarse a ser espectador o consumidor de tecnología: debe asumir un rol activo, regulando para que la automatización complemente y no reemplace el trabajo humano.

Eso implica un Estado presente que acompañe la reconversión laboral, pero también trabajadores empoderados y organizaciones fuertes que participen en esas decisiones. Sin sindicatos robustos ni negociación sectorial, el costo humano de la transformación tecnológica será altísimo. No se trata de una agenda del pasado, sino de una necesidad imperiosa en el presente.

En materia previsional has dicho que no apoyarás una reforma sin separar el negocio de las AFP. ¿Por qué es tan central para ti esa definición?

Porque las AFP concentran un poder económico y político desmedido. Administran fondos que equivalen al 65% del PIB, y con ese volumen de recursos influyen en directorios de empresas, financian campañas políticas y bloquean regulaciones que afectan su negocio. Ese poder no les pertenece: son ahorros de los trabajadores.

Separar la administración de cuentas de la gestión de inversiones no solo permitiría mayor competencia y menores comisiones, sino que también significaría democratizar un sistema capturado por un oligopolio. Para mí es una línea roja: no habrá reforma previsional profunda mientras los intereses de las AFP sigan por delante de los derechos de los trabajadores

Presidiste la comisión investigadora del caso Kayser. ¿Qué reveló esa experiencia sobre la justicia y el rol del Estado en el estallido social?

Fue una experiencia dura y esclarecedora. La comisión demostró que la desconfianza de la ciudadanía estaba justificada: hubo negligencias graves en la investigación del incendio. Se perdió evidencia clave, se hicieron exhumaciones con bolsas de basura, autopsias con diagnósticos contradictorios y se trató de saqueadores a los fallecidos sin pruebas, mientras la empresa cobraba seguros millonarios.

Nuestro trabajo fue visibilizar que el Estado falló y que no todos reciben el mismo trato. No es lo mismo ser una familia de Renca que una de Vitacura. Logramos recomendaciones importantes: reforzar la cadena de custodia, aplicar estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota, garantizar un trato digno a las víctimas y sus familias. Y, sobre todo, insistir en la necesidad de verdad, justicia y reparación para Julián Pérez, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Luis Salas y Manuel Muga

¿Cómo evalúas la relación actual entre movimientos sociales, sindicatos y el Congreso?

Los movimientos sociales y sindicatos son trascendentales para la democracia porque han levantado las principales demandas de las últimas décadas: pensiones dignas, educación gratuita, derecho a la salud. El Congreso tiene un margen de acción, pero ese margen se amplía o se estrecha según la fuerza de la organización social.

Hoy existe desencanto de muchos sectores con la política institucional, pero ese desencuentro se puede superar mostrando que lo que se conquista en la calle puede transformarse en ley en el Congreso. Yo mismo soy producto de esa articulación: si nunca hubiéramos organizado un sindicato en Starbucks, probablemente hoy no estaría acá.

Te presentas a la reelección en el Distrito 9. ¿Qué objetivos concretos tienes para un segundo período parlamentario?

En estos cuatro años impulsamos avances relevantes: salario mínimo histórico, jornada de 40 horas, pasos en la reforma previsional y proyectos de ética pública. Para un segundo período mi compromiso es profundizar esa agenda, pero también enfocarme en tres urgencias: seguridad, costo de la vida y acceso a la salud.

Quiero seguir trabajando con cercanía, manteniendo el contacto directo con Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí y Huechuraba. La representación no se construye solo en Valparaíso: se construye escuchando y resolviendo los problemas en los barrios. Esa es la forma en que entiendo mi rol como diputado: estar disponible, ser un puente entre la gente y las instituciones, y poner todo mi esfuerzo en que la política contribuya a mejorar la vida de las personas. Lo hago con mucho rigor, vocación y responsabilidad.

¿Cómo interpretas el escenario electoral en tu distrito, marcado por la exclusión de Daniel Jadue y la reconfiguración de las candidaturas?

La exclusión de un candidato cambia la competencia, pero lo esencial no cambia: lo que está en juego es quién responde a las necesidades de las y los habitantes del sector norte de Santiago. La derecha ha puesto especial atención en este territorio, trayendo candidatos que normalmente compiten en comunas más cómodas como Vitacura o Las Condes. Eso nos obliga a reforzar nuestra propuesta en seguridad, derechos sociales y alivio al costo de la vida, pero también a advertir algo fundamental: quien no es parte de un territorio no puede comprender sus demandas, simplemente porque nunca las ha vivido. Ese no es mi caso. Yo no vengo de privilegios: soy usuario de los servicios públicos desde que tengo memoria.

Lo importante no son las contingencias judiciales de una persona, sino que las vecinas y vecinos tengan representantes serios y comprometidos. El escenario es abierto y competitivo, pero confiamos en que la ciudadanía distingue quién ha estado trabajando en el territorio y quién aparece solo en campaña.

Este octubre se cumplen seis años del estallido social. ¿Crees que ese ciclo ya es parte de la historia social chilena o las demandas y el sentimiento que lo originaron siguen presentes hoy?

El estallido social no es un episodio cerrado. Fue un punto de inflexión que mostró el hastío frente a un sistema que precariza y margina. Sus causas —desigualdad, pensiones miserables, salarios insuficientes, servicios básicos inaccesibles— siguen presentes en la vida cotidiana de millones de personas.

Hoy esas demandas conviven con nuevas preocupaciones como la seguridad, pero mientras no haya justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y no se resuelvan las deudas estructurales, el estallido seguirá interpelando al Congreso y al Estado. No es solo historia: es una herida abierta y una exigencia vigente de cambios profundos. El desafío es continuar forjando transformaciones y consolidar los avances que hemos impulsado en este Gobierno.

Paul Walder

Paul Walder

Periodista