La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal en tiempos de retroceso humanitario
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Del 1 al 5 de diciembre de 2025, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, se celebra la Vigésimo Segunda Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Bajo la presidencia de la embajadora japonesa Tomiko Ichikawa, el encuentro se abre con un mensaje del Secretario General de la ONU, António Guterres, y con la intervención de Izumi Nakamitsu, Alta Representante para Asuntos de Desarme.
Más allá de la solemnidad diplomática, esta reunión se inscribe en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y retrocesos normativos. Por primera vez desde la adopción del Tratado de Ottawa en 1997, algunos Estados han anunciado su retiro o la suspensión unilateral de sus obligaciones. Este gesto, que rompe con el consenso humanitario construido durante casi tres décadas, revela la fragilidad de los compromisos internacionales en un escenario de proliferación de conflictos armados y de creciente desconfianza hacia el multilateralismo.
El Plan de Acción de Siem-Reap Angkor: promesas y límites
Los Estados Parte revisan la implementación del Plan de Acción de Siem-Reap Angkor, adoptado en Camboya en 2024. Este plan busca acelerar la universalización del tratado, fortalecer la asistencia a víctimas y garantizar la destrucción de minas en áreas contaminadas. Sin embargo, los informes preliminares muestran que la falta de financiamiento sostenible y la debilidad de las capacidades nacionales amenazan con convertir estas promesas en meras declaraciones de intención.
Entre la ética y la gestión
La Convención no solo enfrenta el desafío técnico del desminado, sino también el dilema político de cómo sostener un compromiso ético en tiempos de austeridad y de gestión neoliberal de lo público. La asistencia a víctimas, la rehabilitación y la reintegración social requieren recursos, pero también voluntad política. En muchos países, los programas de apoyo se ven subordinados a indicadores de eficiencia y a presupuestos restrictivos, reproduciendo desigualdades y dejando a comunidades enteras en la precariedad.
Voces desde la sociedad civil
En paralelo al encuentro oficial, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL), junto con organizaciones como Humanity and Inclusion y Norwegian People’s Aid, organiza la exposición “Upholding the Mine Ban Convention: a shared responsibility to eradicate mines and empower lives”. Fotografías de Siria y Ucrania, testimonios de sobrevivientes y demostraciones de desminado recuerdan que detrás de cada debate diplomático hay vidas mutiladas, territorios fragmentados y comunidades que luchan por reconstruirse.
Un tratado en disputa
La reunión de Ginebra pone de relieve una paradoja: mientras la Convención ha logrado reducir significativamente el uso de minas antipersonal en el mundo, las guerras contemporáneas —de Ucrania a Medio Oriente— muestran su persistente utilización como arma de control territorial y de terror contra civiles. La retirada de algunos Estados y la suspensión de obligaciones por parte de otros cuestionan la universalidad del tratado y abren la puerta a un debilitamiento de las normas humanitarias internacionales.
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal fue concebida como un símbolo de esperanza: demostrar que la comunidad internacional podía prohibir un arma inhumana y avanzar hacia un desarme humanitario. Veintiocho años después, la reunión de Ginebra nos recuerda que los tratados no son inmunes a las lógicas de poder y que su vigencia depende de la capacidad de los Estados y de la sociedad civil de defenderlos frente a la erosión política y financiera.
Ginebra, el 3 de diciembre de 2025
Elena Rusca
