A seis años del Estallido Social: la Comisión Chilena de DD.HH. denuncia impunidad y reafirma compromiso con las víctimas
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Al cumplirse seis años del Estallido Social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) emitió una declaración pública en la que reafirma la legitimidad de las causas que motivaron las masivas protestas de octubre de 2019, denuncia la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo y exige al Estado cumplir sus obligaciones internacionales.
Demandas insatisfechas y malestar social persistente
En el documento, la CCHDH recuerda que las movilizaciones sociales fueron “el grito mayoritario” contra el modelo político, económico y social impuesto en dictadura y administrado por los gobiernos transicionales. Dicho modelo, señala la Comisión, perpetúa la desigualdad, niega derechos sociales básicos y constituye un incumplimiento de los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
A seis años de esas jornadas, las demandas permanecen insatisfechas. La Comisión cita la última encuesta de CADEM, que señala que para el 80% de la ciudadanía las demandas sociales no han sido resueltas y han empeorado, especialmente en costo de la vida (89%), delincuencia (88%), calidad de la política (77%), pobreza (67%) y desigualdad (61%).
Pese a la estigmatización de la protesta social por parte de sectores que buscan mantener sus privilegios, el malestar mantiene respaldo ciudadano. Según la misma encuesta, el 58% considera que el Estallido fue una expresión de descontento generalizado, y un 57% lo estima necesario para visibilizar los problemas del país.
Violaciones a los DD.HH. y consolidación de la impunidad
La CCHDH subraya la “violenta reacción” del gobierno de Sebastián Piñera frente a la movilización social, que derivó en una “masiva y sistemática violación a los derechos humanos, constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.
Sin embargo, lamenta que la impunidad se haya consolidado. De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional, de los 10.142 casos de violencia institucional registrados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, solo 623 siguen vigentes, y apenas 67 terminaron en sentencias condenatorias.
La Comisión también recuerda las observaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, quien en agosto de 2024 expresó preocupación por el lento avance de los procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos en contraste con la rapidez de los juicios por daños a la propiedad.
Además, denuncia la ausencia de una ley de reparación para las víctimas, pese a la magnitud de los crímenes: 30 personas asesinadas, dos cegadas totalmente y 464 con trauma ocular, según cifras oficiales.
Compromiso con verdad, justicia y un sistema democrático real
En su declaración, la CCHDH reafirma su compromiso “irrenunciable” con las víctimas y sus familias, exigiendo al Estado cumplir las normas internacionales para evitar responsabilidades ante la comunidad internacional.
Finalmente, la Comisión plantea la necesidad de avanzar hacia un Estado Democrático y Social de Derecho, en el que los derechos humanos —especialmente los sociales y económicos— sean la base de la convivencia y de la dignidad humana.
“Reiteramos nuestro compromiso institucional de seguir bregando por un sistema democrático verdadero, en el que el respeto y garantía de los derechos humanos sean la base del Estado que anhelamos mayoritariamente”, concluye la declaración.
