“Narcomilitares”: prisión preventiva para uniformados y una señal de alerta institucional
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La detención y formalización de siete militares del Ejército de Chile, junto a una civil, por delitos ligados al narcotráfico y asociación ilícita, ha remecido al país y puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de las instituciones armadas frente al crimen organizado. Los imputados, en su mayoría integrantes de la II Brigada Acorazada “Cazadores” de Iquique, fueron enviados a prisión preventiva tras una audiencia reservada realizada este jueves en el Juzgado de Garantía de Iquique.
La investigación, liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a Carabineros a través de su sección OS7, logró establecer una red articulada para el transporte de drogas desde la frontera con Bolivia hacia la zona central del país. Los hoy exuniformados utilizaban vehículos adaptados con compartimentos secretos para trasladar cocaína y pasta base, totalizando un decomiso de 192 kilos de droga, avaluados en más de tres millones de dólares.
El caso, denominado por medios y autoridades como el de los “narcomilitares”, ha sido calificado por el Gobierno como uno de los hechos más graves en materia de seguridad pública en los últimos años. La gravedad no reside sólo en la cantidad de droga incautada, sino en el nivel de infiltración del narcotráfico en una institución jerarquizada como el Ejército.
“La penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas marca una línea roja que no podemos permitir que se cruce”, declaró el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. “Cuando se compromete una institución armada en materia de narcotráfico, y no se actúa a tiempo, los hechos se vuelven irreversibles para el país”.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló que la operación policial fue posible gracias a una denuncia interna del propio Ejército, hecho que fue valorado como señal de que ciertos mecanismos de control institucional aún operan. Sin embargo, la existencia de una red de narcotráfico compuesta por militares en ejercicio plantea preguntas inquietantes sobre el grado de control, supervisión y ética dentro de las filas.
Medidas internas y visita inspectiva
El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, se trasladó este jueves hasta la unidad militar donde prestaban servicios los imputados, en una visita inspectiva anunciada tras sostener una reunión con las otras ramas de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. La cita sirvió para coordinar nuevas medidas de seguridad y revisar los protocolos internos con el objetivo de prevenir futuras infiltraciones criminales.
Mientras los siete exmilitares permanecerán recluidos en recintos del Ejército, la imputada civil lo hará en una cárcel común. La causa fue declarada reservada para proteger el avance de las diligencias investigativas.
¿Un punto de inflexión?
La detención de estos uniformados no solo sacude a las Fuerzas Armadas, sino que también sacude al sistema político. Para el Gobierno, el caso marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. “Toda la evidencia comparada demuestra que cuando las organizaciones criminales tienen la capacidad de penetrar instituciones armadas, estamos ante una amenaza estructural al Estado”, advirtió el ministro Cordero.
En paralelo, esta semana también se conoció la desarticulación de un brazo financiero del cartel venezolano Tren de Aragua, que lavó más de 13 millones de dólares mediante criptomonedas. Ambos casos reavivaron el debate sobre el levantamiento del secreto bancario, una medida que permitiría seguir la ruta del dinero en operaciones criminales complejas.
Desde La Moneda, la vocera subrogante Aisén Etcheverry afirmó que estos operativos son prueba de que el Estado “aún puede reaccionar con eficacia”, y reiteró el llamado a aprobar reformas legales que fortalezcan las capacidades investigativas del Ministerio Público y las policías.
Una disyuntiva política y ética
Lo ocurrido deja al descubierto un dilema central: o se avanza hacia un marco legal que permita enfrentar con decisión al crimen organizado —incluyendo el rastreo financiero—, o se corre el riesgo de que estas redes continúen su expansión desde las sombras. No se trata solo de un problema policial o judicial: lo que está en juego es la integridad de las instituciones y la estabilidad democrática del país.
La infiltración del narcotráfico en el Ejército chileno ya no es una hipótesis lejana. Es una realidad que exige respuestas institucionales claras, firmes y sin ambigüedades.
