“El mar no se regala más”: pesca artesanal exige justicia social en nueva Ley de Pesca
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A una semana de la promulgación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero y en plena discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal alzó la voz con fuerza: exige ser escuchada en la definición del Título III, que aborda la creación de una Plataforma Social para el sector y el uso de las subastas de licencias industriales como mecanismo de financiamiento.
“Tenemos esperanza, porque el presidente Gabriel Boric ha reafirmado su compromiso con mejorar las condiciones para la pesca artesanal a través de una Plataforma Social”, afirmó Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP).
La demanda no es menor. Más de 90.000 personas dependen directamente de la pesca artesanal en Chile, muchas de ellas en condiciones de precariedad, sin acceso a salud, pensiones ni redes de apoyo frente a accidentes o crisis como derrames, marea roja o los efectos del cambio climático.
Una deuda histórica con quienes viven del mar
“Ya es hora de saldar una deuda histórica”, subrayó Cortés. “No podemos seguir permitiendo que el mar se reparta entre siete familias mientras nuestras caletas quedan sin protección”. La referencia apunta a la concentración de cuotas pesqueras en manos de grandes grupos industriales, una herencia de la polémica “Ley Longueira” de 2012, redactada bajo acusaciones de corrupción y lobby empresarial.
Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, sostuvo que destinar los ingresos de las subastas industriales (LTP-B) para financiar la Plataforma Social tiene ventajas estratégicas: “Nos permitiría no depender del presupuesto anual ni de la voluntad política de turno. Es una medida de justicia distributiva y sostenibilidad de largo plazo”.
La propuesta contempla un seguro de accidentes en faena, acceso subsidiado a salud, cotizaciones previsionales, programas de reconversión laboral y apoyo en caso de discapacidad.
“No queremos limosnas, queremos justicia”
El grito de urgencia también provino de las mujeres del sector. Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, denunció la indefensión de las familias frente a tragedias como el caso Bruma, donde siete pescadores desaparecieron sin que existiera red de apoyo. “No queremos más viudas en el absoluto abandono. Necesitamos una Plataforma Social que se haga cargo de los reales problemas de los pescadores y sus familias”, exigió.
Por su parte, Miguel Ángel Hernández, de la Federación Nuevo Amanecer, puso en evidencia las distorsiones económicas del sistema actual: “Mientras las licencias asignadas a dedo (LTP-A) se pagan a $17 por kilo, las subastadas alcanzan $115 por kilo. El Estado pierde millones subsidiando a los grandes grupos. Es hora de corregir esa injusticia”.
Un nuevo pacto con el mar
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal advirtió que la legitimidad de la reforma pesquera pasa necesariamente por incluir la Plataforma Social. “La industria pesca bajo reglas escritas con corrupción. Hoy, la única forma de construir un nuevo pacto con el mar es asegurando protección digna a quienes lo cuidan de verdad”, sentenció Hernán Cortés.
Con la discusión legislativa en marcha, las organizaciones exigen ser incorporadas en las sesiones parlamentarias y que el Congreso escuche sus demandas, antes de que se repitan los errores de legislaciones pasadas.
“El mar no se regala más”, es la consigna con la que buscan no solo justicia social, sino también un cambio estructural en la relación del Estado con las comunidades costeras.
