Éramos más pobres de lo que pensábamos
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Las categorías e indicadores económicos se usan corrientemente como fríos e imparciales testigos del estado de una economía o incluso de un país, pero no siempre se sabe a ciencia cierta que es exactamente lo que dichas cifras y porcentajes dicen y que es lo que callan. Así, por ejemplo, se habla del PIB, o de la tasa de crecimiento de los precios, o de la tasa de desocupación, o de la tasa de interés, o del déficit de la balanza de pagos, sin que se sepa mucho, por el común de los chilenos de a pie, cual es el contenido exacto de dichas categorías económicas, ni sobre cómo se llega a esas cifras que se publican periódicamente.
Ante esa situación puede suceder que cada uno crea una cosa diferente sobre el significado de aquellas categorías, y haga fe de que todas las instituciones encargadas de la recolección y construcción de dichas estadísticas lo han hecho lo mejor que se puede.
Sin embargo, con respecto a algunas categorías económicas puede haber debate sobre su contenido exacto y se puede llegar a conclusiones diferentes sobre ello, en diferentes momentos de la historia. También hay debates sobre como recolectar o levantar los antecedentes concretos que posteriormente se consolidan en un número o un porcentaje determinado. Y si cambia el contenido conceptual de un indicador y/o la forma de recolectar la información de base, ese indicador pasa a significar cosas distintas que antes, aun cuando conserve el mismo nombre de siempre.
Algo así parece haber sucedido con el índice de pobreza, que se definía y se sigue definiendo como la cantidad de personas o de familias que están por bajo un determinado nivel de ingreso, denominada línea de pobreza, que corresponde con el precio de una determinada canasta de bienes y servicios que permite a los individuos un consumo de 2.000 calorías o más al día. Si la canasta de bienes que se necesitan para lograr ese objetivo se modifica – agregando, por ejemplo, nuevos bienes de consumo – o se modifica la forma de calcular el precio de cada una de esas mercancías – usando más intensivamente los precios de mercado – el resultado final necesariamente se modifica. Y una comisión asesora presidencial que estudió este asunto llegó recientemente a la conclusión, todavía no oficial, de que las metodologías más adecuadas para medir la pobreza llevaban a que ésta debería tener un valor de 22.3 %, y no el mero 6.5 % de la medición de 2022 que todavía se tomaba como válida.
La línea de pobreza para mayo de este año se establecía que era de 69.620 pesos por persona al mes. Eso implica que una familia de cuatro personas debe tener un ingreso superior a los 278.480 pesos mensuales para estar fuera de la línea de pobreza, para estar, por lo tanto, oficialmente reconocida como no pobre, y pasar a formar parte de la clase media. Si esa familia gana 300 mil pesos al mes, deja de ser pobre, aun cuando nadie sepa cómo se las arregla, con nivel de ingreso, para dar a su familia un consumo de 2.000 calorías al día.
Tenemos, por lo tanto, realmente, un nivel de pobreza de 22.3 % y no lo sabíamos. Nos sentíamos felices y contentos con la idea de que casi no teníamos pobreza y que estábamos a las puertas del pleno desarrollo. Pero esa pobreza existe como una dura y terrible realidad. Se trata de una pobreza subterránea, casi invisible, que corre por las entrañas profundas de la sociedad chilena con dignidad y con grandes limitaciones y vulnerabilidades, que no tiene voz ni representantes en los grandes debates nacionales y que no tienen ni santo que la proteja. Un 22.3 % de pobres implica que casi uno de cada cinco chilenos lo son. Eso explica los 2.4 millones de personas que trabajan en el sector informal, los 900 mil desocupados, los 300 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y los miles de mujeres que no pueden salir al mercado del trabajo. Ojalá que esa cruda realidad que hoy se devela ante los ojos de toda la sociedad chilena, nos lleve a preocuparnos de ella, sobre todo en esta época en que ya se abrió la temporada de debates y programas gubernamentales.
Sergio Arancibia
Felipe Portales says:
¡Las denuncias respecto de las falsificaciones de los datos de la CASEN sobre desigualdad en nuestro país vienen desde la década del 90! Sobre todo las efectuadas por Marcel Claude y Juan Pablo Moreno. Otra cosa es que el conjunto de los medios de comunicación hegemónicos y el «bloque de los consensos entre la Concertación y la Derecha» ocultaron todo ello.