Chile aprueba nueva figura jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada”
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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley la creación de una nueva calificación jurídica: “Persona ausente por desaparición forzada”, destinada a reconocer oficialmente a las víctimas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar de Chile (1973-1990). La norma, aprobada en su tercer trámite constitucional con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, establece además la creación de un registro a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, donde se inscribirán quienes figuren en los informes oficiales de verdad y reparación o cuenten con sentencias judiciales que acrediten su desaparición.
La nueva categoría representa un acto de reparación simbólica para las familias, quienes podrán solicitar un certificado oficial que reconozca la condición de su ser querido como “ausente por desaparición forzada”. Este gesto busca evitar la revictimización que implica recurrir a la declaración de muerte presunta y dar una respuesta institucional a una demanda sostenida durante medio siglo. El registro consignará datos básicos de las víctimas, como nombre, nacionalidad, edad y fecha en que fueron arrestadas, detenidas o privadas de libertad.
Reconocimiento y reparación simbólica
La moción fue impulsada por la diputada Lorena Pizarro, junto a María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Camila Musante, Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Alberto Undurraga y Ericka Ñanco. En la discusión parlamentaria, legisladores como Carmen Hertz, Emilia Schneider, Consuelo Veloso y Gonzalo Winter, entre otros, subrayaron que se trata de una medida histórica que reconoce el dolor de más de 1.100 personas que aún permanecen en calidad de detenidas desaparecidas y que forma parte de los esfuerzos del Plan Nacional de Búsqueda.
Los parlamentarios recalcaron que la calificación no altera estados civiles ni genera beneficios económicos, pero sí constituye un gesto de humanidad y dignidad para las familias que por décadas han exigido verdad, justicia y memoria. “Este reconocimiento permitirá cerrar trámites pendientes sin renunciar a la búsqueda de justicia ni a la exigencia de no repetición”, sostuvieron varios de los intervinientes. Con esta decisión, Chile da un paso más en el fortalecimiento de su política de derechos humanos, enfrentando una de las heridas más profundas que dejó la dictadura.
Serafín Rodríguez says:
Interesante