Senado destituye al ministro Antonio Ulloa por notable abandono de deberes
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En una histórica jornada, el Senado aprobó por amplia mayoría los tres capítulos de la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, por “notable abandono de deberes”. Con esta votación, el magistrado quedó destituido de su cargo y no podrá ejercer ninguna función pública, sea o no de elección popular, por los próximos cinco años.
La resolución se adoptó luego de un extenso debate que se prolongó durante toda la jornada. En la sesión matutina, los diputados Daniel Manouchehri, Eric Aedo y la diputada Carolina Tello —encargados de formalizar la acusación— expusieron los fundamentos del libelo aprobado el 29 de octubre por la Cámara de Diputadas y Diputados, con 141 votos a favor y solo uno en contra.
Por la tarde, el Senado asumió su rol de jurado constitucional y, tras escuchar los argumentos de las partes, deliberó y votó los tres capítulos por separado.
Mayoría contundente
El primer capítulo, relativo a la filtración de información reservada, fue aprobado con 44 votos a favor y tres abstenciones.
El segundo, referido al deber de abstención e imparcialidad en decisiones judiciales, se aprobó por 27 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones.
Y el tercero, sobre intervención indebida en nombramientos judiciales, obtuvo 30 votos favorables, siete en contra y ocho abstenciones.
Con este resultado, la acusación fue acogida en su totalidad, configurando una de las sanciones más severas en la historia reciente del Poder Judicial chileno.
La defensa y los cuestionamientos
Durante su intervención, el ministro Ulloa insistió en que la acusación “carece de rigor” y negó haber filtrado información o favorecido a terceros. Alegó que su vínculo con el abogado Luis Hermosilla fue “circunstancial y precario” y denunció una “operación política” detrás del proceso.
Su abogado defensor, Domingo Hernández, sostuvo que no existían pruebas de que el magistrado hubiese vulnerado deberes constitucionales, y advirtió que el libelo vulneraba el principio de non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Pese a estos argumentos, la mayoría de los senadores coincidió en que los antecedentes reunidos demostraban un patrón de conducta incompatible con la función judicial.
“La justicia no puede ser herramienta de los poderosos”
El senador Iván Moreira subrayó que “no se juzgan los fallos del ministro, sino sus actuaciones extrajudiciales”, advirtiendo que los recientes escándalos judiciales “ponen un manto de dudas sobre la imparcialidad de los jueces”.
Juan Luis Castro destacó que Ulloa “entregó información a terceros, vulnerando el deber de reserva”, mientras Karim Bianchi recalcó que la acusación “no vulnera el principio non bis in idem, porque el Congreso ejerce control político, no jurisdiccional”.
La senadora Carmen Gloria Aravena sostuvo que el Senado debía deliberar “con respeto y convicción, porque aquí se discute la credibilidad de un poder del Estado”. En tanto, Francisco Huenchumilla apuntó que “la confianza en la justicia es el pilar de todo Estado de Derecho”.
La senadora Yasna Provoste afirmó que Ulloa “faltó a la verdad y abandonó el deber de imparcialidad”, mientras Fabiola Campillai fue tajante: “Nuestra gente no quiere más abandono de deberes. Quieren que seamos fuertes ante la corrupción”.
Un voto de advertencia institucional
José Miguel Insulza, Tomás de Rementería y Alfonso De Urresti respaldaron los tres capítulos, argumentando que “la conducta del juez se apartó del estándar ético y legal exigido”.
De Urresti fue especialmente duro: “Usted ha faltado a una tradición histórica de jueces probos y honestos. Se convirtió en el paradigma del juez con un actuar torcido y deshonesto”.
Otros senadores, como Matías Walker, votaron solo a favor del primer capítulo, estimando que “no existen antecedentes suficientes para calificar al ministro como un juez corrupto”.
En tanto, Pedro Araya, Francisco Chahuán y Rojo Edwards expresaron reparos al considerar que el proceso podría haber vulnerado garantías constitucionales.
Pese a estas disidencias, la mayoría coincidió en que el caso Ulloa debía ser leído en el contexto de una crisis institucional más amplia, vinculada a los recientes casos de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial.
“Restaurar la confianza en la justicia”
El senador Esteban Velásquez planteó que “la acusación debe entenderse como un esfuerzo por restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia”.
Paulina Vodanovic agregó que los antecedentes revelaron “una red de favores e influencias incompatibles con la probidad y la independencia judicial”.
Juan Castro Prieto advirtió que el comportamiento del magistrado “no es un error aislado, sino un patrón de conducta que exige control constitucional”.
Alejandro Kusanovic sostuvo que Ulloa “demostró un patrón impropio del rol judicial”, mientras Ximena Rincón lamentó el uso mediático del caso, y David Sandoval rechazó la acusación, pidiendo “no criminalizar la sociabilidad profesional entre jueces y abogados”.
Un precedente institucional
Con la aprobación del libelo, el Senado marcó un hito en materia de control político y responsabilidad judicial.
El magistrado Antonio Ulloa Márquez —acusado de filtrar información, intervenir en nombramientos e infringir el deber de imparcialidad— queda inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.
Más allá del resultado, la sesión dejó en evidencia la magnitud de la crisis de confianza que enfrenta el Poder Judicial chileno. Como señaló el diputado Eric Aedo en la presentación de la acusación, “cuando la justicia se convierte en herramienta de los poderosos, la ley se pervierte y el derecho deja de ser un instrumento de justicia”.
