Europa: la criminalización de la solidaridad en debate
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La Unión Europea discute una revisión de la Directiva de Facilitación del tráfico de migrantes que, según expertos de Naciones Unidas, amenaza con criminalizar la asistencia humanitaria. El punto neurálgico es la ausencia de una cláusula obligatoria de exención humanitaria: sin ella, quienes salvan vidas en las fronteras podrían ser perseguidos como delincuentes.
La propuesta de la Comisión Europea, publicada en noviembre de 2023, se inscribe en un clima político marcado por la securitización de las migraciones y el endurecimiento de las políticas de control. Bajo el pretexto de combatir el “tráfico ilícito”, se corre el riesgo de confundir a los traficantes con quienes ofrecen apoyo vital a refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
La paradoja europea
Europa, que se presenta como bastión de los derechos humanos, avanza hacia un marco legal que podría sancionar a quienes actúan por razones humanitarias o de solidaridad. Los expertos de la ONU recuerdan que el derecho internacional obliga a asistir a personas en peligro, y que el Protocolo contra el tráfico de migrantes reconoce explícitamente la necesidad de proteger vidas. Sin embargo, la lógica dominante parece ser otra: disuadir, controlar, cerrar fronteras, incluso a costa de criminalizar la compasión.
Hostilidad creciente
El informe alerta sobre un contexto de hostilidad hacia refugiados y migrantes, pero también hacia las organizaciones de la sociedad civil que defienden sus derechos. En varios países europeos, defensores de derechos humanos enfrentan procesos judiciales, mientras el espacio de acción de la sociedad civil se reduce. La solidaridad, antaño valor fundante del proyecto europeo, se convierte en sospechosa.
La voz de los expertos
Siobhán Mullally, Gehad Madi, Mary Lawlor y Cecilia M. Bailliet —relatores y expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos— instan al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a incluir una cláusula vinculante que proteja a quienes ayudan sin ánimo de lucro, ya sea por razones humanitarias o por lazos familiares. “Garantizar la protección de los derechos humanos en todas las acciones contra el tráfico de migrantes es una obligación legal y vital”, subrayan.
Más allá del derecho
El debate revela una tensión profunda: ¿qué significa hoy la solidaridad en Europa? ¿Es un valor que se defiende, o un gesto que se castiga? La criminalización de la ayuda humanitaria no es solo un problema jurídico, sino un síntoma de un continente que oscila entre la defensa de principios universales y el repliegue securitario.
La discusión sobre la Directiva de Facilitación no se limita a tecnicismos legislativos: pone en juego la identidad política y moral de la Unión Europea. En un tiempo de fronteras cerradas y discursos de miedo, la pregunta es si Europa seguirá siendo un espacio de protección y derechos, o si se convertirá en un lugar donde la solidaridad misma se vuelve delito.
Ginebra, 3 de diciembre 2025
Elena Rusca
