Diputadas denuncian difusión de discursos de odio y llaman al CNTV a fiscalizar a los medios
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 32 segundos
La denuncia de dos diputadas contra la difusión de discursos de odio en programas de televisión y plataformas digitales ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación en Chile. Claudia Mix (Frente Amplio) y Lorena Pizarro (Partido Comunista) presentaron este lunes dos denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), argumentando que ciertos comentarios recientes de parlamentarios de derecha no solo son inaceptables, sino que constituyen una amenaza directa a la democracia y una violación a la Ley de Seguridad del Estado.
“Los discursos de odio no pueden ser difundidos por los medios de comunicación, incluyendo redes sociales, porque atentan gravemente contra la estabilidad democrática”, afirmó Mix al salir del CNTV. En su denuncia, la diputada apuntó a declaraciones de Johannes Kaiser y Cristián Labbé, quienes en distintos programas online insinuaron la necesidad de repetir acciones como las que marcaron la dictadura militar para “sacar al comunismo”.
Las declaraciones que encendieron las alarmas
La primera denuncia presentada se refiere al programa De Frente, emitido el 3 de julio por el canal de YouTube de Meganoticias y conducido por Tomás Mosciatti. En esa transmisión, el diputado Kaiser sostuvo abiertamente la posibilidad de proscribir al Partido Comunista y “repetir un nuevo golpe de Estado, con todas sus consecuencias”.
“Estas declaraciones relativizan hechos de extrema gravedad en la historia de nuestro país. En Chile no puede haber espacio para la justificación de golpes de Estado ni para la normalización de violaciones a los derechos humanos. Nuestro compromiso debe ser intransable con la democracia, la memoria, la verdad y la justicia”, advirtió Mix, visiblemente preocupada.
La segunda denuncia apunta al programa Agricultura TV, emitido el 30 de junio también en YouTube, en el que el diputado Labbé, en conversación con Mauro Novoa sobre las primarias presidenciales, afirmó: “Chile ya sacó al comunismo una vez; si es necesario, hay que hacerlo de nuevo. El comunismo es retroceso.”
Para Lorena Pizarro, estas palabras no son meras provocaciones. “No podemos normalizar lo dicho por estos personajes adictos a la muerte, porque han demostrado que están dispuestos a hacerlo realmente: lo vivimos con nuestros miles de asesinados, torturados y desaparecidos. Ya lo hicieron y lo volverían a hacer”, declaró.
Pizarro, hija y nuera de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, subrayó que los medios tienen la obligación ética y legal de no amplificar este tipo de discursos. “Los medios de comunicación deben tener un papel de responsabilidad, porque no pueden estar difundiendo mensajes que llaman a asesinar a compatriotas”, insistió.
El marco legal y el papel del CNTV
Las diputadas fundamentan su acción en la Ley N° 20.377, que modifica la Ley N° 18.838 sobre el CNTV, la cual establece que los medios deben respetar y promover la dignidad humana, evitando la difusión de contenidos que inciten al odio o la violencia. Según el artículo 28 de esta normativa, el Consejo tiene la facultad de fiscalizar y sancionar a los medios que incumplan estos principios.
Asimismo, la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo recalca la responsabilidad de los medios de comunicación en la protección de derechos y garantías constitucionales. Este marco busca un delicado equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos, en un país con cicatrices aún abiertas tras 17 años de dictadura.
“Pensamos que este tipo de discursos, cargados de odio y amenazas veladas, no pueden seguir siendo transmitidos ni amplificados por los medios de comunicación ni sus redes sociales, más grave aún cuando provienen de autoridades públicas”, reiteró Claudia Mix.
Un llamado de atención a los medios
La denuncia de Mix y Pizarro pone en cuestión el papel de los medios en la construcción del debate público. ¿Hasta qué punto es libertad de expresión y cuándo se convierte en complicidad con discursos que promueven violencia política?
El CNTV deberá pronunciarse sobre estas denuncias y eventualmente iniciar procesos sancionatorios si determina que los programas cuestionados vulneraron la ley. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el caso revela una tensión de fondo en la sociedad chilena: la persistencia de sectores que no solo niegan las violaciones a los derechos humanos del pasado, sino que amenazan con repetirlas.
En un país donde la memoria sigue siendo un terreno de disputa, las palabras importan. La difusión de mensajes que reivindican la violencia política no solo es un riesgo legal para los medios, sino una amenaza directa a la convivencia democrática. Como lo recordó Lorena Pizarro: “Ya lo hicieron una vez. Y si no los frenamos, pueden hacerlo de nuevo.”
