Preparando la escena: la ofensiva del Partido Republicano para liberar a criminales de la dictadura
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La derecha chilena ha dado un paso que, hasta hace poco, parecía políticamente imposible: instalar en la agenda pública la idea de liberar a reos de alta peligrosidad —incluidos violadores de menores, homicidas y condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura— bajo la figura de “conmutación humanitaria de penas”. Lo que parecía un globo sonda es hoy una ofensiva articulada, respaldada por figuras centrales del Partido Republicano y empujada mediante un proyecto de ley ya en tramitación. El país asiste, quizás sin advertirlo del todo, al montaje de una escena que normaliza lo impensable: la relativización de crímenes atroces en nombre de la “humanidad”.
La polémica estalló cuando el diputado republicano José Meza, vicepresidente de su partido, defendió públicamente la posibilidad de otorgar conmutaciones a reos de edad avanzada con enfermedades terminales. Lo hizo en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile, donde aseguró estar de acuerdo con liberar incluso a condenados por abuso sexual infantil. Su argumento, presentado como un gesto de compasión civilizatoria, fue directo: permitir que estos reos “pasen sus últimos días en sus hogares, acompañados de sus familias”, sin hacer distinciones por el tipo de delito cometido.
Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si esta lógica debía aplicarse a violadores de menores, Meza no vaciló: “Creo que no hay que hacer distinciones”. Incluso agregó que “nadie merece morir en la cárcel”, una frase que, despojada de contexto, podría parecer humanitaria, pero que en boca de un parlamentario que intenta borrar las fronteras éticas entre delitos comunes, crímenes de lesa humanidad y abusos sexuales a niños, adquiere otra densidad política. Meza no habló en abstracto: habló porque su sector prepara una legislación que transformaría esa idea en política pública.
El diputado sostuvo que en el Senado ya se trabaja en una propuesta que fijaría una edad límite y permitiría la libertad de personas con diagnósticos terminales. Como respaldo comparado mencionó el caso alemán, insinuando que incluso frente a “los crímenes más horribles”, una sociedad madura optaría por la clemencia. Pero su argumento omite lo esencial: en Alemania jamás se ha relativizado la gravedad histórica del nazismo ni mucho menos se ha equiparado la responsabilidad por crímenes atroces con la de delitos comunes. La alusión, más que un ejemplo, parece un intento torpe de revestir con autoridad moral un proyecto políticamente riesgoso.
Lejos de desmarcarse, José Antonio Kast, candidato presidencial republicano, salió a blindar la postura de Meza. Desde el aeropuerto Carriel Sur, y ante la consulta por la polémica, Kast optó por atacar al Gobierno reflotando el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. “Los únicos que han defendido a un abusador están sentados en el Gobierno”, dijo, intentando invertir la carga de la prueba y desplazar la atención del problema real: su propio partido impulsa una legislación que podría liberar a cientos de criminales.
La ofensiva republicana ocurre en medio de a segunda vuelta presidencial en la que Kast compite con Jeannette Jara. Su defensa de Meza, en vez de matizar, endurece la línea: confirma que la propuesta no es una opinión aislada sino una señal programática. Lo que busca el Partido Republicano, bajo el argumento de la humanidad, es reinstalar el viejo anhelo de la derecha dura: sacar de la cárcel a violadores de los derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.
El diputado socialista Daniel Manouchehri sintetizó el impacto de esta propuesta en un mensaje que se viralizó rápidamente: “¿Tener 70 años y diabetes sería suficiente para liberar a quien violó y asesinó a un niño? Increíble. Pero esa sí es la política del Partido Republicano, aunque lo nieguen”. Manouchehri no se quedó en la polémica televisiva. Recordó que Kast ya había insinuado esta línea en el Debate Archi 2025, que Meza la ratificó públicamente y que además existe un proyecto concreto en tramitación: el Boletín 17.370-17.
El parlamentario aportó además cifras estremecedoras basadas en información oficial: si este proyecto se aprueba, podrían salir de la cárcel más de 700 reos de alta peligrosidad, entre ellos:
66 violadores de menores
137 abusadores de niños
139 homicidas
145 secuestradores
76 narcotraficantes
28 condenados por torturas
El discurso republicano intenta encuadrar esta liberación masiva como un acto de “humanidad”, pero la realidad es otra: se trata de una operación política para suavizar la imagen de criminales, muchos de ellos vinculados al aparato represivo de la dictadura, presentándolos como “adultos mayores vulnerables”. Es una estrategia que combina oportunismo electoral, ideología y una larga tradición de relativización del terrorismo de Estado.
Esta arremetida no surge de la nada. Desde hace años, sectores de la derecha han buscado erosionar la legitimidad de los tribunales que investigaron crímenes de lesa humanidad, desacreditar los procesos judiciales y promover indultos o beneficios penitenciarios. Lo que cambia ahora es la forma: el argumento ya no es la inocencia ni la persecución política, sino una aparente compasión humanitaria dirigida precisamente a quienes jamás tuvieron humanidad con sus víctimas.
Chile enfrenta, nuevamente, un dilema moral profundo. La sociedad debe preguntarse si está dispuesta a aceptar que violadores, asesinos, torturadores y abusadores de niños vuelvan a sus hogares amparados por una ley que diluye la responsabilidad penal en función de la edad o la enfermedad. La justicia, para ser justicia, debe ser coherente con su propio fundamento: proteger a los inocentes, castigar proporcionalmente a los culpables y garantizar que los crímenes más graves —especialmente los que dañan el tejido democrático— no queden impunes.
El debate recién comienza, pero su marco ya está trazado. Lo que está en juego no es solo la política penitenciaria, sino la memoria democrática del país. Y en ese terreno, la humanidad no puede ser confundida con impunidad.
Simón del Valle
