Perú: cuando la justicia retrocede y la impunidad se vuelve doctrina de Estado
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La decisión del Tribunal Constitucional peruano de anular la condena del exgeneral Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos no es un episodio aislado. Es el síntoma más reciente de un proceso más profundo: el desmantelamiento progresivo de los frágiles avances logrados en materia de justicia transicional desde el fin del conflicto armado interno. En un país donde la memoria sigue siendo un campo de batalla, la sentencia del 6 de febrero de 2026 reabre heridas que nunca terminaron de cerrar.
El asesinato de Bustíos, cometido en 1988 en plena guerra interna, había sido reconocido por los tribunales peruanos como un crimen cometido en el contexto de violaciones graves de derechos humanos. La condena de Urresti en 2023 —confirmada por la Corte Suprema en 2024— había sido celebrada como un hito: un recordatorio de que incluso los altos mandos militares podían rendir cuentas. Pero la excarcelación ordenada por el Tribunal Constitucional, ejecutada el 3 de marzo de 2026, revierte ese mensaje y reinstala una vieja lógica: la de la impunidad como mecanismo de gobernabilidad.
La reinterpretación del pasado como arma política
El argumento central del Tribunal Constitucional —la prescripción del delito— desconoce principios básicos del derecho internacional. Para los expertos de la ONU, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no es una opción interpretativa: es una norma perentoria, inderogable, que ningún Estado puede ignorar. Perú ratificó el Estatuto de Roma en 2001, pero la obligación de investigar y sancionar estos crímenes existe desde mucho antes, al menos desde la Convención de 1968.
La sentencia, sin embargo, se inscribe en una tendencia más amplia: la relectura del conflicto armado desde una narrativa que busca rehabilitar la figura de las Fuerzas Armadas y deslegitimar los esfuerzos de verdad y justicia. En los últimos años, sectores políticos y mediáticos han impulsado la idea de que los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos son “persecuciones ideológicas”, y que los militares actuaron en defensa de la patria frente al terrorismo. La decisión del Tribunal Constitucional parece alinearse con esa visión.
La presión sobre jueces y fiscales: un síntoma inquietante
Las personas expertas de la ONU expresan preocupación por las presiones ejercidas sobre operadores de justicia para aplicar la prescripción a crímenes cometidos antes de 2002. No es la primera vez que ocurre. En Perú, la independencia judicial ha sido históricamente frágil, y los casos vinculados a violaciones de derechos humanos suelen convertirse en escenarios de disputa entre poderes fácticos, intereses corporativos y agendas políticas.
La advertencia de los expertos es clara: la interferencia en estos procesos no solo vulnera la independencia judicial, sino que coloca al Estado peruano en incumplimiento directo de sus obligaciones internacionales. La justicia transicional no puede funcionar si quienes deben aplicarla son objeto de intimidación o presión.
Un retroceso con consecuencias estructurales
La excarcelación de Urresti envía un mensaje devastador a las víctimas y a sus familias: que la justicia puede ser revertida, que las sentencias pueden ser anuladas, que la verdad puede ser reescrita. Pero también tiene implicaciones más amplias:
- Debilita la legitimidad del sistema judicial, ya erosionado por escándalos de corrupción y crisis institucionales.
- Refuerza la impunidad estructural, especialmente en casos que involucran a fuerzas de seguridad.
- Desincentiva la denuncia y la búsqueda de justicia, al mostrar que incluso las condenas firmes pueden ser anuladas.
- Reinstala la doctrina del “enemigo interno”, que justificó décadas de violencia estatal.
En un país donde más de 20.000 personas fueron desaparecidas y donde la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos, este retroceso no es menor: es un golpe directo al corazón del proceso de memoria, verdad y justicia.
El lugar del periodismo en la memoria colectiva
El caso de Hugo Bustíos tiene un peso simbólico particular. No solo fue asesinado mientras investigaba violaciones de derechos humanos: su muerte se convirtió en un emblema de la violencia contra la prensa durante el conflicto. La anulación de la condena de su asesino no solo afecta a su familia, sino a toda una generación de periodistas que arriesgaron —y perdieron— la vida documentando la guerra interna.
La sentencia del Tribunal Constitucional reabre la pregunta sobre el lugar del periodismo en la democracia peruana: ¿es posible investigar al poder cuando el poder reescribe la historia judicial a su conveniencia?
Un país atrapado entre la memoria y el olvido
Perú vive hoy una tensión permanente entre quienes buscan consolidar una memoria crítica del conflicto y quienes intentan reinstalar una narrativa de “pacificación” que exonera al Estado de responsabilidad. La decisión sobre Urresti se inscribe en este segundo proyecto: uno que busca cerrar el capítulo del conflicto armado sin justicia, sin verdad y sin reparación.
Pero la memoria no desaparece por decreto. Las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los propios expertos internacionales recuerdan que la lucha contra la impunidad es larga, y que cada retroceso puede ser contestado.
La pregunta que queda abierta es si el Estado peruano está dispuesto a asumir sus obligaciones internacionales o si, por el contrario, seguirá retrocediendo hacia un pasado donde la violencia estatal quedaba impune y la justicia era un privilegio, no un derecho.
