Narcos en uniforme: el sargento del Ejército que lideraba una red de tráfico de drogas desde el norte
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La prosperidad económica del sargento del Ejército Cristián Alejandro Díaz Silva (42) parecía envidiable para sus compañeros de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” en Pozo Almonte, Tarapacá. Viajes frecuentes a Santiago, vehículos de alta gama y un tren de vida difícil de sostener con un salario militar de $1.500.000. Pero detrás de esa fachada de éxito, se ocultaba una sofisticada operación de narcotráfico que hoy tiene al sargento y a otros siete uniformados fuera de las filas del Ejército y tras las rejas, formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita.
Según un reportaje de La Tercera publicado este domingo, Díaz Silva está sindicado como el líder de la organización de militares que transportaba cocaína y pasta base desde Alto Hospicio a Santiago. La investigación, dirigida por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, estima que la red logró realizar al menos 11 envíos exitosos antes de ser desarticulada.
SUV de lujo y dobles fondos
El 23 de julio de 2024, Díaz viajó a Santiago para comprar un Toyota Land Cruiser del año 2012, un vehículo valorado en más de $13 millones. Apenas dos meses después, denunció el robo del auto a Carabineros, pero rápidamente se repuso: en noviembre adquirió una Ford Explorer 2013 y luego, en abril de 2025, una Ford Explorer 2018 de cerca de $20 millones.
Estos SUV, con vidrios polarizados y balizas para simular vehículos oficiales, fueron piezas clave en la logística del grupo. Entre enero y junio de este año, las cámaras de pórticos en autopistas detectaron múltiples viajes de los vehículos entre Iquique y Santiago. Finalmente, la noche del 20 de junio, en Mejillones, la PDI interceptó uno de los autos: en un doble fondo oculto en la carrocería se hallaron 192 kilos de droga, equivalentes a casi medio millón de dosis y valorados en $3.000 millones.
Una estructura jerarquizada y familiar
La esposa de Díaz, Carolina Michelle Godoy Garrido (45), es señalada como la financista de la operación. Mientras la red realizaba viajes a Santiago, Godoy compraba un BMW 116i en marzo. En paralelo, otros miembros de la organización exhibían un estilo de vida similar: vehículos de lujo, viajes turísticos registrados en redes sociales y compras llamativas.
Entre los implicados están los sargentos Manuel Alejandro Delgado Garcés (39), y los cabos Joaquín Bastián Rojas Fuentes (35), Juan Pablo Riquelme Carvajal (38), Diego Alberto Garcés Sánchez (36) y Leticia Catalina Mena Baeza (26). Un octavo uniformado no ha sido identificado públicamente. Todos fueron dados de baja.
La cabo Mena Baeza, en particular, llamó la atención por sus publicaciones en TikTok, donde compartía viajes a destinos turísticos en Chile y Bolivia, país desde donde presuntamente provenía la droga. Otro cabo incluso vendía planes de telefonía en el regimiento, práctica que los investigadores interpretan como un intento de blanquear ingresos ilícitos.
La frontera norte: un riesgo asumido
El caso estalla en un contexto de creciente preocupación por la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas en el norte de Chile, donde desde 2023 cumplen funciones de control fronterizo en zonas permeadas por el tráfico de drogas y migración irregular. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, reconoció en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que el contacto cotidiano entre militares y redes delictivas representa un “elemento nuevo” que requiere medidas de contención.
“La investigación muestra un avance cualitativo en la infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado”, advirtió la fiscal Steinert. La estructura jerarquizada, el uso de medios institucionales y la coordinación logística evidencian, según la persecutora, un intento de penetración estructural más allá de casos aislados.
Precedentes y medidas urgentes
Aunque el Ejército y la FACh insisten en que se trata de hechos inéditos, existen antecedentes: en 2020, dos cabos del Ejército fueron condenados por usar sus uniformes e identificaciones para trasladar droga en el norte. Ese mismo año, un civil fue sorprendido en el Grupo 10 de la FACh intentando abordar un vuelo militar con LSD, marihuana y éxtasis escondidos en su ropa.
Hoy, las Fuerzas Armadas han anunciado un aumento de los controles internos: más test de drogas aleatorios y la incorporación de perros detectores. En el Congreso, se debate habilitar a los equipos de inteligencia militar para vigilar a su propio personal fuera de los cuarteles y crear una “Policía Militar de Fronteras” bajo el Estado Mayor Conjunto.
“El crimen organizado está entrando por el norte. Los militares no están hechos para ser policías y están cumpliendo esa función”, alertó el diputado Andrés Jouannet (Demócratas).
¿Una amenaza estructural?
Mientras la investigación avanza, las preguntas persisten: ¿cuántos otros casos permanecen invisibles? ¿Podrá el Estado contener la infiltración del narcotráfico en instituciones clave de seguridad?
El escándalo del sargento Díaz Silva y su red de “narcomilitares” no es solo un caso policial: es un llamado de alerta sobre las fragilidades de Chile frente a un fenómeno que en otros países de la región ha derivado en crisis institucionales de gran envergadura.
Felipe Portales says:
Ciertamente que la corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros podría ser mucho menor si se modifica su Ley Orgánica Constitucional (impuesta por Pinochet en febrero de 1990) que les proporciona autonomía operacional; y se las deja claramente subordinadas al poder del Gobierno. Es lo que vemos claramente en la PDI que si bien sufre casos de corrupción, estos son de mucho menor envergadura.