La crisis por las rebajas de condenas a violadores de derechos humanos y condenados por delitos sexuales se traslada al Congreso. La oposición exige la salida del ministro Fernando Rabat y anuncia que dejará de reconocerlo como interlocutor político. Mientras José Antonio Kast mantiene su respaldo al secretario de Estado, La Moneda busca asegurar los votos de sus propios
