Senado rechaza acusación constitucional contra Diego Pardow y cierra un capítulo marcado por errores técnicos y debate político
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El Senado desestimó ambos capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, cerrando así un proceso que surgió tras el error de cálculo que derivó en un aumento inesperado en las tarifas eléctricas. Con la votación, Pardow —quien había renunciado previamente al cargo— quedó libre de la sanción que lo habría inhabilitado para ejercer funciones públicas durante cinco años.
La decisión se tomó luego de extensas exposiciones en Sala y debates centrados en la responsabilidad política, técnica y administrativa del exministro en el marco de la fijación tarifaria de 2024, así como en su reacción frente al error detectado por la empresa Transelec.
Las votaciones: ambos capítulos fueron rechazados
El Senado votó por separado los dos capítulos del libelo:
Primer capítulo (supuesto incumplimiento de eficiencia, eficacia y probidad administrativa):
17 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención.Segundo capítulo (reacción ante el error de cálculo informado por Transelec):
21 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones.
Al no alcanzar la mayoría necesaria, el capítulo también quedó rechazado.
Con este resultado, el exministro quedó definitivamente absuelto.
Argumentos predominantes: gestión deficiente, pero no infracciones constitucionales
La mayoría del Senado coincidió en que, aunque hubo una gestión deficiente y errores graves por parte del Ministerio de Energía y los órganos técnicos implicados, estos no configuraban infracciones a la Constitución ni a las leyes que justificaran una destitución.
Principales argumentos de quienes rechazaron la acusación
José Miguel Insulza: No se demostraron fallas que constituyan delito ni infracción constitucional.
Tomás de Rementería: Se le acusaba por no intervenir en decisiones técnicas de un órgano autónomo, lo que habría sido ilegal.
Carmen Gloria Aravena: Hubo errores, pero no dolo ni apropiación; la acusación no se sostiene jurídicamente.
Esteban Velásquez: Falta de fundamento para convertir errores técnicos en una infracción constitucional.
Juan Luis Castro: No hubo ocultamiento deliberado; la sanción habría sido desproporcionada.
Gastón Saavedra: El ministro no tenía rol alguno en el cálculo técnico de Transelec.
Fabiola Campillai: El error fue técnico, la responsabilidad política ya se asumió con la renuncia.
Matías Walker: La acusación pedía al ministro intervenir decisiones técnicas que la ley reserva a organismos autónomos.
Yasna Provoste: La acusación se basaba en opiniones, no en hechos jurídicos comprobables.
Francisco Huenchumilla: El sistema tarifario depende de órganos reguladores; no hubo infracción constitucional.
Alfonso De Urresti: No se puede imputar al ministro decisiones que correspondían a la CNE.
Ricardo Lagos: Se pretendía exigir responsabilidades no contempladas en la ley.
Para esta mayoría, la renuncia de Pardow ya había materializado la responsabilidad política.
Argumentos del sector que buscaba destituir al exministro
El grupo que votó a favor del libelo —principalmente desde la oposición— puso el acento en el impacto social del error tarifario y en la supuesta pasividad del exministro:
Karim Bianchi: El error encareció la vida de millones; el Ministerio actuó como “guardería” ocultando información.
Rojo Edwards: Se ocultó información por más de un año; debía existir una sanción ejemplar.
Gustavo Sanhueza: No se puede normalizar la negligencia con impacto directo en hogares del país.
Luz Ebensperger: El ministro es quien fija el precio final; debió revisar los cálculos.
Pedro Araya: Faltó supervisión política y capacidad para activar controles.
Ximena Rincón: El ministro firmó decretos sin verificar la racionalidad del cálculo; actuó con negligencia.
Javier Macaya: No se tomaron medidas correctivas a tiempo, ni se exigió la restitución inmediata de cobros excesivos.
Para este sector, el error tarifario y su manejo generaron un daño al país que debía tener consecuencias drásticas.
Un caso que deja lecciones abiertas
La absolución no cierra el debate de fondo: el error técnico que duplicó el efecto de la inflación en las cuentas eléctricas, la lentitud en comunicar el problema y la debilidad de los mecanismos de control en el sistema tarifario.
Más allá de la disputa jurídica, el episodio expuso:
La fragilidad de los procesos técnicos que afectan directamente a millones de hogares.
La compleja interacción entre organismos autónomos y autoridades políticas.
El uso —y a veces abuso— de las acusaciones constitucionales como herramienta en la disputa parlamentaria.
Con la votación del Senado, Diego Pardow queda libre de sanción, pero el sistema de fijación tarifaria y su gobernanza seguirán bajo escrutinio público.
