Fiscalía estrecha el cerco sobre Ángela Vivanco y ordena detener a su pareja y dos abogados en la trama bielorrusa
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El Ministerio Público dio un nuevo paso decisivo en la investigación por corrupción que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Este martes, la Fiscalía Regional de Los Lagos obtuvo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorización para detener a tres personas clave en el denominado caso “Muñeca bielorrusa”, entre ellas la pareja de la exmagistrada, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Según informó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el tribunal estimó que existen “antecedentes suficientes” y “presunciones fundadas de participación” en delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos, todos de alta gravedad por el volumen de los dineros ilícitos, que superarían los miles de millones de pesos.
El fallo del juzgado advierte, además, que los hechos investigados “traen consigo un evidente peligro de fuga”, lo que justificó la orden de detención inmediata. Durante la tarde, Migueles y Lagos se entregaron voluntariamente ante Carabineros, mientras que Vargas —quien también enfrenta imputaciones— permanecía prófugo al cierre de esta edición.
El nexo con la “trama bielorrusa”
La investigación apunta al rol de los abogados Vargas y Lagos en la representación de la empresa Belaz Movitec SpA, un consorcio chileno-bielorruso que demandó a Codelco y logró que la cuprífera estatal desembolsara 17 mil millones de pesos tras un fallo que, según la Fiscalía, fue influido por Vivanco mientras integraba la sala que resolvió el caso.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, lidera las diligencias, que incluyen allanamientos simultáneos a los domicilios de los tres imputados y al estudio jurídico que Vargas y Lagos comparten con el exdiputado Gabriel Silber y la hermana del exfiscal Manuel Guerra. En esa oficina, Carabineros incautó computadores y documentos vinculados a la causa, mientras Silber quedó apercibido.
La indagatoria detectó pagos triangulados y transferencias sospechosas entre sociedades vinculadas a Migueles, Vargas y conservadores de Bienes Raíces como Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto), ambos también allanados en semanas anteriores.
Najle habría transferido $25 millones a Migueles mediante una sociedad, lo que —según el OS7 de Carabineros— podría configurar lavado de activos.
El cerco se estrecha sobre Vivanco
Aunque la exministra Ángela Vivanco aún no ha sido formalizada, la Fiscalía evalúa presentar una querella de capítulos, paso previo para imputar formalmente delitos que podrían involucrar uso indebido del cargo judicial para favorecer intereses privados.
Vivanco ya había sido allanada a fines de octubre, cuando el Ministerio Público incautó dinero en efectivo y un computador desde su vivienda en el sector oriente de Santiago.
El fiscal Marco Muñoz, quien encabeza parte de las diligencias, evitó entregar detalles, pero confirmó que las actuaciones de Carabineros se realizaron “en cumplimiento de una resolución judicial”.
La causa, conocida públicamente como “Muñeca bielorrusa”, forma parte de una red de corrupción judicial más amplia que también intersecta con el caso Hermosilla, donde aparecen los mismos nombres de abogados, conservadores y operadores de alto poder.
Reacciones políticas: “Una red brutal de corrupción”
El diputado socialista Daniel Manouchehri, querellante en el caso Hermosilla, reaccionó con dureza ante los últimos allanamientos y detenciones.
“Los allanamientos en la casa de Vivanco y las detenciones de los poderosos abogados Vargas y Lagos confirman lo que venimos denunciando solitariamente con la diputada Daniella Cicardini desde el inicio del caso Hermosilla”, señaló.
“Estamos en presencia de una red donde los nombramientos judiciales no eran un fin, sino una herramienta para actos brutales de corrupción. Esta misma red donde Antonio Ulloa era un importante engranaje. Esperamos que se investigue a fondo, porque la única manera de devolverle la confianza a Chile es que los responsables paguen con cárcel”.
La investigación, que comenzó centrada en posibles pagos irregulares a jueces y conservadores, se ha expandido hacia delitos financieros, manipulación institucional y tráfico de influencias en la cúspide del sistema judicial chileno.
Una investigación que recién comienza
Los investigadores del OS7 y la Fiscalía Regional de Los Lagos continúan analizando la documentación incautada en las últimas semanas, considerada “crucial” para reconstruir el flujo de dinero y los vínculos entre los imputados.
El Ministerio Público evalúa además extender la investigación a otras causas judiciales en las que participó Vivanco durante su permanencia en la Corte Suprema, mientras el país observa cómo se desmorona una de las figuras más influyentes del poder judicial chileno.
El caso Vivanco se ha convertido en un símbolo de la erosión institucional y del entrelazamiento entre justicia, poder y negocios.
Su desenlace podría marcar un antes y un después en la credibilidad del sistema judicial chileno.
