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Narcos en las Fuerzas Armadas: Defensa cierra pugna y traspasa caso de la FACh a la justicia civil

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El caso del hallazgo de cuatro kilos de ketamina en un vuelo institucional de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) dio un giro decisivo este jueves. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, zanjó la disputa por la competencia de la investigación y confirmó que el caso quedará en manos del Ministerio Público.

La decisión pone fin a varios días de tensión entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la FACh, que se había negado a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, argumentando que la causa debía ser llevada por la justicia militar. Mientras la Corte de Apelaciones de Iquique se preparaba para emitir un fallo sobre la competencia fijado para el 18 de julio, la titular de Defensa adelantó la resolución y anunció el traspaso inmediato del caso.

“Esto ya, el día de mañana (viernes), la Fiscalía de Aviación va a traspasar todo el caso a la Fiscalía Pública. Así que con eso se cierra este debate de quién tiene la competencia”, afirmó Delpiano en medio de una actividad en la comuna de Independencia sobre incautación de armas.

Un conflicto institucional que deja heridas

La pugna entre las instituciones puso en evidencia las dificultades para investigar delitos cometidos al interior de las Fuerzas Armadas. La negativa inicial de la FACh a entregar información completa a la Fiscalía, bajo el argumento de que la investigación correspondía a la justicia castrense, generó críticas desde diversos sectores políticos y sociales.




El Ministerio Público había solicitado a la Corte de Apelaciones de Iquique que resolviera la contienda de competencia, luego de acusar que los antecedentes enviados por la FACh eran parciales y omitían detalles clave como declaraciones de los inculpados, registros de inmuebles e incautaciones de teléfonos celulares y documentos.

Con la decisión del Ministerio de Defensa, se espera que la Fiscalía pueda avanzar en la investigación sobre el intento de traslado de droga en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago. Los cinco funcionarios involucrados, quienes ya fueron dados de baja, podrían enfrentar ahora cargos en la justicia ordinaria.

Un síntoma de un problema mayor

Este episodio se suma a la detención de siete exsuboficiales del Ejército en junio, acusados de integrar una red que trasladaba droga desde la frontera con Bolivia a Santiago. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló que esa organización operaba al menos desde octubre de 2024 y que ya se habían acreditado diez envíos de droga con el mismo modus operandi.

Para el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la gravedad de estos casos radica en que involucran a instituciones encargadas de resguardar la soberanía y la seguridad interna del país. “Después de ellas no hay nada más”, advirtió la semana pasada, subrayando que la infiltración del narcotráfico en cuerpos armados es una amenaza existencial para el Estado.

Blindaje civil sobre las Fuerzas Armadas

La decisión de la ministra Delpiano puede leerse como un paso importante para afirmar el control civil sobre las Fuerzas Armadas, en momentos en que la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas frente a delitos de alto impacto como el narcotráfico.

Analistas coinciden en que el episodio expone una tensión histórica en Chile: el rol de la justicia militar en casos de delitos comunes cometidos por uniformados. El precedente del conscripto Franco Vargas, donde la Corte Suprema otorgó competencia al Ministerio Público, reforzó la idea de que los tribunales ordinarios deben asumir estas investigaciones para evitar opacidad y posibles encubrimientos.

Un desafío para la democracia chilena

El escándalo de la FACh no es un hecho aislado. Es un síntoma de la vulnerabilidad de las instituciones frente a las redes criminales transnacionales que operan en el norte del país, un territorio marcado por el narcotráfico y el contrabando.

El traspaso del caso a la justicia civil permite avanzar en la investigación, pero también plantea una pregunta de fondo: ¿qué tan preparados están los mecanismos de control interno de las Fuerzas Armadas para detectar y erradicar a tiempo la corrupción y la infiltración del crimen organizado?



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