Juristas de América denuncian incautación ilegal de un buque venezolano por parte de Estados Unidos
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La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra, emitió una declaración pública en la que repudia categóricamente la incautación del buque petrolero venezolano y el secuestro de su tripulación por parte de Estados Unidos.
El pronunciamiento se produce luego de que el propio expresidente estadounidense Donald Trump confirmara públicamente, el miércoles 10 de diciembre, la incautación del petrolero frente a las costas de Venezuela. El hecho ocurrió, paradójicamente, el mismo día en que el mundo conmemoraba un nuevo aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según la AAJ, el accionar de Estados Unidos constituye una violación grave del derecho internacional, tanto por la apropiación del buque como por la falta de información sobre el paradero y estado de las personas que integran su tripulación. La organización advierte que las imágenes difundidas por autoridades estadounidenses muestran una operación militar con helicópteros y agentes fuertemente armados, lo que agrava la situación.
Dudas sobre la legalidad del operativo
La declaración subraya que hasta ahora no se ha informado con precisión si la incautación se produjo dentro del mar territorial venezolano o en su Zona Económica Exclusiva (ZEE). No obstante, la AAJ señala que, dado que el Caribe es un mar semicerrado con áreas de alta mar muy reducidas, existen bajas probabilidades de que el buque se encontrara en aguas internacionales, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En cualquiera de los escenarios posibles, el organismo jurídico considera que el hecho configura un acto internacionalmente ilícito. En caso de haberse producido en aguas territoriales o en la ZEE, se vulnerarían disposiciones fundamentales de la CONVEMAR que prohíben la presencia y operación de buques de guerra extranjeros sin autorización.
Un acto de agresión según el derecho internacional
La AAJ va más allá y califica el operativo como un acto de agresión, de acuerdo con la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, que define como agresión la invasión o ataque por fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro, así como el ataque a buques de otro Estado.
Asimismo, el documento recuerda que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, prohíbe expresamente el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Desde esta perspectiva, la incautación del petrolero representa una escalada en las agresiones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe.
La asociación sostiene que estas acciones buscan provocar una respuesta violenta que sirva de excusa para una intervención mayor, cuyo objetivo último —afirman— sería la apropiación de los recursos petroleros venezolanos. En ese sentido, destacan que, pese a sanciones, bloqueos, apropiación de activos como CITGO, despliegues militares y acciones coercitivas, Venezuela no ha respondido con violencia.
Llamado a los organismos internacionales
Ante la gravedad de los hechos, la AAJ exhorta a los Estados miembros de la ONU, así como a organismos regionales como la OEA, la CELAC, el CARICOM y la UNASUR, a exigir a Estados Unidos:
el cese inmediato de los actos de agresión contra Venezuela y los países del Caribe;
la prueba de vida inmediata de los integrantes de la tripulación del buque y su liberación en condiciones seguras;
la restitución del petrolero al pueblo venezolano, señalando que su retención constituye un perjuicio grave para las condiciones de vida del país.
La declaración advierte que el silencio o la neutralidad frente a este tipo de acciones puede tener consecuencias profundas para el sistema internacional.
Advertencia histórica
En su cierre, la Asociación Americana de Juristas establece un paralelo histórico contundente. Señala que, tal como ocurrió con el nazismo y el fascismo, la pasividad de los organismos multilaterales ante una ruptura ostentosa del orden internacional solo conduce al debilitamiento de esas mismas instituciones y a la erosión de la coexistencia pacífica entre las naciones.
“El silencio complaciente”, advierte la organización, puede terminar permitiendo que una potencia ponga fin al orden internacional basado en normas, reemplazándolo por la ley del más fuerte.
La declaración está firmada por Claudia V. Rocca, presidenta continental de la AAJ, y Vanessa Ramos, secretaria general, y se suma a una creciente preocupación regional por la militarización del Caribe y el uso de la fuerza como instrumento de política exterior.
