“Es gente con conductas gangsteriles”: exsuperintendente denuncia cómo las AFP manipulan la política con dinero de los trabajadores

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El corazón del debate político chileno se encuentra esta semana sacudido por una revelación que trasciende el mero ruido electoral. Un reportaje del medio digital Reportea, en colaboración con la plataforma Vergara 240 de la Universidad Diego Portales, ha desenmascarado lo que hasta ayer muchos sospechaban: la industria de las pensiones ya no solo administra los ahorros de los trabajadores, sino que financia directa y clandestinamente campañas políticas para proteger sus intereses.
La asociación gremial que agrupa a las Asociación de AFP, hasta ahora reservada a los salones financieros, aparece en esta investigación como el sostén oculto de la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Bernardo Fontaine —hoy miembro del comando del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast—. Las evidencias muestran pagos a influencers, cuentas trolls y campañas digitales cuyo objetivo era frenar reformas previsionales y atacar candidaturas presidenciales como la de Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

Voz autorizada: Álvaro Gallegos derriba el velo

En conversación con Radio Universidad de Chile, el exsuperintendente de Pensiones Álvaro Gallegos no dejó espacio para medias tintas: “Es una muestra de cómo se manipula a la opinión pública con recursos de los trabajadores… son gente que realmente tiene conductas gangsteriles”. Gallegos acusó a las AFP de financiar “mentiras y falsedades” para influir en decisiones electorales.
Añadió que la acción de la Superintendencia de Pensiones, que ofició a las AFP para que entreguen información sobre publicidad gestionada en campañas, es un gesto mínimo frente a las limitaciones institucionales: “Sigue diseñada de modo que estamos expuestos a estas conductas tan penosas”.

Alvaro Gallegos

Silencios, evasiones y prensa envuelta

Lo que hace este escándalo aún más pernicioso es el silencio cómplice: durante el debate presidencial del pasado lunes, ningún periodista preguntó a Kast por esta vinculación entre su entorno, la AFP y la fundación de Fontaine. Al contrario: los medios tradicionales que cubrieron el evento se concentraron en detalles triviales como el color de su corbata, mientras la grave denuncia permanecía ignorada.
Ese silencio mediático no es casual. La prensa tradicional —y sobre todo los grandes consorcios de comunicación— ha preferido dejar fuera del foco esta historia que cuestiona no solo al mundo político, sino al financiero. En un país donde los medios reproducen sin filtro los discursos del poder económico, obviar la denuncia es una forma de complicidad.

Un poder que interviene la política

Las AFP han operado durante décadas como actores con privilegios: administran fondos de trabajadores, cuentan con rentabilidades astronómicas y ejercen influencia en la economía. Pero ahora, este reportaje revela que ese poder trasciende el lucro financiero para incidir directamente en la política.
La fundación de Fontaine no actuó en el vacío: se presentó públicamente como una organización ciudadana que decía “con mi plata no” a las reformas, mientras, según la investigación, recibía recursos de las AFP. Jara lo señaló con claridad: “Con la plata de los cotizantes se pagaba campaña… y hoy contra mi candidatura y la de Matthei”.

Un tsunami que se asoma a la elección

Las elecciones del próximo domingo se desarrollan bajo esta sombra. Lo que está en cuestión no es solo quién gana la presidencia o los escaños parlamentarios, sino cómo se está utilizando políticamente el sistema previsional, con impacto directo en la democracia.
La derecha dividida, la izquierda en tensión y una ciudadanía cada vez más crítica —pero con poca cobertura mediática— se enfrentan a un tablero donde el dinero de los trabajadores está siendo usado para moldear sus propias decisiones de voto. Eso convierte esta revelación en algo más que un escándalo: es una señal de alarma democrática.
Si este asunto se profundiza —y las investigaciones avanzan— podría generar reacciones que modifiquen el comportamiento electoral. En ese sentido, no es solo un factor más en la campaña: puede llegar a ser decisivo.

¿Y ahora qué sigue?

Las instituciones tienen una prueba de fuego ante sí. Que la Superintendencia oficie es apenas el primer paso. Falta verificar los contratos, revisar facturas, rastrear los recursos y revelar quién realmente pagó a quién. La transparencia es esencial, pero sin mecanismos que actúen, la denuncia se quedará en palabras.
La prensa tiene un rol clave: dejar de lado los titulares livianos, investigar, preguntar y sostener la noticia hasta que haya respuestas. El periodismo no puede seguir repitiendo lo que conviene a quienes tienen poder.
La ciudadanía también: cuando se entera de que sus propios ahorros pueden estar siendo usados en su contra, despierta. Y ese despertar es incómodo para quienes están acostumbrados a que no se les pregunte.

Este episodio revela mucho más que un financiamiento irregular. Revela cómo opera un sistema que atraviesa lo político, lo económico y lo comunicacional. Revela el poder de las redes, la industria del influjo digital y la complicidad del silencio.
En un país que debate qué modelo quiere para sus pensiones, esta historia dice algo más profundo: no se juega solo con dinero o votos, se juega con la libertad de decidir.

Si algo puede rescatarse en esta crisis, es la posibilidad de que los chilenos miren hacia lo que va más allá de la verdad técnica y se pregunten por la ética del sistema que eligen.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista