La fabricación del “enemigo interno”: el Partido Comunista en la mira del nuevo ciclo político
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La reacción de la derecha ante la reciente declaración del Comité Central del Partido Comunista de Chile no puede leerse como una controversia coyuntural ni como un intercambio normal de opiniones políticas. Lo que está en curso es algo más profundo y conocido en la historia chilena: la construcción deliberada de un enemigo interno que permita ordenar el nuevo ciclo político bajo un esquema de confrontación y control social, incluso antes de que el presidente electo José Antonio Kast asuma formalmente el poder.
La declaración del PC —que pone el acento en la reconstrucción del trabajo de masas, el fortalecimiento del sindicalismo, de las organizaciones territoriales y comunitarias, y en la necesidad de convertir el capital electoral obtenido en fuerza social organizada— fue rápidamente reinterpretada por sectores de la derecha como una “amenaza”, una señal de desestabilización o un anuncio velado de conflictividad. No es una lectura ingenua: es una operación política consciente.
Una polémica construida desde arriba
Figuras de la derecha tradicional y de la ultraderecha han salido casi en bloque a cuestionar el llamado del PC, presentándolo como un intento de “presionar al gobierno entrante” o de “alterar el orden democrático”. El mensaje es claro: toda organización social que no se limite a la institucionalidad parlamentaria será vista como sospechosa. La movilización, en esta narrativa, deja de ser un derecho democrático para convertirse en una amenaza al orden.
Este encuadre no apunta solo al Partido Comunista como organización, sino a lo que este representa históricamente: el vínculo entre política y mundo popular, entre partidos y movimiento social. Al convertir esa relación en algo problemático, la derecha busca deslegitimar de antemano cualquier resistencia social a un programa que ya anuncia recortes fiscales, regresiones laborales y una profundización del modelo neoliberal.
La respuesta de Cuello: democracia no es silencio social
En este escenario, la respuesta del diputado Luis Cuello resulta especialmente relevante. Cuello ha sido claro en señalar que el llamado del PC no es ni ilegal ni antidemocrático, sino una expresión legítima de derechos básicos en cualquier democracia: organizarse, deliberar colectivamente y movilizarse en defensa de intereses sociales.
Su planteamiento desmonta el núcleo de la operación discursiva de la derecha. No se trata de desconocer los resultados electorales ni de desestabilizar al futuro gobierno, sino de no aceptar una democracia reducida al voto cada cuatro años, donde el pueblo queda relegado al rol de espectador pasivo mientras se toman decisiones que afectan directamente sus condiciones de vida.
Cuello pone el foco donde la derecha no quiere que se mire: si la movilización social es presentada como amenaza, entonces lo que se busca no es proteger la democracia, sino vaciarla de contenido popular.
El trasfondo: preparar el terreno para el conflicto
La construcción del PC como enemigo interno cumple una función estratégica. Permite anticipar y justificar un eventual endurecimiento del aparato represivo frente a protestas sociales futuras. No es casual que este debate emerja cuando ya se anuncia un recorte fiscal de miles de millones de dólares, flexibilización laboral y una política migratoria de corte punitivo.
En ese contexto, toda resistencia organizada puede ser presentada como obra de un “actor radical” que no acepta las reglas del juego. Así, la derecha no solo neutraliza políticamente a un adversario histórico, sino que intenta disciplinar preventivamente al conjunto del campo social.
Un eco inquietante del pasado
Para la izquierda chilena, esta dinámica no es nueva. La historia del país está marcada por momentos en que la estigmatización del comunismo sirvió para legitimar la exclusión, la persecución y, finalmente, la violencia política. Sin caer en analogías mecánicas, resulta inquietante que, a pocos días de la elección, reaparezca una lógica binaria que divide el país entre “orden” y “amenaza”.
La diferencia es que hoy esta narrativa se construye bajo el lenguaje de la institucionalidad, el respeto formal a la democracia y la defensa del Estado de derecho. Pero el efecto puede ser el mismo: restringir el campo de lo políticamente aceptable y empujar a la marginalidad a quienes planteen una oposición social organizada.
El dilema de la oposición progresista
Este escenario también interpela al resto del progresismo. Mientras desde el Socialismo Democrático llaman a la cautela y a una oposición “responsable”, el riesgo es aceptar implícitamente el marco impuesto por la derecha: que la movilización social es un problema y que la política debe limitarse al Congreso. La presión que ejerce en estos momentos la derecha sobre la futura oposición apunta también a su fragmentación. Una presión que es posible con el gran poder de sus medios de comunicación.
El planteamiento del PC, más allá de simpatías o diferencias, pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo se enfrenta un gobierno de ultraderecha sin base social organizada? La experiencia reciente del progresismo institucional sugiere que la pura gestión parlamentaria no basta. Es más, en estas condiciones es inútil.
Más allá del PC: lo que realmente está en disputa
En rigor, la ofensiva discursiva contra el Partido Comunista no busca solo aislar a ese partido. Busca deslegitimar cualquier intento de reconstruir tejido social, de articular demandas colectivas y de disputar el sentido común dominante. Por eso, lo que está en juego excede al PC: se trata del lugar del pueblo organizado en la democracia chilena.
Como advierte Cuello, aceptar sin más esta lógica sería renunciar a una dimensión esencial de la política democrática. En ese sentido, la polémica no es artificial: artificial es el intento de convertir la organización social en sinónimo de amenaza.
Lo que viene no será solo una disputa entre partidos, sino una lucha por definir qué tipo de democracia tendrá Chile en el nuevo ciclo: una democracia administrada desde arriba o una donde la sociedad organizada siga siendo un actor legítimo. En esa disputa, la figura del “enemigo interno” no es un exceso retórico, sino una señal de advertencia.
Paul Walder
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
