El déficit como coartada: Jorge Quiroz y otra vez el libreto del ajuste

Las recientes declaraciones del economista Jorge Quiroz sobre el déficit fiscal no son un simple ejercicio técnico ni una advertencia neutral. Son, más bien, el primer acto de una obra conocida: la instalación del relato que busca naturalizar una política de ajuste, recortes y contracción del gasto público bajo el nuevo ciclo político que se abre con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

En Chile, el déficit fiscal nunca es solo un número. Es un argumento político. Y Quiroz lo sabe.

El economista del orden

Jorge Quiroz, como otros economistas neoliberales,  ha adoptado una figura habitual cuando el poder económico necesita voceros con credenciales “técnicas” para decir lo que la política no se atreve a formular de manera directa. Desde hace décadas, el rol  de estos economistas oficiantes del modelo de mercado ha sido el de advertir, alarmar y presionar en nombre de la disciplina fiscal, siempre desde una premisa inamovible: el gasto público es el problema y el Estado debe achicarse.

Hoy, el conocido diagnóstico vuelve a escena con fuerza. Déficit “grave”, gasto “insostenible”, riesgos para la credibilidad y para la clasificación de riesgo. El libreto está completo. No hay sorpresa. Lo novedoso no es el contenido, sino el momento y el contexto en que se instala.

El déficit como antesala del recorte

Las advertencias de Quiroz aparecen justo cuando comienza a delinearse la política fiscal del próximo gobierno. No es casual. La insistencia en el déficit cumple una función clara: preparar el terreno para justificar decisiones que, de otro modo, serían políticamente impopulares.

Recortes al gasto social, freno a nuevas políticas públicas, revisión de programas estatales, congelamiento de salarios en el sector público y reducción del rol del Estado. Todo eso necesita una narrativa que lo haga parecer inevitable. El déficit cumple ese papel a la perfección.

En este marco, el déficit deja de ser un problema a resolver colectivamente y se convierte en una coartada para desmantelar derechos.

Lo que el relato oculta

El discurso de Quiroz tiene un punto ciego estructural. Nunca se pregunta quién paga el ajuste. Tampoco problematiza las causas profundas del desequilibrio fiscal ni las alternativas posibles para enfrentarlo.

No hay una sola palabra sobre evasión y elusión tributaria, que siguen drenando miles de millones al fisco. No hay cuestionamiento a los privilegios tributarios de los grandes grupos económicos. No hay reflexión sobre un sistema impositivo regresivo que recauda poco de quienes más tienen. El déficit está muy vinculado a estas actividades de elusión pero Quiroz, que ha sido asesor y gurú tributario de estos grandes grupos, elude y evade el tema.

El ajuste, en su visión, siempre debe recaer sobre el gasto. Y cuando se habla de gasto, en la práctica, se habla de salud, educación, cuidados, vivienda y seguridad social.

Técnica sin política: una ficción conveniente

Quiroz presenta sus números como si fueran verdades incontestables, ajenas a cualquier marco ideológico. Pero la economía no es una ciencia neutra cuando se discute el destino de los recursos públicos. Cada decisión fiscal implica una opción política.

Reducir el déficit recortando gasto social no es una obligación técnica: es una elección. Una elección que privilegia la estabilidad de los mercados por sobre la estabilidad social, que protege rentabilidades privadas mientras exige sacrificios a trabajadores y sectores medios.

La “responsabilidad fiscal” invocada selectivamente se transforma así en una ética asimétrica: estricta con el Estado social, indulgente con el poder económico.

El déficit y el programa de Kast

No es difícil ver la sintonía entre el discurso de Quiroz y el programa del gobierno entrante. La promesa de reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos a las empresas y restringir el gasto público necesita de un diagnóstico previo que declare el modelo actual inviable.

Ahí aparece el economista como figura clave. No para debatir alternativas, sino para cerrar el marco de lo posible. Si el déficit es el enemigo, toda expansión social se vuelve irresponsable. Si el gasto es el problema, cualquier demanda ciudadana pasa a ser un exceso.

El resultado es una política fiscal que no discute prioridades, solo impone límites.

Ajuste y memoria reciente

Chile ya conoce este camino. Las políticas de ajuste, aplicadas en nombre de la disciplina fiscal, han dejado huellas profundas: precarización, desigualdad, endeudamiento de los hogares y un malestar social que estalló en 2019.

Ignorar esa experiencia y volver a presentar el recorte como solución técnica es no haber aprendido nada. O peor aún, haber aprendido demasiado bien cómo administrar el descontento sin modificar el modelo.

El déficit, en este sentido, no es solo un problema contable: es un campo de disputa política y social.

Lo que no se discute

Mientras se agita el fantasma del déficit, quedan fuera del debate preguntas fundamentales: ¿qué Estado necesita Chile?, ¿qué nivel de protección social es compatible con una democracia estable?, ¿quién debe financiar ese Estado?, ¿qué se entiende por desarrollo?

El discurso de Quiroz clausura esas preguntas antes de que se formulen. Reduce el debate a una ecuación contable y despolitiza decisiones que afectan la vida de millones.

El ajuste como destino impuesto

Presentar el ajuste como inevitable es, en sí mismo, una operación política. Es decirle a la sociedad que no hay alternativas, que el sacrificio es el único camino y que cualquier resistencia es irresponsable.

Pero las alternativas existen. Lo que falta no es técnica, sino voluntad política para enfrentar intereses poderosos y redistribuir cargas de manera justa.

Más allá de los números

El déficit fiscal puede y debe discutirse. Pero no como dogma, ni como amenaza, ni como excusa para desmontar derechos. Convertirlo en el eje exclusivo del debate económico es una forma de empobrecer la política y reducir la democracia.

Las declaraciones de Jorge Quiroz no anuncian solo un ajuste presupuestario. Anuncian una disputa mayor: quién define las prioridades del país y a favor de quién se gobierna.

Y esa disputa, a diferencia de los balances contables, no se resuelve con cifras, sino con política, memoria y organización social.