Corte acoge desafuero del diputado Joaquín Lavín León en investigación por corrupción
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La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este jueves acoger la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, lo que implica que el parlamentario pierde su inmunidad y queda habilitado para ser formalizado en la investigación que lo vincula a delitos de corrupción, fraude al fisco y emisión de facturas falsas.
La decisión, solicitada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, se enmarca en una investigación que abarca presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de Cathy Barriga, exalcaldesa y esposa de Lavín. Según la fiscalía, el diputado habría participado en operaciones relacionadas con facturas ideológicamente falsas, tráfico de influencias y malversación de recursos públicos.
Pérdida de fuero e implicancias
El desafuero implica que Lavín queda suspendido de sus funciones parlamentarias, sin derecho a participar en sala ni en comisiones, y que los tribunales podrán continuar con las diligencias judiciales, incluidas eventuales medidas cautelares. Su defensa ya anunció que apelará ante la Corte Suprema.
La voz del Frente Amplio
La diputada Claudia Mix, representante del distrito afectado y jefa de bancada del Frente Amplio, recordó que la investigación tiene antecedentes que se remontan a 2018, cuando junto al diputado Pablo Vidal presentaron antecedentes en la Contraloría General de la República.
“Junto al diputado Pablo Vidal, estuvimos ante la Contraloría General de la República el año 2018, presentando antecedentes por posibles irregularidades y malas prácticas en la gestión municipal de Maipú.
Esa acción dio origen a la investigación que hoy conocemos y que finalmente ha derivado en el desafuero del parlamentario Joaquín Lavín León.Pero quiero ser clara: no hay nada que celebrar.
Cuando una autoridad es investigada o sancionada por corrupción, lo que se pierde no es solo confianza en las instituciones, se pierden recursos que pertenecen a todas y todos los ciudadanos.
La ciudadanía termina pagando dos veces: primero con la malversación de fondos que afecta directamente los servicios públicos, y luego con la pérdida de representación cuando un parlamentario o una autoridad queda inhabilitada para ejercer su cargo.Si algo puede rescatarse, es que la justicia está funcionando y que hoy existe más disposición a investigar estos casos con transparencia.
Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo político y ético: necesitamos autoridades a la altura de la confianza que les entrega la gente, que entiendan que los cargos públicos son una responsabilidad y no un privilegio.Espero sinceramente que este proceso sirva para reforzar la probidad y para que se repare el daño causado, especialmente a las vecinas y vecinos de Maipú.
Y, sobre todo, para que nunca más sea la ciudadanía la que termine pagando los costos de la corrupción.”
Un caso emblemático de probidad
El desafuero de Lavín abre un nuevo capítulo en los esfuerzos de la justicia chilena por investigar y sancionar delitos de corrupción en autoridades electas. Más allá de las consecuencias individuales, el caso plantea interrogantes sobre la confianza ciudadana en las instituciones y la necesidad de elevar los estándares de probidad y responsabilidad política en la administración pública
