Prisión preventiva para los cinco exfuncionarios de la FACh acusados de tráfico de drogas
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El Juzgado de Garantía de Iquique decretó este martes la prisión preventiva para los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) acusados de intentar trasladar cuatro kilos de ketamina desde la Base Aérea “Los Cóndores”, en Tarapacá, hacia Santiago en un vuelo institucional.
La medida cautelar, la más gravosa del ordenamiento jurídico, fue determinada tras considerar que la libertad de los imputados representaría un peligro para la seguridad de la sociedad, existiría riesgo de fuga y podría comprometer el éxito de la investigación en curso.
“Ni siquiera el arresto domiciliario asegura que no reincidan”
El juez Mauricio Chía, a cargo de la audiencia, explicó que los imputados no son funcionarios de bajo rango en la estructura jerárquica de la FACh. Por el contrario, su posición podría darles influencia sobre otros miembros de la institución, con capacidad para obstruir la investigación o intimidar a potenciales colaboradores.
“La medida cautelar que corresponde declarar es la más gravosa de todas porque con ninguna otra se podría evitar que pudieran tener contacto con terceras personas, mantener drogas para hacerlas llegar o para seguir operando desde un lugar cerrado”, afirmó Chía.
“Ni siquiera el arresto domiciliario total podría asegurar que no se pudiera cometer el mismo delito. Es justamente la privación de libertad en un recinto custodiado por el Estado la que permite tener una mayor tranquilidad de que no se comentan nuevamente estos delitos”, agregó.
Una red más amplia en investigación
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló que tres de los imputados ya habían realizado traslados de ketamina en vuelos institucionales durante enero y mayo de 2025. Los otros dos acusados fueron integrados en la última operación, que terminó con la detención del grupo el pasado 5 de julio.
Aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta de droga que habrían transportado, Steinert confirmó que al menos tres vuelos están bajo investigación y que no se descarta que existan más. “Claramente aquí tenemos un núcleo base, que son los tres imputados a quienes atribuimos, además del tráfico, la asociación criminal. Sin embargo, entendemos como Ministerio Público que hay más personas involucradas y, por lo tanto, no hemos terminado nuestro trabajo”, señaló.
La presunta participación de otros funcionarios de la FACh tampoco fue descartada por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María José Venegas, quien sostuvo que “la querella también va dirigida en contra de todos aquellos que resulten responsables y que se determinen en el curso de la investigación, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores”.
180 días para investigar un caso que expone vulnerabilidades
El tribunal estableció un plazo de 180 días para la investigación, que busca no solo esclarecer la logística detrás del intento de tráfico frustrado, sino también determinar si existía una red más amplia de apoyo dentro de la Fuerza Aérea.
Este caso se suma a la creciente preocupación sobre la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en instituciones estatales. En las últimas semanas, Chile ha sido sacudido por casos que van desde militares del Ejército transportando droga desde la frontera con Bolivia hasta la liberación de un sicario vinculado al Tren de Aragua por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo tribunal cuestionado por la diputada Camila Musante tras quedar libre el autor confeso de amenazas de muerte en su contra.
