Lorena Pizarro: “Esta ley está dirigida a los genocidas. Todo lo demás es una excusa propia del negacionismo de la derecha”
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En el Senado avanza un proyecto de ley impulsado por parlamentarios de derecha que permitiría a personas mayores o con enfermedades terminales cumplir sus condenas fuera de prisión. La propuesta —Boletín N° 17.370-17— es presentada como una medida humanitaria, pero para la diputada del Partido Comunista y dirigente histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, su verdadero objetivo es liberar a militares y agentes condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La iniciativa fue presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Indep. RN) y Carlos Kuschel (RN). Según sus promotores, busca “humanizar” el sistema penal y adecuarlo a estándares internacionales, evitando que personas no autovalentes o en estado terminal mueran en condiciones indignas. El senador Rojo Edwards (Republicanos) sostuvo que condenar a un hombre de 92 años “que no controla esfínteres” equivale a una “pena de muerte encubierta”.
Pero para Pizarro, el lenguaje compasivo encubre un trasfondo político. “Aquí no debe avanzar un proyecto de ley de impunidad, que es distinto. Lo que busca esto es liberar a los violadores de derechos humanos”, afirma tajante. Recuerda que la legislación vigente ya contempla medidas para personas en situación terminal, aplicadas caso a caso por tribunales. “Todo lo demás es una excusa propia del negacionismo de la derecha”.
Una conexión con Punta Peuco
Pizarro vincula esta iniciativa con un anuncio presidencial: el cierre del penal de Punta Peuco, donde cumplen condena decenas de exuniformados. “Cuando el presidente dijo que iba a terminar la existencia de Punta Peuco como cárcel especial, no es difícil pensar que esto está ligado también a este proyecto. Esta ley está dirigida a los genocidas”, sostiene.
La diputada no evade el debate sobre humanidad, pero plantea que el foco está mal puesto: “El mayor acto de humanidad que puede tener el planeta es asegurar las garantías de no repetición. El debate no es sobre compasión, sino sobre justicia”.
En su mirada, aceptar beneficios para los condenados por delitos de lesa humanidad implicaría borrar lecciones que el mundo aprendió tras el Holocausto. “Sería incomprensible lo que ocurrió con los criminales nazis responsables del Holocausto, que murieron en las cárceles. Lo que más importa aquí es preservar las garantías de no repetición. Eso fue un acto civilizatorio después de conocer los horrores del nazismo y también de las dictaduras civiles y militares en Latinoamérica”.
Un camino a la impunidad
Para Pizarro, la iniciativa no es un proyecto de reforma penitenciaria general, sino una medida diseñada a la medida de un grupo reducido y políticamente influyente. “Esta ley es un camino a la impunidad. Busca liberar a los violadores de derechos humanos, disfrazando su objetivo bajo una supuesta acción humanitaria para personas mayores condenadas por delitos menores”.
Recuerda que la mayoría de estos condenados pasó décadas sin responder ante la justicia, gracias a la impunidad de la transición. “Pasaron la mayor parte de su vida viviendo en impunidad y sus condenas son tan bajas que, aunque estén en cárcel, terminan transformándose en una acción impune, porque relativizó la gravedad de los crímenes cometidos”.
El argumento de la derecha, insiste, mezcla casos que no son comparables. “No es la primera iniciativa que se presenta para liberar a violadores de derechos humanos so pretexto de una acción de justicia para personas mayores con delitos menores. Los delitos que se les imputan son torturas, asesinatos, desapariciones forzadas. No estamos hablando de lo mismo”.
Sin arrepentimiento ni colaboración
Otro elemento central para la diputada es la conducta de los condenados. “Jamás se han arrepentido, jamás han colaborado con la justicia”, recalca. Muchos de ellos, agrega, siguen sin entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, lo que agrava su responsabilidad moral y judicial. “Sus condenas fueron tardías, y entre ellos hay casos como el de Miguel Krassnoff, que en la práctica cumple cadena perpetua por la cantidad de vidas que se llevó con su acción fascista de respaldar a la dictadura genocida de Pinochet”.
En este sentido, Pizarro advierte sobre la obligación del Estado en materia de derechos humanos. “Esto es relativizar el rol del Estado en asegurar las garantías de no repetición. Y cuando hablo del rol del Estado, hablo del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Espero que tengamos ese entendimiento, porque hoy enfrentamos una arremetida de impunidad”.
Una estrategia de largo aliento
Para la parlamentaria, este proyecto no es un hecho aislado, sino parte de una agenda persistente. “No es solo este proyecto. Hay otras iniciativas legislativas de la extrema derecha y de la derecha que buscan, una vez más, liberar a los violadores de derechos humanos. Lo han hecho sin detenerse en estos más de 35 años de transición”.
Pizarro teme que, de aprobarse, la norma envíe una señal política grave: que Chile está dispuesto a retroceder en su compromiso con la justicia transicional y con las víctimas. “El Estado y sus poderes no pueden hacerse cómplices ni hacer oídos sordos a las obligaciones internacionales que tienen”.
La diputada concluye con un llamado directo: “Yo espero que este proyecto de ley de verdad no avance. Estamos enfrentando un intento de liberar a los genocidas, y eso sería un golpe a la memoria, a la justicia y a la democracia misma”.
