ONU: «Desfosilizar las economías es clave para corregir el rumbo en materia de cambio climático y protección de los derechos humanos»
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Los Estados deben eliminar gradualmente y con urgencia los combustibles fósiles, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, declaró el 30 de junio Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU sobre el cambio climático y los derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos.
“Los combustibles fósiles no solo son la principal causa del cambio climático, sino también el núcleo de las crisis planetarias de pérdida de biodiversidad, contaminación tóxica y desigualdades económicas”, declaró Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU sobre el cambio climático y los derechos humanos, al presentar su último informe ante el Consejo.
“Los combustibles fósiles tienen un impacto enorme y a gran escala en los derechos humanos, en todas las generaciones y sectores, y los más vulnerables son los más afectados”, añadió Morgera.
Tras haber experimentado los 10 años más calurosos de la historia y haber superado el límite de 1,5 °C en la temperatura media global en 2024, la humanidad aún puede cambiar de rumbo hacia un clima más seguro. Sin embargo, los Estados deben priorizar las medidas con la mayor capacidad, científicamente probada, para proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, afirmó el experto.
Morgera afirmó que, a pesar del reconocimiento de la necesidad de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el régimen internacional sobre el cambio climático y el Pacto para el Futuro, y a pesar de los importantes avances logrados en la descarbonización del sector energético, la extracción y el uso de combustibles fósiles siguen aumentando.
“Desfosilizar todas nuestras economías es urgente desde una perspectiva de derechos humanos y, sin duda, la contribución más importante para la salud. Implica priorizar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, incluyendo diversas formas de financiación, dentro y fuera del sector energético”, concluyó el experto.
Morgera afirmó que la industria de los combustibles fósiles conocía desde hacía tiempo los devastadores impactos previstos del cambio climático y recurrió a estrategias en constante evolución para ocultar esta información al público, incluyendo la captura corporativa y los ataques contra científicos y defensores del clima.
Estas estrategias constituyen una capa más de violaciones de derechos humanos que han impedido la protección efectiva de los derechos humanos frente a los impactos del cambio climático durante al menos seis décadas, afirmó.
“Las empresas de combustibles fósiles se han beneficiado y siguen beneficiándose de ganancias sustanciales, subsidios cuantiosos, evasión fiscal y protección indebida en virtud del derecho internacional de las inversiones, sin reducir la pobreza energética ni las desigualdades económicas”, declaró la Relatora Especial.
Morgera afirmó que los países responsables de regular a las empresas —especialmente aquellas que históricamente y actualmente han contribuido más al daño climático— tienen el deber de garantizar la disponibilidad de recursos efectivos tanto dentro de sus propias fronteras como en los países que más sufren el cambio climático, a pesar de ser los que menos contribuyen a él.
“Los Estados tienen la obligación, en materia de derechos humanos, de cooperar internacionalmente para abordar la desfosilización en las negociaciones en curso sobre cambio climático, justicia fiscal, contaminación por plásticos y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos”, afirmó.
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de la ONU para los Derechos Humanos, son el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
