Juristas de 35 países alertan sobre una escalada de amenazas en el Caribe y exigen respeto al Derecho Internacional
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En Caracas, más de un centenar de juristas provenientes de 35 países se reunieron el 13 y 14 de noviembre de 2025 para debatir el creciente clima de tensión en el Caribe y el papel que Estados Unidos ha asumido en la región. Tras dos jornadas de intercambio, la asamblea emitió una declaración conjunta que busca instalar una voz jurídica internacional frente a lo que describen como una “grave amenaza para la paz regional y global”.
La declaración parte con una condena categórica a toda forma de injerencia, coerción o agresión que vulnere la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Los juristas advierten que las medidas coercitivas unilaterales y las acciones militares sin sustento legal no solo contravienen las normas vigentes, sino que profundizan la inestabilidad en un territorio históricamente tensionado por intereses geopolíticos externos.
Ejecuciones extrajudiciales y operaciones militares en el Caribe
Uno de los puntos más sensibles del documento es la denuncia de recientes ejecuciones extrajudiciales en aguas del Caribe atribuidas a acciones unilaterales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los firmantes califican estos hechos como violaciones flagrantes tanto de los derechos humanos como del propio derecho internacional.
En este marco, el grupo exhorta directamente al gobierno estadounidense a detener sus operaciones militares en la zona y a abandonar cualquier forma de amenaza contra América Latina. La escalada descrita, afirman, representa un riesgo real para la estabilidad hemisférica.
Un llamado a la acción global y regional
La declaración enfatiza también la necesidad de reactivar con urgencia el multilateralismo regional, recordando la proclama de la CELAC de 2014 que declara a América Latina y el Caribe como una “zona de paz”. Según los juristas, esta promesa debe ser retomada con determinación ante el escenario actual, marcado por nuevos focos de confrontación y presiones externas.
A nivel internacional, los firmantes convocan a juristas de todas las naciones miembros de la ONU a vigilar, denunciar y documentar cualquier vulneración del Derecho Internacional que amenace la paz. Proponen, además, la conformación de una amplia liga de juristas dedicada a impulsar una denuncia formal ante instancias competentes por las amenazas desplegadas por Estados Unidos en el Caribe.
Conciencia pública y defensa de la paz
Además de las acciones institucionales, la declaración insiste en la importancia de organizar actividades de sensibilización y debates públicos para alertar a las sociedades sobre los riesgos que se ciernen sobre la región. La construcción de una paz duradera —señalan— solo puede asentarse en la justicia social, la equidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos y del Derecho Internacional.
Firmada el 14 de noviembre de 2025 en Caracas, la declaración se presenta como un intento de articular una respuesta jurídica internacional frente a un escenario que, a juicio de los participantes, exige vigilancia, coordinación y firmeza.
