CNTV opta por el silencio: la censura que deja sin voz a las víctimas de violencia de género
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El Consejo Nacional de Televisión rechazó difundir la campaña estatal Una Ley en Nombre de Todas, destinada a informar sobre la Ley Integral de Violencia de Género. El Gobierno acusa un precedente inédito y discriminatorio; el CNTV alega cautela en periodo electoral.
El veto del CNTV a la campaña contra la violencia de género: cuando la neutralidad electoral se vuelve silencio
En pleno noviembre, un mes clave para las políticas de género en Chile, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) decidió no aprobar la difusión de la campaña de interés público Una Ley en Nombre de Todas, impulsada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El mensaje, que buscaba informar sobre los alcances de la Ley 21.625, una norma central en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, estaba programado para emitirse entre el 20 y el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La razón entregada por el CNTV fue técnica, pero cargada de significados políticos: no se alcanzó el quórum de siete votos necesario para aprobar la campaña. Quienes votaron en contra —o se abstuvieron, permitiendo que no hubiera quórum— argumentaron que, dada la cercanía del periodo electoral, el organismo debía ejercer especial prudencia para evitar que los mensajes estatales pudieran confundirse con propaganda política.
El resultado, sin embargo, fue que un mensaje diseñado para fortalecer derechos fundamentales quedó fuera de la televisión abierta, justo cuando más se requería su difusión.
Una campaña que informa derechos, no candidaturas
La campaña del Ministerio de la Mujer no contenía referencias partidarias ni alusiones a autoridades. Su propósito era estrictamente informativo: explicar los cambios sustantivos de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, entre ellos el fortalecimiento de medidas cautelares, el reconocimiento de la violencia digital y gineco-obstétrica, y la creación de un sistema integrado de atención para víctimas que busca evitar la revictimización.
A juicio del Gobierno, la negativa del CNTV constituye un hecho inédito. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que “por primera vez desde que hay registro” se impide la difusión de una campaña de este tipo. La vocera Camila Vallejo calificó la decisión como “incomprensible”, subrayando que en años anteriores campañas similares se emitieron sin objeciones, incluso en contextos electorales.
Desde el Ejecutivo se enfatiza, además, que impedir la campaña afecta directamente a mujeres que dependen de la televisión abierta —especialmente en zonas rurales y con limitada conectividad digital— para acceder a información clave sobre sus derechos.
El argumento del CNTV y sus límites
La posición de quienes bloquearon la aprobación se sustenta en un principio formal: la neutralidad electoral. Sostienen que, en tiempos de campaña, el Estado debe ser extremadamente cuidadoso con los mensajes que difunde, para evitar cualquier instrumentalización política.
Aunque el fondo de la campaña fue valorado por todos los consejeros, algunos advirtieron que su emisión podría “generar confusión” o interpretarse como un intento del Gobierno por reforzar su agenda comunicacional en un momento políticamente sensible.
La preocupación por evitar interferencia electoral es legítima. La cuestión es si esa prudencia justifica suspender la difusión de una campaña de derechos humanos esenciales, cuya urgencia y pertinencia trascienden la coyuntura de cualquier elección.
Cuando la neutralidad electoral se vuelve silencio institucional
En este caso, la decisión del CNTV revela una tensión profunda: la neutralidad electoral no puede convertirse en un cerrojo que impida al Estado comunicar políticas esenciales para la protección de las mujeres. La violencia de género no se suspende por calendario, no entra en receso por elecciones, no se vuelve menos urgente cuando hay campaña presidencial o parlamentaria.
Al aplicar un criterio restrictivo que nunca había sido utilizado para campañas de esta naturaleza, el CNTV instala un precedente preocupante: la idea de que informar sobre violencia de género puede ser interpretado como un acto político partidista.
El trasfondo institucional y social
A ello se suma un aspecto estratégico: la televisión abierta sigue siendo el principal medio de información en vastos sectores del país. Al excluir esta campaña, el CNTV limita la capacidad del Estado para llegar a las audiencias donde más se necesita el mensaje.
El traspié del CNTV no sólo bloquea un spot: diluye una política pública, debilita la visibilidad de una ley crucial recién implementada y envía una señal equívoca justo en el mes en que Chile conmemora la lucha contra la violencia de género.
Simón del Valle
