Milei veta leyes sociales: jubilados, discapacitados y sectores vulnerables quedan desprotegidos
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Tal como lo había anticipado, el presidente argentino Javier Milei concretó uno de los actos más polémicos de su gestión al vetar tres leyes clave en materia de asistencia social, aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. Las normas, que garantizaban el aumento de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y nuevas prestaciones para familias con personas en situación de discapacidad, serán formalmente anuladas este lunes cuando los vetos se publiquen en el Boletín Oficial.
La noticia, adelantada por el diario La Nación, ha provocado una inmediata reacción de la oposición parlamentaria, que desde ya trabaja contrarreloj para revertir la decisión presidencial. Para ello deberá reunir dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, una tarea compleja dadas las movidas políticas en curso y la composición actual del Congreso.
Ajuste fiscal para unos, beneficios para otros
Desde el oficialismo, el argumento esgrimido para justificar el veto ha sido el ya habitual: el impacto negativo que dichas erogaciones tendrían sobre el “equilibrio fiscal”. Sin embargo, la explicación no convence a la oposición ni a buena parte de la ciudadanía, que observa con creciente inquietud cómo el ajuste económico se impone de manera selectiva.
Mientras se recorta en políticas sociales y derechos adquiridos, el gobierno libertario ha otorgado una generosa rebaja tributaria a los grandes exportadores del agro argentino, beneficiando a los sectores más poderosos del empresariado. La contradicción entre la supuesta falta de recursos para garantizar el mínimo bienestar de jubilados y personas discapacitadas, y las concesiones millonarias a los oligarcas del campo, ha encendido las alarmas en todos los sectores progresistas del país.
Una pulseada en medio de la campaña
El nuevo conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ocurre en plena antesala de la campaña electoral para renovar el Congreso Nacional, cuyas elecciones están programadas para el 26 de octubre. El oficialismo de La Libertad Avanza debe presentar sus alianzas electorales antes del 7 de agosto, lo que agrega una cuota extra de tensión política a las decisiones que se toman en el Congreso.
Según trascendidos, la Casa Rosada apuesta a reunir al menos un tercio de los votos en la Cámara de Diputados para bloquear cualquier intento de revocación de los vetos. El cálculo es frío y estratégico: impedir que la oposición alcance los dos tercios necesarios para imponer la vigencia de las leyes ya aprobadas por amplia mayoría en el Senado.
El precio lo pagan los más vulnerables
En medio de esta nueva batalla institucional, los protagonistas de fondo —los millones de jubilados y personas con discapacidad que esperaban una mejora urgente en sus condiciones de vida— permanecen marginados del debate, como meros espectadores de una disputa que los afecta directamente pero en la que no tienen ni voz ni voto.
A semanas de un nuevo test electoral, el veto de Milei reconfigura el escenario político y revela con claridad la orientación de su programa: achicar el Estado a costa de quienes más lo necesitan, mientras se refuerzan los privilegios de los sectores concentrados. La oposición, por su parte, enfrenta el desafío de traducir su rechazo en acción legislativa efectiva para evitar que la ofensiva presidencial se convierta en norma.
