Fenadaj ante escándalo por licencias médicas: “La mala praxis no puede manchar el trabajo de los servidores públicos”
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En medio del impacto generado por el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas entre 2023 y 2024, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj) alzó la voz. La organización gremial, que representa a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), expresó una firme condena al uso fraudulento del beneficio, pero también advirtió sobre el riesgo de generalizar responsabilidades y dañar la imagen del funcionariado público.
“Exigimos la mayor rigurosidad en la investigación y en la aplicación de sanciones a los responsables”, señala el comunicado difundido por Fenadaj a través de sus canales oficiales. Sin embargo, junto con esa demanda, enfatizan que esta denuncia “no debe enlodar el trabajo ejecutado a diario por las trabajadoras y trabajadores del Estado”.
La declaración gremial se produce en un contexto especialmente sensible: las y los funcionarios de las CAJs cumplen ya casi 60 días de paro indefinido, iniciado el 2 de abril, en demanda de mayor financiamiento para poder ejercer adecuadamente sus funciones en defensa del acceso a la justicia de las personas más vulnerables. En ese marco, Fenadaj advirtió que toda acción o discurso que apunte en un sentido contrario al fortalecimiento del trabajo público “admite nuestro mayor repudio”.
La organización, además, fue enfática en rechazar “cualquier utilización política de una situación que, si bien es de extrema gravedad, no representa el espíritu que guía la labor de la mayoría de quienes integran las distintas reparticiones públicas”.
Con esta declaración, Fenadaj se suma al conjunto de voces que piden sanciones ejemplares ante los casos de fraude con licencias médicas, pero también pone sobre la mesa la necesidad de cuidar la legitimidad del trabajo estatal y no alimentar discursos que debiliten el rol del sector público en la protección de derechos y el bien común
