Liberación de sicario venezolano destapa falencias en el sistema de justicia e identidad: Gajardo admite hecho “grave e impresentable”
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La polémica liberación de un sicario venezolano desde el Centro de Detención Santiago 1 sigue generando repercusiones políticas y sociales. Este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analizó los hechos con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, en medio de un creciente clamor ciudadano por respuestas y reformas profundas.
El ministro Gajardo no dudó en calificar la situación como “grave e impresentable”. “Este hecho nunca debió ocurrir, pues daña la confianza ciudadana en el sistema judicial y penitenciario”, afirmó ante los parlamentarios. La reunión se produjo días después de que se conociera que el presunto sicario, inicialmente identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, en realidad se llamaría Alberto Carlos Mejía Hernández, debido a problemas en el proceso de identificación.
Problemas en la identificación y un sistema desbordado
El secretario de Estado explicó las dificultades que enfrenta el Estado chileno para identificar a extranjeros que ingresan de manera irregular y sin documentos. Según detalló, el procedimiento actual implica adjudicar un RUN provisorio mientras se elaboran registros biométricos que luego deben ser cotejados con las autoridades de los países de origen, un proceso que puede tardar varios días.
“La complejidad se incrementa cuando no se cuenta con antecedentes penales previos de los detenidos”, señaló Rubén Pérez, director (s) de Gendarmería. Pérez también reconoció que podrían existir “ripios” en la cadena de decisiones que permitió la excarcelación del sicario, aunque subrayó que será el Ministerio Público quien determine eventuales responsabilidades penales.
El caso, que ya motivó la apertura de sumarios administrativos en Gendarmería, vuelve a poner en el centro del debate las falencias en los controles de identidad y la capacidad de las instituciones para enfrentar el avance del crimen organizado.
Crisis de confianza y demandas de acción inmediata
La preocupación en la Comisión fue transversal. Diputados de distintos sectores coincidieron en que el sistema actual no está a la altura de la amenaza que representa el crimen organizado. Entre las propuestas planteadas se incluyó fortalecer el Registro Civil, dotarlo de mayores facultades y optimizar la coordinación interinstitucional para acelerar los procesos de verificación biométrica.
“Más allá de los avances legislativos del último año, resulta evidente la existencia de un retraso institucional en materia de implementación y funcionamiento”, sostuvo uno de los parlamentarios presentes.
Asimismo, instaron al Ejecutivo a adelantar la reunión de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia, programada inicialmente para este viernes, con el fin de analizar medidas que eviten la repetición de este tipo de hechos. Dicha instancia reúne a la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Registro Civil.
Una amenaza que rebasa lo penitenciario
El director de Gendarmería fue enfático en señalar que este no es un problema meramente penitenciario ni exclusivo del Poder Judicial. “El proceso de identificación presenta complejidades mayores cuando Gendarmería no cuenta con información previa sobre los detenidos”, explicó.
Sin embargo, voces críticas apuntan a una falla sistémica que va más allá de la identificación de un individuo. La liberación de un presunto sicario, en un contexto donde el crimen organizado ha mostrado capacidad de infiltrarse en instituciones como el Ejército y la Fuerza Aérea —según las investigaciones recientes en Tarapacá—, pone de relieve las debilidades de un Estado que parece estar un paso atrás frente a mafias cada vez más sofisticadas.
Una señal de alerta para el Estado
La liberación de Mejía Hernández no es un episodio aislado. Se da en un momento en que la percepción ciudadana sobre la seguridad pública y la integridad de las instituciones se encuentra profundamente erosionada. Casos como el de la diputada Camila Musante, amenazada de muerte por un sujeto que también quedó en libertad, alimentan la sensación de impunidad y la idea de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos.
El viernes, la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia tendrá la oportunidad de definir acciones concretas. Sin embargo, el desafío va más allá de medidas administrativas o ajustes tecnológicos: se requiere una reforma integral que devuelva la confianza en un sistema que hoy, a los ojos de muchos, ha sido vulnerado.
