Congreso aprueba creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos
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Con un amplio respaldo en la Sala, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado y despachó a ley el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (boletín 13.991). La iniciativa, que llevaba años en tramitación, marca el inicio de una nueva institucionalidad destinada a garantizar asesoría jurídica y apoyo psicosocial a personas que no pueden procurárselos por sí mismas, así como a víctimas de delitos.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que el nuevo servicio permitirá que el Estado otorgue acompañamiento integral, incluyendo representación en procesos judiciales. Además, recordó el caso de Alejandro Martínez González, joven asesinado en Llolleo en 2008, cuyos padres impulsaron aspectos claves de esta reforma. Legisladores pidieron que la ley lleve su nombre como homenaje.
Un servicio descentralizado con nuevas atribuciones
El nuevo organismo será descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Tendrá sede en Santiago y direcciones regionales para su implementación territorial.
Entre sus principales funciones se encuentran:
Orientación y asesoría legal gratuita.
Representación jurídica a personas de grupos de especial protección.
Apoyo psicosocial y social a víctimas de delitos.
Administración del sistema de mediación familiar.
Promoción de programas de resolución colaborativa de conflictos.
Asimismo, el Servicio será sucesor legal de las actuales corporaciones de asistencia judicial, concentrando en una sola entidad áreas y programas que hasta ahora operaban dispersos.
Defensoría de Víctimas: apoyo integral
Una de las principales innovaciones es la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos, que otorgará:
Información y asesoría sobre sus derechos.
Acompañamiento en medidas de protección solicitadas a fiscales y tribunales.
Representación jurídica en procesos penales y acciones civiles derivadas del delito.
Apoyo psicológico y social para mitigar la victimización secundaria.
El texto también establece que funcionarios policiales podrán acceder a este apoyo en caso de ser víctimas en el ejercicio de sus funciones.
Valoraciones y expectativas
En el debate parlamentario, legisladores de distintos sectores coincidieron en que la iniciativa representa un avance histórico en acceso a la justicia. Destacaron que la reforma no solo entrega asesoría legal, sino que también integra medidas de apoyo social y psicológico, respondiendo de manera más completa a las necesidades de la ciudadanía.
Por su parte, la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), que agrupa a trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial, celebró la aprobación, pero advirtió que el verdadero cambio dependerá de que se termine con la precarización laboral y la falta de recursos.
“Este es un paso muy importante, pero esperamos que ponga fin a las condiciones críticas que han afectado a nuestra institución desde 1981”, señaló Victoria Escalante, presidenta de la Fenadaj.
Con esta aprobación, el país contará con una nueva institucionalidad que busca garantizar el acceso a la justicia como un derecho, fortaleciendo la defensa de las víctimas y mejorando las condiciones de quienes históricamente han enfrentado barreras económicas y sociales para ejercerlo.
