Narco en la FACh: Corte de Apelaciones da 24 horas a la Fuerza Aérea para entregar antecedentes completos
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La crisis por el narcotráfico en las Fuerzas Armadas chilenas sigue escalando. La Corte de Apelaciones de Iquique dio este martes un plazo de 24 horas a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para entregar un informe completo sobre los —ahora— exfuncionarios vinculados al intento de traslado de droga en un vuelo institucional hacia Santiago. La resolución busca destrabar el conflicto entre la institución castrense y el Ministerio Público, que hasta ahora no ha recibido la información necesaria para avanzar en la investigación.
La medida judicial llega luego de que la FACh remitiera al Ministerio Público un informe parcial sobre el caso. Según la Fiscalía Regional de Tarapacá, lo entregado no fue suficiente para conocer en detalle los hechos investigados ni las diligencias realizadas en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique, donde el pasado 3 de julio se detectó a un funcionario subiendo una maleta a una aeronave sin ser pasajero.
En su interior se encontraron dos botellas y cuatro paquetes sospechosos, lo que activó la presencia del Fiscal de Aviación, Carlos Yáñez, acompañado por el secretario de la Fiscalía de Aviación y el jefe de Servicio de Guarnición de Iquique.
La FACh confirmó que cinco funcionarios participaron en el hecho y que todos fueron dados de baja. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que el informe enviado carece de los antecedentes fundamentales para avanzar en la indagatoria.
Informe insuficiente y opacidad institucional
“El documento remitido no cumple el requerimiento originalmente realizado por el Ministerio Público, que solicitó antecedentes pertinentes para conocer en detalle los hechos investigados”, señalaron desde la Fiscalía.
El oficio de la FACh menciona diligencias como declaraciones de los inculpados, entrada y registro de inmuebles e incautación de elementos —incluidos teléfonos celulares y documentación—, pero sin adjuntar los resultados ni detalles de estas actuaciones.
Esta falta de información, sostuvo la Fiscalía, “deja al Ministerio Público de Tarapacá en el mismo estado en que se encontraba al momento de la presentación de la solicitud que dio origen a los presentes autos”.
La situación evidencia un choque de jurisdicciones entre la justicia ordinaria y la militar, que ya había quedado en entredicho en el caso del conscripto Franco Vargas, donde la Corte Suprema falló a favor del Ministerio Público.
Boric exige colaboración “imperativa”
El conflicto alcanzó el Palacio de La Moneda. El Presidente Gabriel Boric instruyó a la FACh que es “imperativo que entreguen los antecedentes” al Ministerio Público, marcando un claro respaldo a la justicia civil frente a las resistencias de la institucionalidad militar.
La orden presidencial coincide con la creciente preocupación de las autoridades por la posibilidad de que el intento de traslado de droga no sea un hecho aislado. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ya advirtió que el caso debe esclarecerse en toda su dimensión: quiénes son los proveedores, quiénes los destinatarios y si existe una red más amplia al interior de la FACh.
Un escenario de alto riesgo
Este nuevo episodio, sumado a la red de exsuboficiales del Ejército que operaba desde 2024 realizando envíos de droga desde Iquique a Santiago, confirma un patrón inquietante: la infiltración de las Fuerzas Armadas por parte de redes criminales transnacionales.
La falta de transparencia y la negativa inicial de la FACh a entregar antecedentes solo agravan la percepción de opacidad institucional en un momento crítico para la confianza pública. Expertos en seguridad advierten que la demora en esclarecer los hechos podría comprometer la capacidad del Estado para responder con contundencia a la amenaza del crimen organizado.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente alarma cómo las instituciones llamadas a proteger el país aparecen, por segunda vez en pocas semanas, implicadas en actividades delictivas de alto impacto.
La resolución de la Corte de Apelaciones podría ser decisiva. Si la FACh no entrega la información completa en el plazo fijado, quedará expuesta no solo a sanciones judiciales, sino también a un severo cuestionamiento político y social.
Chile enfrenta una línea roja: o se garantiza la transparencia y el control civil sobre las Fuerzas Armadas, o se corre el riesgo de abrir las puertas a una crisis institucional con efectos de largo alcance.
Felipe Portales says:
En rigor, dada la autonomía operativa de que disponen las FF. AA. y Carabineros respecto del Ejecutivo, en virtud de la Ley Orgánica Constitucional de las FF. AA. y Carabineros impuesta por Pinochet en febrero de 1990, el Presidente (Boric y todos los anteriores) no dispone de atribuciones para ordenarle algo como lo que le «solicitó» ayer al Comandante en Jefe de la FACH. ¡¡Y fue lo que dijo ayer dicho comandante: que el Presidente no tenía atribuciones para ordenarle aquello!! Y tampoco decidió hacerlo, sino que le enviaron a la Fiscalía una información incompleta que no servía… Distinto es el caso del Poder Judicial que si tiene atribuciones sobre los tribunales militares. Por ello es que al reclamar la Fiscalía de Tarapacá a la Corte de Apelaciones de Iquique ésta le ha «ordenado» hoy a la FACH que le entregue a la Fiscalía los antecedentes completos del grave caso de tráfico de drogas en un avión de la FACH. En definitiva, lo que en rigor ha hecho Boric hoy es «respaldar» la «orden» de la Corte de Apelaciones. Y para que no quede en evidencia que no tiene dichas atribuciones el Gobierno ha empleado un lenguaje «imperativo»…