Narco en las Fuerzas Armadas: Cordero advierte sobre un riesgo institucional sin retorno
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La detención de cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Iquique, sorprendidos intentando trasladar droga en un vuelo institucional hacia Santiago, ha provocado un profundo remezón político y social. Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el caso como “especialmente sensible” y advirtió sobre las consecuencias de permitir la penetración del narcotráfico en las instituciones armadas.
“Es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la Defensa Nacional y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque después de ellas no hay nada más”, señaló Cordero en conversación con El Diario de Cooperativa. La frase, tan contundente como inquietante, refleja la preocupación del Ejecutivo por un fenómeno que amenaza no solo la seguridad pública, sino también la estabilidad del propio Estado.
El ministro recalcó que el Gobierno se toma el caso con la mayor seriedad y que lo ha calificado como “muy, muy grave” desde un principio. Y es que este escándalo en la FACh ocurre apenas semanas después de la detención de seis suboficiales del Ejército en Iquique, involucrados en el traslado de casi 200 kilos de cocaína desde la frontera con Bolivia hacia Santiago. Ambos casos han expuesto una vulnerabilidad estructural de las Fuerzas Armadas frente al poder corruptor de las redes de narcotráfico.
Tensión entre jurisdicciones: justicia militar vs. justicia civil
El caso de los cinco efectivos de la FACh también ha abierto un nuevo frente de tensión entre la justicia militar y la justicia ordinaria. Cordero recordó que, aunque en algunos delitos comunes cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas la competencia podría recaer en la justicia militar, existen precedentes recientes que favorecen la intervención del Ministerio Público.
“El Ministerio Público ha requerido la información de conformidad al Código Procesal Penal y la Fiscalía Militar lo ha negado. La fiscal de Tarapacá ha ido a la Corte de Apelaciones. En todo caso, el Ministerio Público tiene una investigación de oficio abierta desde el día viernes”, precisó Cordero.
El recuerdo del caso Franco Vargas —el conscripto fallecido en Putre— es inevitable. En esa oportunidad, la Corte Suprema resolvió en favor del Ministerio Público en una disputa de competencias, marcando un precedente clave sobre la jurisdicción en delitos cometidos dentro de recintos militares.
¿Una red más amplia?
Para el Gobierno, la investigación no debe limitarse al frustrado transporte de droga. Cordero enfatizó que es esencial determinar “quién es el proveedor y quién es el destinatario”, pero también esclarecer si este caso forma parte de una estructura más estable y de mayor alcance dentro de la institución. “No se trata simplemente del transporte de una maleta”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de que existan otros episodios similares no detectados.
Este martes, el Presidente Gabriel Boric encabezará en La Moneda una reunión clave con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Adriana Delpiano (Defensa). El encuentro busca no solo analizar la gravedad del caso, sino también reforzar los protocolos de control y establecer medidas para blindar a las instituciones armadas frente a la infiltración del narcotráfico.
Una línea roja para la democracia
El término “narcomilitares”, instalado en el debate público tras los escándalos recientes, evidencia la magnitud de la crisis. Para Cordero, la amenaza va más allá del daño reputacional: compromete el núcleo mismo de las instituciones del Estado. “Después de ellas no hay nada más”, dijo, subrayando que las Fuerzas Armadas y de Orden son la última línea de defensa frente al crimen organizado.
La preocupación es compartida por expertos en seguridad, quienes advierten que la corrupción al interior de cuerpos armados es un punto de no retorno. La experiencia latinoamericana —con casos paradigmáticos en México y Colombia— demuestra que cuando las organizaciones criminales logran cooptar instituciones armadas, revertir el daño requiere décadas y profundas reformas estructurales.
El desafío para Chile es evitar ese camino. Pero el solo hecho de que dos episodios de esta magnitud se hayan registrado en menos de un mes en Iquique plantea serias dudas sobre la eficacia de los controles internos y el blindaje institucional.
Felipe Portales says:
¡Ya no es un «riesgo»! Desgraciadamente ya existe una profunda desmoralización en el conjunto de las instituciones de nuestro país…