Piden prisión preventiva para exintendenta de Piñera y su administrador regional por millonario fraude del “Papaya Gate”
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La justicia comenzó a avanzar este lunes en uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción en la región de Coquimbo: el denominado “Papaya Gate”. En el Juzgado de Garantía de La Serena se inició la audiencia de formalización contra la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y varios empresarios, acusados de participar en la compra fraudulenta de terrenos a un sobreprecio millonario durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Durante la primera jornada de formalización, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) expusieron detalladamente los antecedentes que, según sostienen, demostrarían la responsabilidad penal de los exfuncionarios y empresarios involucrados. Según lo presentado, en 2019 se concretó la compra de una serie de lotes en el sector oriente de La Serena por cerca de 10 mil millones de pesos, pese a que las tasaciones disponibles indicaban un valor real que no superaba los 4 mil millones.
El senador por la región, Daniel Núñez (PC), quien también actúa como querellante, fue enfático al calificar los hechos como “un fraude al fisco con nombre y apellido”. “Lucía Pinto y José Cáceres ejecutaron esta compra con pleno conocimiento del sobreprecio. Se pagaron más de 3 mil millones adicionales con recursos públicos y además ocultaron la operación de la fiscalización de Contraloría”, afirmó el parlamentario.
Núñez expresó su respaldo a la solicitud del CDE de decretar prisión preventiva para Pinto, Cáceres y el empresario Pablo Bracchitta. “Este es un caso emblemático de corrupción y debe haber una señal clara: no más impunidad en la región de Coquimbo”, declaró.
Por su parte, el abogado del CDE, Javier Rojas, argumentó que los imputados representan “un peligro para la seguridad de la sociedad”, considerando que el delito de fraude al fisco que se les imputa contempla una pena que parte en cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. “Desde el inicio hubo una decisión consciente de pagar un sobreprecio. Los acusados sabían que el valor real de los terrenos era mucho menor al finalmente pagado”, afirmó Rojas.
La resolución del tribunal sobre la solicitud de prisión preventiva se conocerá este martes, en una audiencia clave que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en la administración pública regional. A casi cinco años de los hechos, el “Papaya Gate” sigue generando repercusiones políticas y judiciales, y amenaza con transformarse en el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Coquimbo.
