Chile ante una encrucijada histórica: la alerta tardía del pensamiento progresista
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A escasas horas de la segunda vuelta presidencial, cuando gran parte del sistema político y mediático parece resignado a un resultado ya escrito, un conjunto significativo de centros de pensamiento progresistas y democráticos decidió romper el silencio. No es una declaración más. Es, en los hechos, una señal de alarma, un llamado de auxilio institucional ante lo que consideran un riesgo real de retroceso democrático en Chile.
La declaración —suscrita por organizaciones como Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Chile 21, Nodo XXI, el Instituto Igualdad, el ICAL, La Casa Común y la Fundación por la Democracia, entre otras— advierte que la candidatura de José Antonio Kast no representa simplemente una opción política distinta, sino una amenaza estructural al funcionamiento del Estado, a los derechos humanos y a los equilibrios democráticos construidos con dificultad desde 1990.
No se trata de un pronunciamiento electoral clásico ni de una adhesión partidaria. El texto identifica seis “líneas rojas” que, a juicio de estos centros, el candidato republicano amenaza con traspasar. El tono es deliberadamente grave, porque lo que está en juego —afirman— no es una diferencia de matices, sino la posibilidad concreta de retrocesos profundos en libertades, derechos y convivencia democrática.
El primer eje apunta al rol del Estado y las políticas públicas. La declaración subraya el carácter improvisado y riesgoso de propuestas como el recorte abrupto de 6.000 millones de dólares en gasto fiscal en apenas 18 meses, sin evaluación técnica ni explicación de impactos. En un país altamente dependiente de la acción estatal para sostener servicios básicos, esa orientación no solo debilitaría la cohesión social, sino que pondría en jaque el funcionamiento cotidiano del Estado.
El segundo punto aborda el discurso de odio y la desinformación. No es una crítica retórica: se señala que el lenguaje utilizado por Kast y su entorno —al calificar a adversarios como “parásitos”, “enemigos” o “fracasados”— contribuye a normalizar la exclusión, la polarización extrema y la justificación de medidas excepcionales. Cuando la política se construye sobre la deshumanización del otro, advierten, el terreno queda abonado para prácticas autoritarias.
El tercer eje se centra en los derechos civiles, sexuales y reproductivos. La declaración recuerda que sectores del Partido Republicano han planteado abiertamente retrocesos en derechos de las mujeres, diversidades y minorías, cuestionando la ley de aborto en tres causales y el matrimonio igualitario. No se trata solo de debates morales: imponer una visión única de familia y sociedad implica restringir libertades individuales y vulnerar estándares internacionales de derechos humanos.
El cuarto punto es especialmente sensible: la memoria histórica y los derechos humanos. La ambigüedad —o derechamente la relativización— frente a las violaciones cometidas durante la dictadura, sumada a la disposición a indultar a criminales condenados como Miguel Krassnoff, constituye para los firmantes una señal de alerta mayor. Justificar o minimizar esos crímenes no solo distorsiona la historia, sino que debilita principios básicos del Estado de Derecho, como la igualdad ante la ley y la independencia judicial.
En quinto lugar, el documento advierte sobre riesgos macroeconómicos, socioambientales y de gobernanza ambiental. La combinación de desregulación, rebajas tributarias regresivas y debilitamiento institucional amenaza la estabilidad económica y la capacidad del Estado para enfrentar desafíos estratégicos como el cambio climático. La priorización de una tecnocracia insensible a los territorios y a la participación ciudadana, sostienen, erosiona la democracia desde dentro.
Finalmente, la sexta línea roja apunta al alineamiento internacional. El texto denuncia la cercanía de Kast con la ultraderecha global —desde Vox hasta Trump, Milei o Netanyahu— y su desconfianza hacia el multilateralismo. Un eventual repliegue de Chile de espacios como la ONU, la OEA o los tratados internacionales no solo aislaría al país, sino que eliminaría contrapesos externos fundamentales frente a derivas autoritarias.
Leída en conjunto, la declaración no exagera ni dramatiza: constata. Constata que Chile llega a esta elección con una democracia fatigada, con instituciones debilitadas y con una ciudadanía desconectada de la política. Pero también constata que la respuesta a esa crisis no puede ser el autoritarismo.
Por eso el texto concluye con un llamado explícito a la responsabilidad histórica. Defender la democracia —afirman— no es un eslogan vacío: implica proteger el pluralismo, resguardar los derechos, fortalecer la institucionalidad pública y mantener un compromiso firme con el Estado de Derecho. Chile, advierten, ya conoce las consecuencias de abandonar ese camino.
En un contexto donde la elección parece definida por el cansancio, el miedo y la resignación, esta declaración irrumpe como un recordatorio incómodo: lo que se decide el domingo no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna y con qué límites. Es, en efecto, un llamado de auxilio. Y también una última advertencia.
