
Redes sociales y elecciones: la investigación de DEEP PUCV y la advertencia de Elisa Loncón
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En medio de la polémica por el uso de bots y campañas de desinformación en la actual carrera presidencial, un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) advierte que este fenómeno no es nuevo y que ya había sido detectado desde el plebiscito constitucional de 2022.
El proyecto Demoscopía Electrónica del Espacio Público (DEEP) PUCV, encabezado por el académico Pedro Santander Molina, ha seguido de cerca la coordinación de cuentas digitales dedicadas a hostigar liderazgos políticos, especialmente a mujeres, con el fin de incidir en procesos electorales.
El testimonio de Elisa Loncón
La académica mapuche y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, fue una de las principales víctimas de esas campañas de odio. Tras conocerse el comunicado de la PUCV, Loncón publicó un mensaje en sus redes sociales que sintetiza su experiencia:
“Estudio de la @pucv_cl confirma lo que denunciamos desde el proceso constituyente: la derecha dio un portonazo a la democracia con 40 mil bots, donde su enemigo principal, hemos sido las mujeres. Enfrentar la mentira, es defender la democracia”.
Su declaración refuerza el hallazgo central de la investigación: la violencia política digital tiene un componente de género y busca socavar especialmente a las mujeres que ejercen liderazgos visibles.
Un patrón que se repite
Santander recuerda que el equipo académico comenzó a trabajar en esta línea durante el primer plebiscito constitucional, cuando se instaló la Convención encabezada por Loncón. Entonces, el análisis de redes como X (antes Twitter), Facebook e Instagram mostró un patrón de ataques sostenidos contra la presidenta de la instancia.
“Lo que encontramos fue una actividad coordinada de numerosas cuentas —lo que llamamos la tropa digital— que buscaban dañar el proceso constitucional. Los ataques se dirigían a una mujer, y además mapuche, que lideraba un proceso electoral. Hoy vemos un patrón semejante en la campaña presidencial actual, con candidaturas como las de Jeannette Jara y Evelyn Matthei”, señaló Santander.
El Odiómetro y la medición del odio
Para estudiar este fenómeno, DEEP desarrolló el Odiómetro, herramienta con la que se midieron los niveles de hostilidad digital contra la Convención. El resultado fue claro: cerca de 40 mil cuentas participaron activamente en los ataques, de las cuales 11 mil ya habían estado presentes en la campaña por el Rechazo.
Según Santander, esto demuestra que no se trata de expresiones espontáneas, sino de acciones digitales sostenidas, con estructuras de liderazgo y tropa de replicadores que buscan amplificar mensajes y crear una ilusión de mayoría.
El momento electoral
El equipo de la PUCV también observó que estas dinámicas suelen reactivarse entre cinco y seis meses antes de los procesos electorales, con especial intensidad en los tres meses previos a la votación. Ese patrón se repite hoy, en medio de la carrera presidencial, marcada por denuncias de cuentas falsas ligadas a candidaturas de ultraderecha.
Ciencia y democracia
Los resultados del proyecto han sido difundidos en distintas publicaciones, entre ellas “De la hegemonía digital a la derrota electoral: majority illusion en el plebiscito constitucional chileno”, que este año ha visto un alza en descargas, coincidiendo con el nuevo ciclo electoral.
Actualmente, el equipo continúa monitoreando las publicaciones de los candidatos y la interacción que generan en redes como X, Facebook e Instagram, con el fin de aportar evidencia sobre el impacto de estas dinámicas en la conversación pública.
Una advertencia vigente
Las conclusiones de la investigación y las palabras de Elisa Loncón confluyen en un mismo punto: la desinformación digital representa un riesgo directo para la democracia. Lo que comenzó como un hostigamiento contra la Convención se replica hoy contra candidaturas presidenciales, con mensajes coordinados que apelan al odio, la mentira y la violencia política.
Enfrentar esa maquinaria, subraya Loncón, no es solo un desafío académico ni político, sino una condición para defender la democracia en Chile.





