La protección hacia las mujeres no es un juego: cuidado cuando el mal uso de la ley nos perjudica a todas
Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 15 segundos
La lucha feminista en Chile ha conquistado derechos cruciales para las mujeres. Existen leyes que protegen la maternidad de las trabajadoras, contamos con normas que consagran la igualdad salarial y resguardan la seguridad laboral. Gracias a años de activismo, también se han promulgado leyes que abordan la violencia intrafamiliar y de género, reconociendo incluso figuras como el femicidio en nuestra legislación. Cada conquista legal fue una respuesta a injusticias reales sufridas por las mujeres y contribuyó a mejorar nuestras vidas y oportunidades.
Sin embargo, estos logros traen, también, grandes responsabilidades. Las herramientas legales concebidas para protegernos como mujeres y a nuestros/as hijos/as funcionan bajo un delicado pacto de confianza: la sociedad y el Estado presuponen la veracidad y la buena fe de quienes solicitan ayuda. ¿Qué pasa cuando alguien hace un uso excesivo o indebido de estas protecciones sin que exista una amenaza real? Esta pregunta inquietante nos obliga a reflexionar con sentido crítico. Utilizar la ley sin sustento conlleva el riesgo de debilitar la credibilidad del sistema que tanto nos costó construir y, peor aún, de desviar recursos que deberían salvar vidas y amparar a mujeres en verdadero riesgo.
Conquistas feministas y el valor de la ley
La protección a la maternidad tiene profundas raíces en nuestra historia laboral. Leyes tempranas impidieron el despido de trabajadoras embarazadas, garantizaron descansos pre y postnatal, y ya en 1917 otorgaron a las madres el derecho a amamantar a sus hijos en el trabajo. Estas medidas no sólo resguardan a la mujer trabajadora, sino que también benefician a la niñez y a la familia, y fueron conquistadas gracias a la presión de movimientos de mujeres conscientes de su doble rol como trabajadoras y cuidadoras. En materia de equidad laboral, la Ley 20.348 de 2009 consagró el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”, reforzando el compromiso de eliminar la brecha salarial de género. Aunque aún persisten desigualdades en la práctica, este marco legal nos brinda a las trabajadoras una herramienta para exigir equidad en nuestros empleos.
Otro hito fundamental fue reconocer que la violencia intrafamiliar y de género son problemas públicos y no meramente “privados”. Por mucho tiempo el abuso doméstico estuvo normalizado y silenciado. Gracias a luchas incansables de varias generaciones de mujeres, en 1994 se promulgó la primera Ley de Violencia Intrafamiliar (19.325), fortalecida en 2005 con la Ley 20.066. Estas y otras normativas, como la tipificación del femicidio y las mejoras en la custodia compartida, son fruto de una batalla histórica por el derecho de las mujeres a vivir seguras, sin ser discriminadas por ser madres o por su género, y a ser reconocidas como iguales en dignidad y oportunidades.
El abuso de las protecciones legales
Desde hace un tiempo me preocupa que algunas mujeres estén abusando de estas protecciones legales sin justificación real. Conozco el caso de una mujer que denunció al padre de su hija por “amenazas”. Sin embargo, una grabación de la situación muestra que en realidad se trataba de un emplazamiento sobre la forma en que ella trataba a la niña, no de una amenaza concreta. Aun así, esta madre logró activar todo el sistema de protección: Carabineros efectuando rondas y un tribunal dictando una orden de alejamiento por más de un año. Dicha orden impide al padre acercarse al domicilio de la madre, dificultando incluso que retire a su hija, todo a raíz de una problemática sin peligro real.
Como defensora de los derechos de las mujeres, considero que esta situación es un exceso. No podemos olvidar que muchas mujeres sí están en riesgo real de agresiones físicas e incluso de perder la vida a manos de sus agresores. Las herramientas legales de protección fueron concebidas para casos urgentes y graves, no para usarse en conflictos menores. La protección no se debe trivializar ni convertirse en un juego para manipular el sistema con el objetivo de ganar disputas pequeñas sin una amenaza genuina, esto termina minando la confianza pública y nos perjudica a todas.
Hoy por hoy, cuando una denuncia resulta ser inventada o maliciosa, rara vez acarrea consecuencias legales para quien la interpuso. En otras palabras, el sistema, tiene un flanco débil: confía en la palabra de la denunciante, pero carece de dientes para castigar la mentira o la mala fe en este ámbito. Esto crea un incentivo perverso que, afortunadamente, es usado por pocas personas: quien falsea una acusación de violencia puede obtener, temporalmente, los beneficios de la protección legal sin arriesgar mayor penalidad si se descubre la farsa. Incluso, se ha llegado a plantear en el Congreso la idea de sancionar penalmente a quien presente denuncias deliberadamente falsas de VIF (Boletín 17562-18, proyecto de ley) como forma de desalentar estos abusos.
Los abusos minan la credibilidad pública del movimiento feminista y de las mujeres en general. Hoy vemos con preocupación que ciertos discursos reaccionarios usan estos casos excepcionales para desacreditar las denuncias legítimas y sembrar sospechas sobre cualquier reclamo de una mujer. Estudios recientes revelan altos niveles de adhesión a ideas antifeministas en la sociedad: por ejemplo, más de dos tercios de encuestados en universidades chilenas manifestaron cierto acuerdo con la afirmación de que “en nombre de la igualdad, muchas mujeres intentan conseguir privilegios individuales”.
Del mismo modo, en varios países (Chile incluido) se ha instalado la noción de que “las mujeres usan el feminismo para ganar ventaja sobre los hombres de manera injusta”. Estas percepciones, peligrosamente extendidas, se alimentan cada vez que sale a la luz de casos de denuncias falsas o de utilización mañosa de alguna ley de protección. Los medios de comunicación sensacionalistas no dudan en amplificar esos episodios por aislados que sean, y sectores conservadores los presentan como “prueba” de que el sistema estaría sesgado o de que las mujeres habrían obtenido “demasiados” derechos y ahora los explotan. Así, una minoría de casos mal utilizados le da munición al machismo para atacar a la mayoría honesta de las mujeres. Tal como advierte la activista Paula Santana, existe una “campaña internacional” que exagera el tema de las denuncias falsas para pintar a las mujeres como “mentirosas, interesadas, calculadoras, manipuladoras” y para generar rechazo hacia el feminismo. Debemos estar alertas a no caer ingenuamente en ese juego. Denunciar el mal uso de la ley no puede significar sumarse al coro que busca quitarles legitimidad a las verdaderas denuncias de abuso, ni justificar retrocesos en las garantías que tanto ha costado conquistar.
Finalmente, y quizá más importante, el uso indebido de estas herramientas lastima a las verdaderas víctimas de violencia y discriminación, que son la razón de ser de las leyes de protección. Cada caso fabricado es, como bien se ha dicho, “un golpe directo a las verdaderas víctimas”, porque sobrecarga el sistema de “acusaciones sin fundamento” y genera escepticismo y dudas injustas hacia quienes sí necesitan ayuda urgente. Para una mujer que realmente teme por su vida, ver que otras personas realizan denuncias ligeras o estratégicas puede ser desalentador: puede temer que su propio testimonio sea puesto en tela de juicio.
Las redes de apoyo podrían volverse más cautelosas, porque quienes de verdad han sufrido maltrato terminan pagando los platos rotos de ajenas irresponsabilidades. Y no olvidemos tampoco que cuando se acusa falsamente, se está cometiendo una injusticia contra otra persona. La ética feminista se basa en la justicia y la igualdad: no podemos aplaudir que un inocente sea tratado como victimario. Un padre falsamente acusado de violencia, por ejemplo, puede ver destruida su reputación, perder lazos con sus hijos e hijas y enfrentar un vía crucis legal para limpiar su nombre. Eso no empodera a las mujeres; por el contrario, socava la integridad moral del movimiento por la igualdad, que siempre ha buscado erradicar todo tipo de violencia y abuso de poder.
María Loreto Muñoz Villa
