NO+AFP acusa financiamiento ilegal, manipulación comunicacional y corrupción estructural en la industria previsional
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP emitió una dura declaración pública luego de que el medio Reportea revelara traspasos de dinero desde la Asociación de AFP hacia fundaciones y consultoras dedicadas a campañas de desinformación y operaciones digitales. Según la denuncia, estos recursos —provenientes de los ahorros previsionales de millones de trabajadores— habrían sido utilizados para defender el sistema de capitalización individual mediante bots, campañas sucias y estrategias de manipulación del debate previsional.
La Coordinadora sostiene que lo expuesto confirma una sospecha que ha rondado por años: que la iniciativa “Con mi Plata No”, presentada en la Convención Constitucional como un supuesto movimiento ciudadano espontáneo, fue en realidad una operación comunicacional diseñada y financiada por las AFP para mantener su negocio intacto.
Una “iniciativa ciudadana” fabricada
En su primer punto, la declaración afirma que los hallazgos de Reportea demuestran que “Con mi Plata No” no fue un movimiento social genuino. Las miles de firmas que reunió en tiempo récord —y que buscaban consagrar la capitalización individual en la nueva Constitución— habrían sido impulsadas desde la industria previsional mediante financiamiento directo y una red coordinada de operadores digitales.
La Coordinadora denuncia que las AFP, junto a sus voceros Bernardo Fontaine y Francisco Orrego, utilizaron recursos provenientes de los fondos previsionales para instalar mensajes que buscaban frenar cualquier cambio al sistema. Parte de estas acciones habrían incluido influir en la discusión del 6% de cotización adicional del proyecto de reforma previsional, intentando que todos los recursos fueran destinados a cuentas individuales y no al ahorro colectivo.
Una industria que vulnera la ley y compromete la fe pública
En su segundo punto, la Coordinadora enfatiza que la Asociación de AFP es un gremio que, por ley, no puede intervenir en políticas públicas. Sin embargo, los hechos denunciados muestran —según la organización— que habría incurrido en actividades ilegales y de abierta manipulación del debate democrático.
La declaración acusa directamente a las AFP de actuar como “una industria corrupta” que pone en riesgo la confianza pública. “Financiar a personajes mentirosos como Fontaine —señalan— evidencia que las AFP no solo buscan defender sus intereses económicos, sino que están dispuestas a utilizar estrategias engañosas pese a administrar dinero ajeno”.
Riesgo para la democracia y uso indebido de los ahorros previsionales
El tercer punto de la coordinación apunta a las implicancias democráticas de estas prácticas. Y es aquí donde la denuncia se vuelve más estructural: la industria previsional no solo habría financiado campañas de desinformación, sino que habría montado un entramado de operadores digitales para incidir en la opinión pública, utilizando los recursos de los propios trabajadores.
La declaración menciona los casos de Bernardo Fontaine y Patricio Góngora —este último empleado de la Asociación de AFP y luego director en Canal 13— señalándolo como el operador digital “Patito Verde”, descrito como “jefe de los trolls”.
Según NO+AFP, los hechos muestran que “sectores económicos con poder financiero prácticamente ilimitado pueden comprar influencias, instalar relatos y distorsionar la discusión pública”, lo que califican como “profundamente antidemocrático”.
El fracaso estructural del modelo: 88,6% de las pensiones proviene del Estado
En su cuarto punto, la Coordinadora aborda lo que considera el síntoma más evidente del agotamiento del sistema: la mayoría de las pensiones que reciben hoy las personas mayores no provienen de las AFP, sino de la Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada íntegramente por el Estado.
Según su declaración, el Estado financia actualmente el 88,6% de las pensiones, mientras las AFP mantienen intacta su rentabilidad. “Las empresas ganan; el Estado subsidia; los trabajadores financian todo”, señalan, subrayando que esto demuestra el fracaso insostenible del modelo de capitalización individual.
Un llamado a avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social
Frente a este escenario, la Coordinadora NO+AFP reafirma la demanda histórica que ha articulado desde 2016: reemplazar el sistema de AFP por un modelo de Seguridad Social basado en solidaridad, suficiencia, universalidad y participación.
Para la organización, el debate previsional no es solo técnico, sino político y democrático. Un sistema de seguridad social, sostienen, debe garantizar pensiones dignas y proteger el interés público, no poner en riesgo la democracia mediante operaciones financiadas por grandes grupos económicos.
“Chile necesita avanzar hacia un sistema que fortalezca la democracia”, concluye la declaración, “no uno que dependa de campañas sucias ni de operadores pagados para manipular la voluntad ciudadana”.
