Neutralidad selectiva y crisis de legitimidad: la Unión Europea frente al Sahara Occidental
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La UE enfrenta una crisis de legitimidad al mantener acuerdos con Marruecos que vulneran fallos judiciales y derechos del pueblo saharaui. La conferencia en Bruselas denunció violaciones, crisis humanitaria y represión, exigiendo coherencia europea y respeto al derecho internacional.
El 10 de diciembre de 2025, Día Internacional de los Derechos Humanos, Bruselas fue escenario de una conferencia de alto nivel que puso en evidencia las tensiones entre la política comercial de la Unión Europea y el proceso de paz liderado por Naciones Unidas en el Sahara Occidental. Bajo el título «El acuerdo comercial UE‑Marruecos y el futuro del proceso de paz en el Sahara Occidental», el encuentro marcó la conclusión política de la 49ª conferencia de la EUCOCO, celebrada en París, y envió un mensaje contundente: no puede haber paz ni legitimidad institucional si se ignoran los derechos fundamentales del pueblo saharaui.
La recepción oficial de una delegación del Frente Polisario en el Parlamento Europeo, por parte del intergrupo «Paz para el pueblo saharaui», encabezado por Andreas Schieder y Ana Miranda Paz, simbolizó la urgencia de situar la cuestión saharaui en el centro de la agenda europea. En un contexto de creciente desconfianza hacia el multilateralismo, la decisión del Parlamento fue interpretada como un gesto político fuerte, aunque insuficiente frente a la magnitud de las violaciones denunciadas.
El derecho internacional como frontera política
Los participantes recordaron los fallos de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) del 4 de octubre de 2024, que establecen de manera inequívoca que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sahara Occidental sin el consentimiento libre y auténtico del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.
La insistencia en estos fallos revela una paradoja: mientras la UE se presenta como defensora del derecho internacional, continúa avalando prácticas que lo socavan. La explotación económica de los recursos saharauis —fosfatos, pesca, energías renovables— mediante acuerdos que ignoran las decisiones judiciales no solo vulnera la legalidad, sino que erosiona la credibilidad de la propia Unión. En palabras de los organizadores, se trata de una «contradicción estructural» que debilita el proceso de paz conducido por la ONU y refuerza la percepción de una Europa más preocupada por sus intereses comerciales que por la justicia internacional.
Derechos humanos en los territorios ocupados
La delegación saharaui puso especial énfasis en la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Se denunciaron arrestos arbitrarios, represión de militantes pacíficos, violaciones sistemáticas de la libertad de expresión y reunión, así como el hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas.
Estas prácticas, documentadas por organizaciones internacionales, muestran que la ocupación marroquí no es solo un problema de soberanía, sino un régimen de control que limita la vida cotidiana de miles de personas. La ausencia de mecanismos internacionales de vigilancia en el terreno agrava la impunidad y convierte al Sahara Occidental en un espacio de excepción jurídica. La UE, al mantener acuerdos con Marruecos sin exigir garantías, se convierte en cómplice indirecta de estas violaciones.
La urgencia humanitaria en Tinduf
El comunicado también subrayó la crisis humanitaria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Tras cincuenta años de exilio forzado, la reducción del 30% de la ayuda europea (de 9 a 6 millones de euros) ha intensificado la inseguridad alimentaria, el acceso limitado a la salud y la vulnerabilidad frente a condiciones climáticas extremas.
La instrumentalización de la ayuda humanitaria, denunciada por los participantes, refleja una lógica de castigo colectivo. En lugar de reconocer la responsabilidad histórica y jurídica de Europa, se recorta el apoyo a una población que depende casi exclusivamente de la solidaridad internacional. La paradoja es evidente: mientras la UE invierte en acuerdos comerciales que benefician a Marruecos, reduce la asistencia a quienes sufren las consecuencias directas de la ocupación.
Prisioneros políticos y confianza en el proceso de paz
La liberación de los prisioneros políticos saharauis detenidos en cárceles marroquíes fue presentada como condición indispensable para reconstruir la confianza en el proceso de paz. Los testimonios sobre juicios injustos, torturas y condiciones de detención inhumanas revelan un patrón sistemático de represión.
La exigencia de liberación no es solo un gesto humanitario, sino un acto político: sin garantías mínimas de respeto a los derechos humanos, cualquier negociación se convierte en un simulacro. La UE, al ignorar esta dimensión, corre el riesgo de legitimar un proceso vacío, incapaz de ofrecer una solución justa y duradera.
Europa entre la legalidad y la realpolitik
El mensaje final de la conferencia fue claro: «No puede haber paz duradera, ni asociación creíble, ni acuerdo comercial legal sin respeto a los derechos fundamentales del pueblo saharaui, al derecho internacional y a las decisiones de las jurisdicciones europeas».
Este llamado pone en evidencia la tensión estructural de la política europea: entre la defensa declarada de los derechos humanos y la lógica de la realpolitik que privilegia la estabilidad con Marruecos como socio estratégico. La supresión de la carta de acreditación del DFAE para periodistas extranjeros, denunciada días antes por la APES, refuerza la percepción de una Europa que restringe voces críticas y reduce espacios de pluralidad.
Una democracia sin testigos
La manifestación frente al Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), con cientos de personas reclamando respeto a los derechos fundamentales del pueblo saharaui, fue el epílogo de una jornada que recordó que la democracia no se mide solo por la ausencia de censura, sino por la posibilidad de ejercer el periodismo y la crítica sin obstáculos administrativos ni represalias políticas.
La pregunta que queda abierta es inquietante: ¿puede Europa seguir presentándose como garante de derechos y mediadora internacional mientras ignora las voces saharauis y recorta la ayuda humanitaria? La respuesta, más que jurídica, es política. Y en ella se juega no solo el futuro del Sahara Occidental, sino la credibilidad misma de la Unión Europea como actor global.
El comunicado de Bruselas, transformado en análisis, revela un escenario de crisis de legitimidad. La UE se enfrenta a una disyuntiva: persistir en acuerdos que vulneran el derecho internacional y profundizan la ocupación, o asumir su responsabilidad histórica y política en la búsqueda de una solución justa.
El pueblo saharaui, tras medio siglo de resistencia y exilio, sigue esperando que las palabras de Europa se conviertan en actos. Mientras tanto, la neutralidad selectiva y la reducción de la ayuda humanitaria muestran que la distancia entre los discursos y las prácticas es cada vez más difícil de ocultar.
