Narcotráfico en las Fuerzas Armadas: se revela que red de exsuboficiales del Ejército operaba desde 2024 y FACh sigue resistiendo a la justicia civil
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El escándalo por la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas de Chile no deja de crecer. Este martes, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló nuevos antecedentes sobre la red de siete exsuboficiales del Ejército acusados de transportar droga desde Iquique a Santiago. Según explicó, el grupo operaba al menos desde octubre de 2024 y ya se han acreditado diez envíos exitosos de droga bajo un sofisticado modus operandi.
“Tenemos acreditado por ahora que venían operando al menos desde el año pasado, en este mismo modus operandi (…) Sabemos que la droga viene de Bolivia, no es producción nacional”, detalló Steinert en entrevista con Radio Universo. El día de la detención, cada vehículo utilizado por la red llevaba 94 kilos de droga, aunque aún no se ha podido determinar el volumen total transportado durante los meses de operación.
La información se complementa con las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien aseguró que la organización habría realizado al menos 17 viajes previos, utilizando una logística estructurada. “Usaban vehículos que cumplían funciones de cápsula de seguridad, los cuales eran guardados durante días antes de volver a circular”, indicó Cordero en Radio Cooperativa.
Estas revelaciones no solo confirman la magnitud del caso, sino que también exhiben un grado de planificación y profesionalismo que remite a prácticas propias de carteles internacionales. La droga, proveniente de Bolivia, transitaba por rutas nacionales con la complicidad de quienes debían resguardar la frontera y la seguridad del país.
La resistencia de la FACh a la justicia ordinaria
Mientras tanto, la investigación paralela sobre los cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), detenidos tras ser sorprendidos intentando trasladar droga en un vuelo institucional hacia la Región Metropolitana, sigue generando fricciones entre la justicia militar y el Ministerio Público.
La FACh se ha negado a entregar los antecedentes del caso, argumentando que debe ser investigado por la justicia castrense. Esta negativa ha obligado a la Fiscalía a ingresar una solicitud de audiencia por contienda de competencia ante el Tribunal de Garantía de Iquique, buscando que se determine si la causa debe ser tramitada por la justicia ordinaria.
“He sabido por la prensa que son cinco los imputados, y entiendo que probablemente se trate de ketamina, pero no lo sé a ciencia cierta porque la Fuerza Aérea nos negó los antecedentes”, recalcó Steinert, evidenciando la opacidad con que la institución está manejando el caso. La Corte de Apelaciones también recibió una solicitud de información para esclarecer los hechos.
Este conflicto entre jurisdicciones revive el debate sobre la pertinencia de que delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas sean investigados por tribunales militares. El precedente del caso del conscripto Franco Vargas, donde la Corte Suprema favoreció la intervención del Ministerio Público, podría inclinar la balanza a favor de la justicia civil.
Una amenaza estructural
La magnitud de estos casos plantea preguntas incómodas sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas chilenas para resistir la infiltración del crimen organizado. La sofisticación de la red de exsuboficiales del Ejército, junto con la sospecha de que los cinco efectivos de la FACh no actuaban de manera aislada, sugiere que las instituciones podrían ser más vulnerables de lo que se pensaba.
Luis Cordero ha advertido que “después de las Fuerzas Armadas y de Orden no hay nada más”, subrayando la gravedad de que el narcotráfico penetre los estamentos encargados de proteger la soberanía y la seguridad interna. Expertos en seguridad advierten que Chile enfrenta un momento crítico: si no se logra erradicar de raíz la corrupción al interior de estas instituciones, el país podría encaminarse hacia una crisis de seguridad similar a la vivida en otros estados latinoamericanos.
El desafío es doble: desmontar las redes criminales infiltradas y, al mismo tiempo, reforzar la confianza ciudadana en instituciones cuya integridad ha quedado en entredicho. El país está frente a una línea roja que, de cruzarse, podría ser difícil —o imposible— de revertir.
Renato Alvarado Vidal says:
Una vez leí que la justicia militar es a la justicia como la música militar es a la música.
Alexandre says:
La « justicia » militar no es más que una anomalía estratosférica. Su sólo objeto es garantizar la impunidad de los militaires implicados en crímenes y delitos.