Liberar violadores de derechos humanos: la propuesta de Kast que indigna a Chile
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La irrupción del candidato José Antonio Kast con la propuesta de liberar o indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad removió nuevamente una herida que Chile no ha logrado cerrar y que, como demuestra la historia reciente, se reabre cada vez que sectores de la ultraderecha intentan relativizar la dictadura y sus horrores. La reacción no se hizo esperar. Un conjunto de referentes históricos de la defensa de los derechos humanos —entre ellos Carmen Frei, Alicia Lira, Nelson Caucoto y Francisco Ugás— publicó una declaración pública que constituye, en sí misma, un llamado de alerta para el país.
La discusión no es menor ni retórica. No se trata de una polémica electoral más, sino de un intento explícito por reinstalar la impunidad en el centro del debate nacional. Y esto ocurre a solo días de una elección presidencial marcada por la polarización, los temores cruzados y la disputa por el sentido de la democracia chilena.
La advertencia: un retroceso histórico inadmisible
Quienes firman la declaración recuerdan lo obvio —pero necesario de repetir ante la insistencia de ciertos sectores—: Chile está amarrado por compromisos internacionales firmados y ratificados por el propio Estado, que obligan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin excepción ni relativización. Pretender la liberación de criminales condenados por asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas no es solo un gesto político: es un intento de romper un principio civilizatorio básico.
La declaración es clara: indultar o liberar a quienes perpetraron los crímenes más atroces de nuestra historia reciente significaría “un doloroso retroceso” y una regresión inaceptable no solo para la memoria histórica, sino para el derecho internacional y las obligaciones que Chile ha asumido. Sería una afrenta directa a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto.
La memoria no es negociable
En tiempos donde la ultraderecha intenta imponer lecturas parciales y negacionistas de la dictadura, las organizaciones recuerdan que los derechos humanos son universales e irrenunciables, y que no pueden ser usados como arma electoral ni transformados en moneda de intercambio.
La Justicia, subrayan, ya habló. Y habló con fuerza: hubo crímenes, hubo culpables, hubo condenas. Desconocer el peso de esos fallos es desconocer el pacto democrático que permitió a Chile transitar fuera de la noche del terrorismo de Estado.
Un clima electoral cargado de señales
El pronunciamiento emerge en un momento crítico, cuando la ultraderecha ha intentado instalar un clima de miedo, caos y restauración autoritaria como eje de campaña. Pero la respuesta del mundo de los derechos humanos rompe esa narrativa y devuelve el eje a lo fundamental: no hay orden sin justicia, y no hay justicia sin memoria.
En este sentido, lo dicho por Kast no es un error táctico ni una frase suelta. Es un avance más en un proyecto político que busca reinstalar el viejo ideario de la impunidad, desarticulando décadas de lucha ciudadana y desconociendo estándares internacionales que Chile, como nación democrática, debe respetar.
Un llamado a la ciudadanía
Las y los firmantes no solo denuncian: también convocan. Invitan al país a defender irrestrictamente la democracia, a no ceder ante los cantos de sirena de la impunidad y a preservar lo que Chile ha construido con dolor y esfuerzo.
La memoria, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son un tema del pasado. Son pilares del presente. Y, más aún, de nuestro futuro democrático.
En esta elección, como pocas veces, Chile se mira al espejo. Y la pregunta es simple pero decisiva:
¿Seremos un país que honra su memoria o uno que retrocede hacia su peor oscuridad?
DECLARACION
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