Perú ante el abismo jurídico: la “ley de impunidad”, el fallo del Tribunal Constitucional y la crisis estructural del Estado de derecho
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La ONU alerta sobre el grave retroceso que supone el fallo del Tribunal Constitucional peruano que valida la “ley de impunidad”, permitiendo la prescripción de crímenes de lesa humanidad. El caso Castillo evidencia una crisis más amplia del Estado de derecho en Perú.
El 19 de diciembre de 2025, un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresó una preocupación inusual pero contundente: el Tribunal Constitucional del Perú había ratificado la constitucionalidad de la Ley 32107, conocida por amplios sectores de la sociedad civil como la “ley de impunidad”. Esta norma permite aplicar la prescripción a crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la ratificación del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
El pronunciamiento de la ONU no fue un gesto aislado. Representó la culminación de años de advertencias sobre el deterioro del Estado de derecho en Perú, un país donde la crisis política, la inestabilidad institucional y la instrumentalización del sistema judicial han configurado un escenario de profunda fragilidad democrática. El fallo del Tribunal Constitucional, lejos de ser un episodio técnico, se inscribe en una tendencia más amplia: la erosión de los mecanismos de rendición de cuentas y la consolidación de un clima de impunidad que afecta tanto a las víctimas de crímenes históricos como a actores políticos contemporáneos.
Un retroceso jurídico con implicaciones internacionales
Los expertos de la ONU fueron categóricos: permitir la prescripción de crímenes de lesa humanidad constituye un “peligroso retroceso”. En derecho internacional, estos delitos son imprescriptibles, independientemente de la fecha de ratificación de los tratados. La imprescriptibilidad no es una opción política, sino una norma imperativa (jus cogens) que obliga a todos los Estados.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, argumentó que los tratados no eran autoejecutables debido a una declaración interpretativa y que los principios de legalidad e irretroactividad impedían aplicar estándares internacionales a hechos anteriores. Esta interpretación, según los expertos, desconoce la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos, que establece obligaciones previas y superiores a la legislación interna.
La decisión también ordenó anular fallos judiciales que habían declarado inconstitucional la ley, lo que, según la ONU, “socava la independencia judicial” y expone a jueces y fiscales a represalias. En un país donde operadores de justicia han sido históricamente perseguidos por investigar violaciones graves —desde el conflicto armado interno hasta casos de corrupción contemporánea—, esta advertencia adquiere un peso particular.
Impunidad estructural: un patrón que se repite
El Perú arrastra una larga historia de impunidad vinculada a violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980–2000). Las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas y masacres perpetradas por agentes del Estado y por grupos armados no estatales han sido objeto de investigaciones fragmentadas, lentas y frecuentemente obstaculizadas.
La “ley de impunidad” se inserta en este contexto. Su aprobación y posterior ratificación por el Tribunal Constitucional no solo afecta a casos históricos, sino que envía un mensaje político claro: la justicia puede ser moldeada según intereses coyunturales.
Los expertos de la ONU recordaron que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana ya habían advertido al Perú sobre la ilegalidad de esta norma. El incumplimiento de estas decisiones coloca al país en una situación de abierta contradicción con sus obligaciones internacionales.
La crisis política contemporánea: el caso de Pedro Castillo
El deterioro del Estado de derecho no se limita al ámbito de los crímenes históricos. La situación del expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre de 2022, es un ejemplo de cómo la justicia peruana se ha convertido en un terreno de disputa política.
Castillo fue destituido tras anunciar la disolución del Congreso en un contexto de bloqueo institucional extremo. Desde entonces, permanece en prisión preventiva prolongada, una medida que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, juristas y observadores internacionales.
Diversos informes han señalado que su detención presenta elementos de desproporcionalidad, ausencia de garantías procesales y motivaciones políticas. La prisión preventiva, concebida como medida excepcional, se ha convertido en Perú en un mecanismo recurrente para neutralizar adversarios políticos, especialmente en contextos de polarización.
La situación de Castillo no puede analizarse de manera aislada: forma parte de un patrón más amplio de judicialización de la política y politización de la justicia. En este sentido, la advertencia de la ONU sobre el riesgo de represalias contra operadores judiciales adquiere una dimensión adicional: un sistema judicial presionado desde múltiples frentes difícilmente puede garantizar procesos imparciales.
Un Tribunal Constitucional en crisis de legitimidad
El Tribunal Constitucional peruano ha sido objeto de controversias recurrentes en los últimos años. Su composición, resultado de negociaciones políticas opacas en el Congreso, ha generado dudas sobre su independencia.
El fallo sobre la “ley de impunidad” refuerza esta percepción. La decisión mayoritaria de cuatro magistrados contrasta con la opinión de expertos nacionales e internacionales, así como con estándares consolidados del derecho internacional.
La anulación de decisiones judiciales previas, ordenada por el propio Tribunal, constituye un precedente preocupante: implica una intervención directa en procesos en curso y debilita la autonomía del Poder Judicial. En un país donde la separación de poderes ha sido históricamente frágil, este tipo de decisiones profundiza la crisis institucional.
El impacto sobre las víctimas y la memoria
Para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, el fallo representa un golpe devastador. La imprescriptibilidad no es un tecnicismo jurídico: es una garantía fundamental para quienes han esperado décadas por justicia.
La aplicación de la prescripción implica cerrar la puerta a procesos que, en muchos casos, apenas comenzaban a avanzar. También envía un mensaje simbólico: el sufrimiento de las víctimas puede ser subordinado a intereses políticos o interpretaciones restrictivas del derecho.
En un país donde la memoria del conflicto armado sigue siendo objeto de disputa, la decisión del Tribunal Constitucional amenaza con reescribir la historia desde una perspectiva que favorece la impunidad.
Perú ante la comunidad internacional
El pronunciamiento de la ONU coloca al Perú bajo un escrutinio internacional renovado. La contradicción entre las obligaciones internacionales del Estado y las decisiones de sus instituciones internas genera un escenario de tensión diplomática y jurídica.
El país podría enfrentar nuevas sentencias de la Corte Interamericana, así como un deterioro de su imagen internacional en materia de derechos humanos. La falta de armonización entre la legislación interna y los estándares internacionales no solo afecta a las víctimas, sino que debilita la posición del Perú en foros multilaterales.
Un país en una encrucijada
El fallo del Tribunal Constitucional sobre la “ley de impunidad” y la situación del expresidente Pedro Castillo son dos caras de una misma crisis: la erosión del Estado de derecho y la instrumentalización de la justicia.
La advertencia de la ONU es clara: la justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada. Pero en el Perú actual, la justicia no solo llega tarde; llega condicionada, fragmentada y, en ocasiones, subordinada a intereses políticos.
El país enfrenta una encrucijada histórica. Puede persistir en un camino que normaliza la impunidad y debilita sus instituciones, o puede asumir sus obligaciones internacionales y reconstruir un sistema judicial capaz de garantizar derechos, verdad y reparación.
Mientras tanto, las víctimas del pasado y los actores políticos del presente siguen esperando que la justicia deje de ser un instrumento de poder y se convierta, finalmente, en un pilar de la democracia.
