Fiscalía de Brasil pide la condena de Bolsonaro por intento de golpe de Estado
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La Fiscalía General de Brasil presentó este martes sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y solicitó la condena del expresidente Jair Bolsonaro y otros siete altos funcionarios por su participación en un fallido intento de golpe de Estado. La acusación, que marca un hito en la historia política reciente del país, incluye cargos por cinco delitos graves y confirma la profundidad de la trama golpista.
El pedido de sanción contra el exmandatario abarca los delitos de liderazgo de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado, causar daños calificados por violencia y amenaza grave contra bienes federales. La Fiscalía también señala “perjuicios considerables” a bienes protegidos por el Estado.
Una red de poder en el banquillo
Junto a Bolsonaro, la Fiscalía General solicitó la condena de todos los miembros del grupo que, según la denuncia, participaron activamente en el complot. Entre ellos figuran los exministros Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Walter Braga Netto (jefe de Gabinete), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Anderson Torres (Justicia). También están acusados el excomandante de la Marina Almir Garnier, el diputado federal Alexandre Ramagem y el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y pieza clave en la investigación al convertirse en denunciante.
Los alegatos finales fueron presentados por el fiscal general Paulo Gonet poco antes del plazo límite, que expiraba a las 23:59 horas de este lunes. En su argumentación, Gonet incluyó la explosiva entrevista que Bolsonaro ofreció en mayo al portal UOL, donde admitió haberse reunido con los jefes de las Fuerzas Armadas para debatir un posible decreto que anulara las elecciones de 2022.
El “proyecto golpista” y el Puñal Verde y Amarillo
Bolsonaro, imputado en febrero por la Fiscalía General, enfrenta cargos junto a otras 33 personas por organización criminal, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Según el Ministerio Público Federal, el expresidente (2019-2022) no solo conocía, sino que aprobó el llamado “proyecto golpista”, cuyo objetivo era impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones presidenciales de 2022.
La investigación también revela un macabro plan, bautizado como Puñal Verde y Amarillo, que contemplaba el asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado Alexandre de Moraes, figura central en la defensa de la institucionalidad democrática desde el STF.
“La convergencia de acciones, aunque no siempre con los mismos actores, buscaba garantizar la permanencia de Bolsonaro en el poder, incluso a costa de subvertir el orden constitucional”, señala la denuncia.
Próximos pasos judiciales
Tras los alegatos de la Fiscalía, las defensas de los acusados tendrán 15 días consecutivos para presentar sus argumentos finales y aportar nuevas pruebas. Finalizado este plazo, el STF deberá fijar la fecha del juicio, que podría convertirse en uno de los procesos más significativos para la democracia brasileña desde el fin de la dictadura militar.
El futuro judicial de Bolsonaro y de su círculo más estrecho pende ahora de un hilo, en un contexto donde la sociedad brasileña observa con atención y polarización las consecuencias de un capítulo que amenaza con redefinir el equilibrio de poderes en el país.
