Diputado Cristián Araya bajo la lupa: la Trama Bielorrusa, un pago de $1,7 millones y el silencio del Partido Republicano
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Una nueva arista de la ya compleja “Trama Bielorrusa” ha salido a la luz este 22 de noviembre, cuando el medio CIPER Chile difundió el informe oficial del OS‑7 de Carabineros de Chile que documenta varias conversaciones interceptadas donde aparece el nombre del diputado Cristián Araya del Partido Republicano. En una de las grabaciones, el empresario conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, asegura haber entregado la suma de $1,7 millones al parlamentario. La respuesta del Partido Republicano y del candidato presidencial de ese sector, José Antonio Kast, ha sido escasa; los medios, por su parte, han reducido significativamente la cobertura, lo que abre interrogantes sobre transparencia, poder y complicidad.
El origen del escándalo
El expediente aludido es el Oficio Reservado N° 3.145 del OS-7, enviado a la Fiscalía Regional de Los Lagos el 16 de octubre. Contiene múltiples transcripciones de llamadas interceptadas al empresario Yáber, vinculado a la red de influencias que rodea la defensa del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, actualmente acusado constitucionalmente. En una conversación del 3 de octubre, Yáber afirmó:
“Le traje el millón siete a Cristián Araya hoy día… la comisión”.
En otra, confesó que había citado al diputado en su casa para “amarrarlo” con el tema del caso Ulloa:
“Estamos en campaña … Pero no va por eso, lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, pa’ que la bancada se ponga”.
El informe concluye de modo claro: esos hechos “eventualmente podrían revestir carácter de delito”.
Silencio oficial y omisión mediática
Tras la publicación del reportaje, Araya se limitó a un escueto mensaje en su cuenta de X: “Las imputaciones que hace el artículo son falsas”. No entregó pruebas ni explicó el origen del dinero. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó la investigación como un intento de “enlodar a alguien que tenga relación con nuestro sector”. Por su parte, José Antonio Kast dijo que anticipó que habría “90 días de difamaciones, de mentiras”.
Lo que resulta más llamativo es cómo el episodio ha desaparecido de las portadas más visibles del país. Medios de circulación masiva han reducido su atención al caso, muros que antes serían escandalosos pasan ahora con escasa difusión. Esta omisión alimenta la sensación de que el episodio está siendo manejado políticamente.
Implicaciones políticas
Riesgo reputacional para el Partido Republicano
La defensa del ex-juez Ulloa ya parecía un espacio de poder fuera del escrutinio público; la revelación de pagos y vínculos con parlamentarios de ese sector expone un entramado de influencia que vincula lo judicial, lo legislativo y lo mediático.
Pérdida de credibilidad ante los votantes
Para Araya, la acusación llega en tiempos críticos: la segunda vuelta presidencial ya está en marcha, y los electores están especialmente sensibles a temas de transparencia, corrupción y vínculo entre política y dinero.Agenda mínima y cortina de humo hacia el oficialismo
El silencio del partido y la baja cobertura implican que quizás no se trata solo de proteger a Araya, sino de minimizar el impacto del escándalo para no contaminar la campaña de Kast. En ese sentido, la estrategia podría estar orientada a mantener el foco electoral en la candidata progresista y evitar que el tema se transforme en un segundo “vídeo del yate” o similar.
¿Por qué importa?
La Trama Bielorrusa ya había sido identificada como una red de influencias judiciales y políticas que operaba para proteger a altos cargos —como Ulloa— favoreciendo a actores vinculados al sector privado. Con Araya aparece una pieza clave: un diputado del partido que aspira a gobernar. Si se confirma que recibió dinero de Yáber, el caso se traslada de lo judicial a lo electoral.
Para Chile, el impacto va más allá del Partido Republicano. Se trata de un sistema que articula dinero privado, poder legislativo y justicia institucional. Un test para la capacidad del sistema judicial chileno de investigar sin presiones políticas, y para los medios, de mantener la agenda cuando el poder está involucrado.
¿Qué sigue?
La Fiscalía Regional de Valparaíso ya lo tiene como “sujeto de interés” en la investigación.
Se espera que las escuchas y anexos completos —publicados por CIPER— sean objeto de análisis parlamentario y judicial.
Araya y el Partido Republicano deberán decidir si permanecen en silencio o ofrecen explicaciones completas; la opción que elijan puede definir su futuro político.
Este es un momento decisivo. Mientras la candidata progresista enfatiza limpieza y renovación, el otro lado del tablero enfrenta su propio susto: que el enemigo no sea solo la izquierda, sino el entrelazamiento del poder con el dinero y las sombras del sistema. La duda queda flotando: ¿un diputado del gobierno que viene o una pieza de un sistema mayor?
Felipe Portales says:
Una vez abierta la Caja de Pandora…