Diputado Joaquín Lavín León enfrenta querella del CDE y riesgo de desafuero por presunta malversación de fondos públicos
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El diputado de la UDI Joaquín Lavín León se encuentra en una delicada situación judicial, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella en su contra por presunta malversación de caudales públicos. La acción fue ingresada este jueves ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y se suma a una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, que evalúa solicitar su desafuero para continuar con las diligencias penales.
El caso se remonta a una serie de facturas ideológicamente falsas que el legislador habría presentado para justificar gastos ante el Congreso Nacional. Según el libelo del CDE, dichas boletas correspondían a servicios que nunca se realizaron y que habrían sido utilizados para acceder indebidamente a recursos fiscales.
Entre las empresas involucradas figura MMG Producciones, una imprenta que acompañó a Lavín desde sus años como promotor de fiestas, cuando confeccionaban flyers discotequeros, hasta convertirse —según los antecedentes de la causa— en un proveedor clave en el financiamiento, presuntamente irregular, de campañas vinculadas a la UDI. El dueño de la imprenta, interrogado por la fiscalía, fue categórico: “Puedo decir con certeza que los trabajos indicados en la glosa no existieron, no se hizo lo que se indica en la glosa, sino que era un abono a deuda de otras cosas que ellos me mandaban a hacer”.
La investigación ya llevó a allanamientos en octubre pasado al domicilio del parlamentario, así como a sus oficinas distritales y del Congreso, donde se incautaron teléfonos, computadores y cajas con documentos. El propio Lavín ya prestó declaración ante el Ministerio Público, mientras se indagan eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.
La querella patrocinada por el abogado del CDE, Marcelo Chandía Peña, incluye además a Arnaldo Domínguez Vallejos, asesor del parlamentario; Juan Alberto Silva Morales y Felipe Vásquez Diéguez, este último un exasesor que habría creado una plataforma digital facturada también al Congreso por servicios que no se habrían materializado.
El caso tiene vínculos con otra investigación de alto perfil: la que involucra a la exalcaldesa de Maipú y esposa del diputado, Cathy Barriga, quien enfrenta cargos similares por uso irregular de recursos públicos. De hecho, en marzo pasado, la propia Municipalidad de Maipú se querelló contra Lavín y Domínguez, lo que dio mayor impulso a la línea investigativa de la fiscalía.
Con su fuero parlamentario aún vigente, el Ministerio Público evalúa ahora solicitar el desafuero de Lavín León, lo que, de concretarse, abriría la puerta para su formalización y eventual enjuiciamiento. La situación no solo tensiona al interior del Congreso, sino también al entorno más próximo del legislador, donde las conexiones personales, políticas y empresariales comienzan a entrelazarse peligrosamente.
