Narcos en las instituciones y discursos efectistas: la peligrosa banalización de la crisis
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 28 segundos
La liberación del sicario venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez no es un simple error administrativo ni un hackeo a los sistemas judiciales, como se intentó insinuar en un primer momento. Es un síntoma de algo mucho más profundo y alarmante: la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado chileno. La semana pasada, el país ya se estremeció al conocer las redes de narcotráfico que operaban desde el interior del Ejército y la Fuerza Aérea, con funcionarios en servicio activo moviendo cientos de kilos de droga entre Iquique y Santiago. Hoy, la fragilidad de nuestro sistema judicial ha quedado igualmente expuesta.
Sin embargo, lo que podría ser un momento clave para reflexionar y asumir reformas estructurales está siendo convertido en un escenario más para la política efectista. Evelyn Matthei y su partido, la UDI, no tardaron en aprovechar la indignación pública para lanzar un llamado a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
En la superficie, la propuesta puede sonar contundente. En la práctica, es puro humo.
La trampa del Cosena como solución mágica
El Cosena, regulado por los artículos 106 y 107 de la Constitución, tiene como objetivo asesorar al Presidente de la República en materias de seguridad nacional. Está compuesto por los presidentes del Senado, la Cámara, la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República. En teoría, se trata de un espacio para coordinar y deliberar en situaciones de amenaza grave al Estado.
Pero en la realidad política de Chile, la convocatoria al Cosena no resuelve absolutamente nada. Es una medida simbólica, diseñada más para el espectáculo que para la acción concreta. Matthei, cuya candidatura presidencial se estanca semana a semana en las encuestas, recurre a este tipo de llamados buscando capitalizar el temor ciudadano y ganar espacio mediático.
Su discurso en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) fue elocuente en esa dirección: “hasta ahora en Chile nos hemos hecho los lesos” con la corrupción y “hemos vivido negando la penetración del crimen organizado durante 30 años”. Palabras fuertes, pero huecas si consideramos que la UDI —su propio partido— ha sido históricamente uno de los más afectados por casos de corrupción en Chile.
La lista es larga: financiamiento irregular de campañas, vínculos con el empresariado en casos de colusión y fraudes que han involucrado a alcaldes, diputados y senadores. Que un partido con ese prontuario intente ahora erigirse como la voz ética para frenar la corrupción es, como mínimo, paradójico.
Una crisis de largo plazo, no de titulares
Lo verdaderamente grave no es solo la liberación del sicario ni la captura de militares narcos. Es la evidencia de que las instituciones chilenas —Fuerzas Armadas, Gendarmería, el Poder Judicial— están siendo permeadas por redes del crimen organizado que operan con un nivel de sofisticación inquietante. La fuga de Ferrer Ramírez, quien además está vinculado al Tren de Aragua, muestra un Estado con grietas que ya no son menores.
Pero responder a eso con medidas teatrales como la convocatoria al Cosena solo alimenta un clima de pánico y confusión. No existe en ese órgano ninguna capacidad ejecutiva real para fortalecer el control interno de las Fuerzas Armadas, blindar los sistemas judiciales o reforzar la inteligencia estatal.
Lo que se requiere son reformas profundas y sostenidas: modernizar los sistemas de verificación judicial, profesionalizar y blindar a las policías frente a la corrupción, invertir en contrainteligencia y reestructurar la estrategia de control fronterizo que ha expuesto a los militares a redes criminales en el norte.
El riesgo de banalizar la crisis
El espectáculo político de la derecha, en este caso Matthei y la bancada de la UDI, banaliza una crisis que debería ser tratada con la máxima seriedad. Hacer política con la seguridad pública puede ser rentable electoralmente, pero erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Chile no necesita gestos altisonantes ni titulares efectistas. Necesita un Estado que se fortalezca desde adentro, con políticas de largo plazo capaces de cerrar las puertas al crimen organizado y a la corrupción. Eso requiere voluntad política real, y no el uso oportunista de un Consejo de Seguridad Nacional que, como todos sabemos, solo sirve para las fotos.
Mientras tanto, el sicario del “Rey de Meiggs” sigue libre y los narcomilitares esperan juicio. Entre tanto humo y espectáculo, lo urgente se pierde.
Simón del Valle
